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Junta pone freno a alza salarial para personal de enfermería del sector público

El gobierno tendrá que someter información adicional que justifique dicha alza salarial.

La Junta de Control Fiscal (JCF) ordenó al gobierno de Puerto Rico a ponerle freno a la implementación de un aumento salarial para enfermeros y enfermeras del sector público ya que la información sometida para justificar dicha alza incumple con disposiciones de la Ley Promesa.

De acuerdo con un carta enviada el pasado 2 de noviembre a la gobernadora Wanda Vázquez, la directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, señaló que el gobierno solicitó una certificación para la aprobación de fondos que les permitiera sufragar un incremento salarial para el personal de enfermería del sector público, el cual fue autorizado al amparo de la Ley 136 de 2020.

Jaresko, sin embargo, indicó que el gobierno local no incluyó los estimados formales, según lo requiere la sección 204 (c) de la Ley Promesa. De acuerdo con Jaresko, el gobierno local solo indicó que el impacto fiscal de la ley podría ascender los $2 millones anuales y que cumpliría con las exigencias del Plan Fiscal.

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“La Certificación no provee información en torno a cómo se llegó a un estimado de $2,176,680. Además, el hecho de que dicho “estimado” indique que la Ley “podría” tener un impacto de sobre $2 millones, levanta serios cuestionamientos sobre cómo llegaron a dicha cifra y si el “estimado” es el resultado de un análisis con el debido rigor en cumplimiento con los requisitos de la Ley Promesa. Asimismo, es incorrecto que la Certificación plantee que la Ley 136 no es inconsistente con el Plan Fiscal de 2020 ya que dicha Certificación no cumple con la disposición 204 (a) de la Ley Promesa”, reza la misiva enviada tan solo un días antes de los comicios generales.

Jaresko también explicó que la Ley 136 no contiene una disposición en torno a la reprogramación de fondos.

“De tal manera, la [JCF] le ordena a la gobernadora a que —al amparo de la sección 204 (c) (2) de la Ley Promesa— se abstenga de implementar la Ley 136 hasta que la Junta certifique que la reprogramación de fondos requerida para ejecutar la ley no será inconsistente con el Plan Fiscal ni con el Presupuesto”, agregó.

 

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