Ante la revelación de numerosos contratos en su oficina legislativa, el representante novoprogresista Urayoán Hernández ha guardado silencio y no ha estado disponible pese a múltiples solicitudes de entrevista.
Esta semana, Metro publicó que en 2017, el legislador habría otorgado unos 20 contratos de servicios profesionales a entidades y contratistas para servicios de asesoría legislativa y administrativa. Entre estos acuerdos se destaca el de su compadre y empresario, José Cartagena Alcalá, quien contó con un salario a razón de $70 la hora desde 2017 hasta principios de 2020.
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“Actualmente, el representante Hernández Alvarado y su equipo de trabajo están concentrados en los esfuerzos de su campaña eleccionaria a 4 días de los comicios electorales en el País”, indicó su portavoz de prensa mediante declaraciones escritas.
Cartagena Alcalá, además, mientras fungió como consultor y contratista de Hernández, obtuvo unos 11 contratos con el municipio de Orocovis para realizar labores en estructuras y carreteras, según se desprende del Registro del Contralor. El municipio de Orocovis forma parte de los ayuntamientos que representa Hernández desde la Legislatura. El distrito 26 —escaño que ocupa Hernández— incluye a los municipios de Barranquitas, Coamo, Orocovis, y Villalba.
Recientemente, el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Orlando Aponte —quien figura como rival de Hernández en la contienda por el distrito 26— sometió el pasado 1 de octubre más de 2,000 documentos de contratación al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ante supuestas irregularidades.
Aponte, por su parte, catalogó como “reprochable” e “inmoral” la cifra de contratos de legislador y que haya otorgado contratos a su padrino de boda, Cartagena Alcalá. “Cuando eres privilegiado y honrado a un cargo electivo tienes que tratar el dinero público con más cuidado del que tratas a tu propio dinero”, señaló el candidato del PPD.
El también abogado cuestionó que empleados como Cartagena Alcalá hayan asistido a reuniones de pre-subasta con agencias como la Autoridad de Tierras, Administración para el Desarrollo Agropecuario (ADEA) y la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC). Denunció además que los consultores o empleados del legislador estén participando en reuniones de pre-subasta o que ofrezcan seguimiento a la asignación de fondos a estas agencias y a municipios.
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“Lo que preocupa es que se preste para que después en las subastas no estén abiertas a la libre competencia, sino que ya el otorgamiento o adjudicación tenga nombre y apellido”, dijo el candidato.
Asimismo, mencionó que la función del legislador se limita a la asignación de fondos a los municipios o agencias. “No puede ser que condicione la asignación de fondos públicos a un contratista particular”, comentó Aponte.
