Luego de que se revelara la contratación de la hermana del senador del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, como directora de su oficina legislativa, documentos de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) muestran que esta también funge como tesorera de su comité de campaña política.
Dalmau, quien actualmente se desempeña como senador del distrito de Humacao, aspira en estos comicios a un escaño senatorial por acumulación. Luego de que el Tribunal de Primera Instancia ordenó la publicación de los salarios de empleados del Senado, se develó que la hermana de Dalmau, Diana Dalmau, funge como directora de su oficina con un sueldo de $3,030 mensuales. Diana Dalmau, mientras tanto, también se desempeña como la tesorera del comité de campaña del legislador y es quien somete los informes trimestrales de ingresos y gastos a la Oficina del Contralor Electoral (OCE).
Este medio intentó obtener una reacción del senador Dalmau sobre la dualidad de funciones de su hermana, Diana —por medio de llamadas y mensaje de texto—, pero al momento de publicarse esta nota no recibimos respuesta.
El miércoles, el senador defendió la contratación de su hermana y argumentó que cuenta con una dispensa que le permite laborar en su oficina. “Diana es mi hermana, es contable y sí, la tengo contratada como administradora de mi oficina, pero yo tengo dispensa para ello y está autorizada en leyes. Esto no es nepotismo”, dijo en una entrevista radial.
Posible apariencia de conflicto
Ante la dualidad de funciones de la hermana de Dalmau —en su oficina legislativa y en la campaña política— el contralor electoral, Walter Vélez planteó que la ley que regula el financiamiento de campaña política —la ley 222 de 2011— no prohíbe que empleados públicos participen de campañas políticas. “Lo que sí prohíbe es que en horas laborables lleven a cabo funciones dirigidas a asuntos político-partidistas o que aporten dinero a aspirantes y candidatos en horarios laborables y en facilidades de gobierno en horarios laborables. Fuera de horarios laborables, le cobija el derecho a la libertad de expresión”, señaló Vélez.
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Mientras que, para Mario Negrón Portillo, catedrático retirado de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la dualidad de funciones podría provocar un conflicto y podría cuestionarse las “lealtades” de esa persona entre su trabajo legislativo y el de la campaña política.
“Si está de lleno en la campaña política y ¿qué tanto trabajo puede hacer esa persona? ¿Dónde van a estar las lealtades? ¿A su trabajo como funcionaria?”, cuestionó el profesor retirado, quien añadió que la apariencia de conflicto es difícil de superar. ¿Qué trabajo vas a estar recompensando? ¿El que hace como funcionaria o el que hace como asesora en la campaña?, continuó.
Por su parte, Eudaldo Báez Galib —quien fungió como comisionado electoral y senador del PPD— comentó que es muy común que candidatos incumbentes tengan empleados de sus oficinas laborando en sus campañas políticas.
“Diría que más del 60% —y cuidado si mucho más— de los legisladores que tienen empleados en sus oficinas son las personas que le acceden votos, que le ayudan en campañas y que le ayudan a recoger contribuciones para su campaña”, dijo el veterano político.
Báez Galib también sostuvo que las contrataciones de familiares y la dualidad de funciones de empleados gubernamentales podría provocar molestia en la ciudadanía debido a la utilización de fondos públicos. “El primer efecto evidente es la imagen que los políticos transmiten desde los cuerpos legislativos cuando tienen familiares empleados o amistades o muchas veces los favorecedores políticos. Obviamente, cuando el país lo ve le causa cierta molestia. Lo segundo es que estamos bregando con dinero público, que hay que tener mucho cuidado porque desafortunadamente nosotros los puertorriqueños tenemos un gran defecto y es que no entendemos que el dinero que está en el gobierno es dinero de nosotros”, señaló.