Una investigación realizada por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), reveló el miércoles, serios problemas en los controles internos y la pre intervención de pagos, de la División de Finanzas del Departamento de Agricultura.
La OIG, conforme a las facultades conferidas por la Ley Número 15-2017, según enmendada, indagó sobre posibles irregularidades dentro del proceso de preintervención de facturas por parte de empleados o personas pertenecientes a la Oficina de Asuntos Financieros del Departamento de Agricultura (DA), luego de haber recibido información a través de una queja confidencial.
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Dentro de la investigación, se identificó una muestra, en la que se pudo haber falsificado firmas en el proceso de preintervencion de Comprobantes de Pagos Contra Obligación (CPCO), utilizando iniciales de otro funcionario público sin su previa autorización o consentimiento para el desembolso de fondos públicos.
Además, surgió que, ha sido uso y costumbre compartirse las contraseñas de usuario para acceder a diferentes aplicaciones dentro de la Oficina de Asuntos Financieros.
Al momento de la investigación se encontró que un ex empleado retirado del DA, realizó funciones de pre-intervención, como voluntario y que, para poder cumplir con las funciones delegadas, recibió instrucciones para firmar los comprobantes con las iniciales de otra empleada en propiedad, sin la autorización o consentimiento de ésta.
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En la investigación se identificaron los siguientes hallazgos: Posible Falsificación y Archivo de Documentos Falsos; Falta de Reglamentación; falta de segregación de labores; incumplimiento con la Ley Núm. 261-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Voluntariado de Puerto Rico”; falta de Controles Generales para el Acceso Exclusivo a Datos y Aplicaciones.
De otra parte, la investigación resalta que el DA le asignó labores a un voluntario contrario a las disposiciones establecidas en la citada Ley 261, debido que se formalizó una orden administrativa y un acuerdo que adolecen de fuerza legal, por no cumplir con lo dispuesto en la referida ley de voluntariado. Por lo antes expuesto, se le recomendó al secretario rescindir el acuerdo.
La OIG, realizó los correspondientes referidos ya que conforme a la información evaluada, la conducta expuesta en los hallazgos que corresponden pudiesen constituir infracciones a las siguientes normas y estatutos vigentes los cuales incluyen: Ley 261, antes citada; Ley 230 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”; Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”; y Ley 1-2012, según enmendada conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 9 de la citada Ley y su Reglamento, el contenido total del informe es confidencial a los efectos de no afectar investigaciones y procesos futuros, producto de los hallazgos y recomendaciones.
