En medio del furor de las campañas políticas de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre, candidatos y aspirantes a diversos puestos políticos han acudido a los tribunales para cuestionar la remoción de sus afiches políticos en lugares públicos y privados ya que alegan que esto violenta su derecho a la libertad de expresión.
Tal es el caso en los municipios de Corozal y Carolina, donde los alcaldes de ambos municipios han sido demandados por supuestamente violentar el derecho a la libertad de expresión de estos candidatos. En Corozal, el candidato a la alcaldía por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Andrés Miranda, presentó una demanda el pasado 12 de octubre ya que plantea que brigadas del municipio le removieron —el pasado 6 de octubre— toda su propaganda política en tablones de edictos en la zona urbana y en postes públicos de madera en sectores rurales del municipio.
“Las disposiciones impugnadas están causando daños masivos e irreparables al demandante a escasos días de las elecciones generales programadas para el 3 de noviembre de 2020, al privarlo de manera inconstitucional de medios para diseminar sus propuestas electorales en particular y su expresión política en general”, reza la demanda de Miranda contra el alcalde de Corozal, Sergio Torres. Según Miranda, el alcalde justificó la remoción de los rótulos políticos basado en el Código de Orden Público del municipio que prohíbe la colocación de estos anuncios en el casco urbano a menos que sean fijados en los tablones de edictos de expresión pública.
Incluso, el aspirante a la alcaldía de Corozal también señaló que colocó unos 40 a 50 afiches políticos en postes de madera de zonas rurales del municipio ya que en estos sectores no hay tablones de edictos. Además, aseguró que su campaña política no cuenta con suficientes recursos para colocar letreros en propiedades privadas. En su demanda exigió al municipio a que habilite inmediatamente los tablones de edictos en el casco urbano “que al momento se encuentran inservibles” y que pidió al tribunal que le prohiba a personal municipal continuar removiendo su propaganda política de los postes de madera públicos. Miranda indicó que al momento solo hay dos tablones de expresión pública disponibles ya que otros dos fueron estropeados por el huracán María.
Mientras tanto, en Carolina, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, también acudió al tribunal para demandar al municipio de Carolina —cuyo alcalde es su hermano José Carlos Aponte Dalmau— por remover dos furgones con propaganda política en predios privados. El pasado 6 de octubre, Dalmau denunció que la remoción de estos furgones con rotulación de su campaña respondía a actos de persecución política por parte de la administración municipal.
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Tras presentar una demanda, el también legislador mencionó a este medio que en una vista judicial el pasado martes, “se le dio al municipio 72 horas para que nos entregaran formularios en que yo pueda solicitar el permiso del endoso que requiere supuestamente el instalar este tipo de rotulación en lugares privados”, dijo el legislador a Metro.
Añadió que la decisión del municipio se amparó en una ordenanza de 2015 que antes de instalar este tipo de rotulación política en un lugar privado se debe solicitar un endoso a la administración municipal. “No lo han entregado porque no existe”, aseguró Dalmau.
“Una de las cosas que nosotros estamos solicitándole al tribunal es la declaración inconstitucional de ese Código. Hay un montón de legislación de esos códigos municipales que son inconstitucionales. Los municipios quieren restringir cosas más allá de lo que pueden restringir”, indicó el legislador.
Responden los municipios
Ante las alegaciones de Miranda, el alcalde de Corozal, Torres, aseguró que las acciones del municipio no violentan el derecho de libertad de expresión del aspirante del PIP y que solo pretenden hacer valer el Código de Orden Público del municipio que limita la instalación de propaganda política a los tablones de edictos de expresión pública o en lugares privados.
“Hay una libertad de expresión y estoy consciente, pero la realidad es que se hizo una ordenanza para regular toda esa parafernalia que se coloca en lo que se denomina la jurisdicción de Corozal”, dijo el alcalde en entrevista con Metro, quien además comentó que ha limitado la colocación de sus propios afiches políticos a los tablones de expresión pública y en lugares privados. Asimismo, negó que solo hubiesen disponibles dos tablones de expresión pública como aludió Miranda en la demanda. Indicó que el tablón ubicado en el desvío de la carretera 159 —el cual fue afectado por el huracán María— “se va a reponer”, pero que hay otros cuatro tablones disponibles en el municipio.
Pese a que Miranda argumentó que los postes de madera son públicos —y protegidos por el Tribunal Supremo como foros tradicionales de expresión política—, Torres estimó que estos postes en su mayoría son de empresas privadas de telefonía.
“Me parece que si [el tribunal] le otorgaran a ellos el favor de colocar promoción, me parece que pues la ordenanza sería en vano porque no ordenaría nada. Aunque existe el derecho a la libertad de expresión es una orden que no serviría y que da precedente para que la gente pues haga lo que entienda que debe hacer para promocionarse donde quiera… Se volvería desmedido y pues ni modo eso son cosas que están por verse”, mencionó el alcalde, quien incluso le ofreció a Miranda colocar sus afiches políticos en los lugares privados donde este colgó su propaganda.
Mientras que en el caso de Carolina, aunque Metro intentó con la abogada Carmen Longoria, directora de asuntos legales del municipio, esta no estuvo disponible según indicó la oficial de prensa, Lourdes Vázquez.
Sin embargo, como reacción a la demanda de Aponte Dalmau, el pasado 6 de octubre, la letrada señaló que el legislador incumplió con el Código de Orden Público municipal.
“Es meritorio aclarar que el representante habla de varios vagones pero lo cierto es que algunos no exponían ninguna publicidad, son vehículos sin tablilla, no presentan título de propiedad y fueron ubicados en vías públicas, afectando la visibilidad y la seguridad de los conductores. En términos del vagón con propaganda, el mismo fue colocado en un lugar no aprobado por el Código de Orden Público ni demás regulaciones. Como todo año electoral el Municipio establece sus áreas de expresión y los anuncios son coordinados con la Institución. Hasta el momento todos los demás candidatos han respetado la ley y el orden que caracteriza a nuestra Ciudad”, indicó la licenciada.