La inacción de las agencias de ley y orden para hacer valer la prohibición de las órdenes ejecutivas a las caravanas de candidatos a puestos electivos responde a una directriz de La Fortaleza que busca evitar la apariencia de que se está incurriendo en algún tipo de persecución por motivos políticos, supo Metro por fuentes.
El comisionado de la Policía, Henry Escalera, indican las fuentes, ha dejado saber a sus superiores en La Fortaleza y el Departamento de Seguridad Pública que la Uniformada está preparada para intervenir en las caravanas y emitir las multas contempladas en el reglamento promulgado en agosto por el Departamento de Salud. El reglamento estipula multas de $100 a individuos que incumplan con el uso de mascarillas y distanciamiento físico en espacios públicos.
En ese documento se indica que “toda persona natural deberá evitar y abstenerse de coordinar o participar en eventos y actividades que impliquen la conglomeración de personas sin el debido distanciamiento social”.
“Si le dan un boleto a Charlie (Delgado, candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático) o a (la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra) Lúgaro van a decir que hay persecución y que se está coartando el proceso democrático. Si es a (el candidato del Partido Nuevo Progresista, Pedro) Pierluisi, dirán que es (la gobernadora) Wanda Vázquez contra Pierluisi”, sostuvo una fuente.
En unas declaraciones escritas a pedidos de Metro, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, no precisó si había instrucciones directas de La Fortaleza para no intervenir con caravanas políticas, muchas de las cuales han sido anunciadas y ampliamente difundidas por los propios candidatos.
“De parte de La Fortaleza, solo se solicita de la Policía y de los equipos de trabajo interagenciales que continúen trabajando y buscando alternativas para hacer cumplir la orden ejecutiva, teniendo siempre presente que la salud de todos y todas es una responsabilidad ciudadana. Reconocemos la labor de los y las policías que día a día atienden las querellas y denuncias relacionadas a las violaciones a la orden ejecutiva”, dijo Pabón Batlle.
Desde finales de agosto, las órdenes ejecutivas de Vázquez impusieron una prohibición a “todas las actividades multitudinarias, tanto en espacios abiertos como cerrados, incluyendo desfiles, caravanas y actividades análogas que propendan al aglomeramiento de personas”.
La orden ejecutiva que entró en vigor el 16 de octubre añadió una oración a la sección que prohíbe las caravanas, para disponer que “la Policía de Puerto Rico deberá ejercer el cumplimiento de esta orden y está prohibido el acompañamiento y/o dar tránsito en eventos contra esta orden ejecutiva”.
Desde el pasado miércoles, la Policía anunció que, aunque continuaría asignando escoltas a los candidatos políticos y funcionarios autorizados que así lo solicitaran, no coordinaría ni asignaría personal para dar tránsito en caravanas organizadas.
Esa política se implementó el domingo para una caravana convocada por simpatizantes del presidente estadounidense Donald Trump, cuando la Policía rechazó el pedido de los organizadores para prestar seguridad en el evento.
“Sobre el particular le informo que no podemos autorizar dicha petición, ya que estaríamos violentando la Orden Ejecutiva 2020-076 emitida por La Fortaleza”, lee la carta firmada por Escalera y dirigida a uno de los organizadores de la caravana.
Tras la denegatoria de la Uniformada, el Movimiento Republicano de Puerto Rico presuntamente contrató los servicios de una compañía de seguridad privada, cuyos miembros fueron retratados posando en posesión de armas largas junto a la senadora Nayda Venegas.
Escalera, en declaraciones escritas, indicó que la Policía estaría “realizando las investigaciones correspondientes para determinar si existe una violación a la Ley de Armas”.
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