Legislador calla ante proliferación de contratos en su oficina

Por su parte, Orlando Aponte, quien aspira al escaño del distrito 26, catalogó la cantidad de contratos como "reprochables".

Por Sadot Santana Miranda

Ante la revelación de numerosos contratos en su oficina legislativa, el representante novoprogresista Urayoán Hernández ha guardado silencio y no ha estado disponible pese a múltiples solicitudes de entrevista.

Esta semana, Metro publicó que en 2017, el legislador habría otorgado unos 20 contratos de servicios profesionales a entidades y contratistas para servicios de asesoría legislativa y administrativa. Entre estos acuerdos se destaca el de su compadre y empresario, José Cartagena Alcalá, quien contó con un salario a razón de $70 la hora desde 2017 hasta principios de 2020.

"Actualmente, el representante Hernández Alvarado y su equipo de trabajo están concentrados en los esfuerzos de su campaña eleccionaria a 4 días de los comicios electorales en el País", indicó su portavoz de prensa mediante declaraciones escritas.

Cartagena Alcalá, además, mientras fungió como consultor y contratista de Hernández, obtuvo unos 11 contratos con el municipio de Orocovis para realizar labores en estructuras y carreteras, según se desprende del Registro del Contralor. El municipio de Orocovis forma parte de los ayuntamientos que representa Hernández desde la Legislatura. El distrito 26 —escaño que ocupa Hernández— incluye a los municipios de Barranquitas, Coamo, Orocovis, y Villalba.

Recientemente, el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Orlando Aponte —quien figura como rival de Hernández en la contienda por el distrito 26— sometió el pasado 1 de octubre más de 2,000 documentos de contratación al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ante supuestas irregularidades.

Aponte, por su parte, catalogó como "reprochable" e "inmoral" la cifra de contratos de legislador y que haya otorgado contratos a su padrino de boda, Cartagena Alcalá. "Cuando eres privilegiado y honrado a un cargo electivo tienes que tratar el dinero público con más cuidado del que tratas a tu propio dinero", señaló el candidato del PPD.

El también abogado cuestionó que empleados como Cartagena Alcalá hayan asistido a reuniones de pre-subasta con agencias como la Autoridad de Tierras, Administración para el Desarrollo Agropecuario (ADEA) y la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC). Denunció además que los consultores o empleados del legislador estén participando en reuniones de pre-subasta o que ofrezcan seguimiento a la asignación de fondos a estas agencias y a municipios.

"Lo que preocupa es que se preste para que después en las subastas no estén abiertas a la libre competencia, sino que ya el otorgamiento o adjudicación tenga nombre y apellido", dijo el candidato.

Asimismo, mencionó que la función del legislador se limita a la asignación de fondos a los municipios o agencias. “No puede ser que condicione la asignación de fondos públicos a un contratista particular", comentó Aponte.

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