Junta levanta bandera sobre proyecto para aumentar las pensiones y advierte de litigios “innecesarios y costosos”
El ente advierte que el Proyecto del Senado 1428, que no fue considerado en el Presupuesto del Año Fiscal 2027, agravaría los riesgos fiscales que ya cargan Medicaid y el Departamento de Educación
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió al Gobierno y a la Legislatura que el proyecto de administración que propone un aumento retroactivo de pensiones —radicado como Proyecto del Senado 1428 y Proyecto de la Cámara 1399 el 19 de agosto de 2026— no fue considerado durante el desarrollo del Presupuesto del Año Fiscal 2027, certificado hace menos de 60 días, por lo que su aprobación crearía un gasto no presupuestado y socavaría la disciplina fiscal requerida bajo PROMESA.
La medida propone implementar de manera retroactiva, a partir del 1 de julio de 2026, un pago mínimo mensual de $1,000 en pensión para todos los empleados públicos y maestros retirados.
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En su carta, dirigida a la gobernadora Jenniffer A. González Colón, al presidente de la Cámara, Carlos Méndez Núñez, y al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, la Junta también advirtió que el Presupuesto certificado ya carga con dos áreas de riesgo fiscal significativo, dada su escala, incertidumbre y características estructurales: el programa de Medicaid y el Departamento de Educación de Puerto Rico.
“El Gobierno y la Legislatura están impulsando una medida con un impacto fiscal inmediato que el Presupuesto recién certificado no contempla”, lee parte de la comunicación, en la que se añade que la iniciativa “expondría al Gobierno a riesgos de litigio innecesarios y costosos”.
La Junta insistió en que cualquier legislación que aumente beneficios de pensión debe estar respaldada por un análisis actuarial independiente y una fuente de financiamiento recurrente y sostenible, que identifique tanto los costos anuales como los de largo plazo, incluyendo cualquier costo retroactivo.
El organismo fiscal fue enfático en que la disponibilidad de fondos en un año fiscal particular no es suficiente para demostrar que un beneficio de pensión permanente es costeable, y advirtió que establecer una obligación recurrente sin contabilizar ni financiar todos sus costos “es fiscalmente irresponsable” y arriesga con devolver a Puerto Rico a las prácticas de gasto que llevaron a la quiebra del Gobierno.
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Aunque la Junta indicó que está dispuesta a colaborar con el Gobierno y la Legislatura para atender los retos financieros de los pensionados, se reservó el derecho de tomar las acciones legales que considere necesarias, incluyendo buscar remedios ante los tribunales, para evitar la implementación de legislación que entienda inconsistente con el Plan de Ajuste, PROMESA o el Plan Fiscal.
Precisamente hoy, en conferencia de prensa, la Gobernadora reconoció que la propuesta requerirá identificar recursos y alcanzar acuerdos con la Junta.
“Yo creo que lo menos que debemos hacer es evaluar cómo elevar esas pensiones a un mínimo de mil”, expresó.
La mandataria explicó que el proyecto podría requerir dividir a los pensionados por grupos laborales y realizar un estudio actuarial para establecer el costo de los posibles aumentos.
“Posiblemente no serán estos 55,000 empleados de cantazo, haya que hacer esta segmentación. Tenemos que hacer un estudio actuarial para ver el impacto de estos aumentos y tenemos que identificar también los recursos de dónde los vamos a pagar”, sostuvo.
