El presidente de la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Emilio Colón, aseguró hoy que el ente rector de la institución se inclina a aprobar el nuevo convenio colectivo una vez obtenga el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
El nuevo convenio colectivo —también conocido como las Reglas y Condiciones de Trabajo Suplementarias a la Reglamentación Vigente para el Personal Exento No Docente— fue negociado entre el liderato de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) y el presidente de la institución, Jorge Haddock.
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El ingeniero Colón explicó —mediante declaraciones escritas— que en la pasada reunión ordinaria de la Junta de Gobierno, celebrada el jueves 29 de octubre, se presentó el nuevo convenio colectivo. Sin embargo, el cuerpo no fue llevado a votación debido a que requiere el aval de la JSF.
“Dicho documento vino ante la consideración de los miembros de la Junta de Gobierno con la recomendación favorable del Comité de Asuntos Financieros. Sin embargo, no había tenido el aval de la JSF. La Ley PROMESA requiere la previa aprobación de los contratos de la institución por parte de la JSF cuando sobrepasan la cifra de dos millones de dólares y no surgen de los planes fiscales aprobados. Para obtener dicha aprobación, se requiere someter a la JSF la documentación en cuanto a la procedencia de los fondos dentro del presupuesto y la justificación de los ajustes”, indicó el también ingeniero, quien se estrenó como presidente de la Junta de Gobierno de la UPR el pasado 29 de octubre tras la salida de Walter Alomar. Por su parte, Mayda Velasco sustituyó a Zoraida Buxó como vicepresidenta.
Según Colón, el 26 de octubre, la JSF emitió una carta al presidente Haddock en la que indicó haber advenido en conocimiento de que la Junta de Gobierno de la UPR estaba considerando aprobar las Reglas [convenio colectivo] en su reunión ordinaria del 29 de octubre. La JSF advirtió que, al amparo de la Ley PROMESA, el documento debía ser evaluado por dicho ente fiscal, ya que se considera un contrato que supera la cuantía establecida de $2 millones y constituye reglamentación suplementaria a la normativa institucional.
La Ley PROMESA, en su sección 204 (b), dispone que todo contrato que exceda la cantidad de $10 millones debe enviarse a la JSF para su evaluación y aprobación; en el caso de la UPR la cuantía establecida es de $2 millones.
“Ante esta situación, la Junta de Gobierno decidió instruir al presidente de la UPR a someter, a la mayor brevedad posible, toda la documentación necesaria a la Junta de Supervisión Fiscal para su revisión y aprobación, como requiere la ley. La Junta de Gobierno está en la mejor disposición de aprobar las mencionadas Reglas y Condiciones de Trabajo una vez se obtenga la autorización de la JSF”, indicó Colón.
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Esta mañana, la presidenta de la Heend, Janell Santana, denunció que la Junta de Gobierno de la UPR dejó en el tintero la votación del nuevo convenio colectivo pese a contar con el respaldo del presidente Haddock. Además, Santana señaló que el pasado 16 de octubre el entonces presidente de la JG, Alomar, favoreció la aprobación del convenio colectivo luego de que el presidente de la institución comprobara que cuentan con suficientes fondos para cumplir con dicho acuerdo.
