En medio de varias pugnas judiciales que procuran acceso a información pública de la Legislatura, legisladores de las minorías parlamentarias favorecen que se divulgue documentación de salarios de empleados y contratistas del cuerpo legislativo. Esto a pesar de una orden administrativa del presidente cameral, Carlos ‘Johnny’ Méndez, que impone límites al acceso de contratos y salarios en la cámara baja.
Denis Márquez, representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), objetó la orden administrativa que emitió Méndez y aseguró que estaría dispuesto a que se publique los documentos presupuestarios de su oficina. “Hay un principio histórico de que los expedientes de personal son confidenciales por el tipo de información que hay ahí, pero el salario de las personas es una información que tiene que ser pública”, dijo el legislador del PIP, quien añadió que esta controversia pudo haberse evitado si hubiese un plan de clasificación y retribución en la Cámara. “Como no hay criterios uniformes y está a la merced del criterio en ocasiones arbitrio y en ocasiones irresponsable de algunos legisladores, pues tenemos toda esta situación”, continuó.
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Mientras que el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael ‘Tatito’ Hernández, indicó que también favorecen que se hagan públicos todos los documentos presupuestarios de la Cámara, incluyendo los de la delegación popular. Agregó que han reclamado ante los tribunales para que se divulgue los gastos del cuerpo legislativo “incluyendo listas de contratistas, contratos, facturas, lista de las posiciones de empleados y evidencia de nómina de todas las dependencias y oficinas legislativas, incluyendo las de minoría”.
Por su parte, el representante novoprogresista José Pichy Torres Zamora, señaló que no autorizaría a que se divulgue los salarios de los empleados de su oficina ya que opinó que colisiona con el derecho de los empleados como personas privadas a que no se revele sus circunstancias personales. El también vicepresidente cameral incluso señaló que vislumbra que la controversia sobre acceso a la información sea decidida por el Tribunal Supremo en algún momento.
Mientras que el representante Manuel Natal —quien forma parte del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC)— denunció que el presidente cameral “esconde los salarios del personal” y el presupuestos asignado para cada oficina legislativa. “Es mediante la discreción del Presidente en la asignación presupuestaria que se premia la lealtad ciega y se penaliza la independencia de criterio”, dijo el legislador.
En septiembre, la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados, demandó a la Cámara y al Senado para que divulgue la nómina y salarios de ambos cuerpos legislativos. El viernes, el tribunal celebrará una vista para escuchar los argumentos de Prados y de la representación legal del Senado.
