La decisión de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) de archivar sin perjuicio su investigación sobre el chat de Telegram que provocó la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares no se ajusta a la misión de esa oficina ni a los principios legales que le aplican, y acusa una degradación preocupante en la voluntad y capacidad investigativa de las autoridades del Gobierno de Puerto Rico, apuntaron investigadores experimentados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) consultó sobre este asunto con el Fiscal Especial Independiente (FEI) que sometió las acusaciones en el caso del Cerro Maravilla, Alejandro Salgado Rivera; la exjueza de Apelaciones y actual investigadora de la Rama Judicial, Carmen Ana Pesante Martínez; el ex representante, y coautor del libro Derechos Humanos y Corrupción, Víctor García San Inocencio; el autor del libro de texto Derecho Administrativo, Demetrio Fernández Quiñones; el exsecretario de Justicia, William Vázquez Irizarry; y dos exagentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Ismael Cintrón Cintrón y otra que pidió mantener su anonimato.
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“Esto no se limita a Ética Gubernamental, Justicia o Policía. Hay una dejadez colectiva, hay una actitud de para todo pasar la página y eso es preocupante desde el punto de vista sociológico”, anotó Pesante Martínez, mientras que García San Inocencio subrayó que “hay temblequera administrativa, miedo a ver un caso en su fondo y tener que tomar una decisión. Nunca hubo un caso más grande que este que llegara a Ética”.
El 26 de agosto, el director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, indicó que en algún momento no precisado del mes de julio, los abogados de su oficina “culminaron” la investigación del chat después de entrevistar a siete testigos, tomar seis declaraciones juradas y de “contactar a dos participantes adicionales del chat” que se negaron a cooperar por instrucción de sus abogados. La pesquisa estuvo abierta aproximadamente un año.
Pérez Vargas rechazó identificar a los testigos pero, alegando que debía defenderse de ataques públicos que le lanzó la licenciada Mayra López Mulero, precisó que el cliente de esta, el ex secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier, fue uno de los participantes del chat que fue citado y que no cooperó. Sin embargo, un mensaje de correo electrónico evidencia que López Mulero suplió a la OEG el nombre y número de teléfono del fiscal federal que podría dar permiso a su cliente para cooperar con la oficina, a la luz de que Maldonado ya está cooperando con las autoridades federales, pero Ética no actuó sobre esa información, aseguró una fuente al CPI.
La inacción sobre esta información contrasta con el hecho de que, por ley, el director de la OEG es el presidente del Grupo Interagencial Anticorrupción, integrado, entre otros, por la Contralora, la Secretaria de Justicia, la Presidenta del Panel del Fiscal Especial Independiente y el Jefe de la Fiscalía Federal para Puerto Rico; y que tiene como propósito “lograr una continua cooperación de todas las agencias con participación en la lucha contra la corrupción”.
En el programa de radio Agenda Propia, que produce el CPI, Pérez Vargas dijo que “la oficina no puede someter ese documento [el chat, como evidencia]” debido a las alegaciones de los testigos de que no estaba completo. “¿Quién me dice lo contrario, de que ese documento es real?”, planteó a la vez que tuvo que admitir que los entrevistados no le habían ofrecido prueba sobre las alegadas deficiencias del documento. “Aunque la evidencia a nivel administrativo sea menor de más allá de duda razonable, es una evidencia revisable en los tribunales”, añadió al argumentar que el caso en Ética debe tener un nivel de prueba mayor al que se requiere normalmente en el derecho administrativo para sobrevivir una revisión en los tribunales.
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A Pérez Vargas se le ofreció contestar otras preguntas que genera el análisis del grupo de expertos y fuentes que el CPI consultó, pero declinó indicando que “las violaciones a la ley de Ética no prescriben [y] [h]ay una investigación penal que no ha concluido y no sabemos aún si se referirá la prueba en poder del FEI, a la que no se tuvo acceso”.
Existen alternativas investigativas
Ante la estrategia investigativa de la OEG limitada a entrevistar a los mismos implicados y a decidir dejar a un lado la investigación cuando de esos trámites no surgió la “autenticación” del documento, los expertos consultados aseguraron que se trató de un proceder erróneo y muy limitado en su alcance.
“Yo tengo que agotar todos los remedios… los casos se ganan o se pierden en la investigación”, planteó el ex FEI de Maravilla, Salgado Rivera. Las entrevistas a participantes del chat no se debieron circunscribir a si el documento estaba o no estaba completo, sino que había que procurarlos a todos y ponerlos bajo juramento sobre todo el conocimiento que tuvieran, o no, de los eventos comentados en el chat. “Tú lo amarras [con una declaración jurada], ‘¡Dígame que no sabe ná!, para que no lo traigan después como un testigo de defensa”, dijo como ejemplo de una táctica que se pudo haber usado en la investigación del chat y mediante la cual a los participantes del chat que alegan desconocimiento, o que el documento está incompleto, se les compromete bajo juramento con su versión de todo lo que saben sobre las conversaciones, de manera que luego no comparezcan como testigos a dar una versión distinta a la que originalmente proveyeron a los investigadores.
“Tienes que hacer un plan de trabajo, un plan investigativo. Estoy seguro que eso no existe”, expuso el ex agente del NIE por 32 años, Cintrón Cintrón. “Había que, primero que nada, leer esos mensajes a ver si de lo que hablaron surge algún tipo de delito. Yo entrevistaría a todas las partes aunque sea con abogados, a los participantes, los entrevistaría a todos, no dejaría a nadie, y hubiera ido al tribunal [para conseguir comparecencias o para obtener sus celulares]… eso fue un toallazo”, concluyó.
También, los entrevistados para este reportaje establecieron una distinción en cuanto a la naturaleza del chat como herramienta de investigación versus limitarse a verlo como una pieza de evidencia, porque una cosa es usarlo como fuente de pistas para investigar otras conductas y otra cosa es verlo solamente como un documento que se tiene que presentar en el tribunal.
“Esto no es o todo o nada. Lo importante es, de las personas que tú estás investigando, ¿puedes identificar expresiones en el texto que parezcan que no están alteradas? ¿Hay expresiones que por sí solas deben ser suficiente para encontrar que hay algo incorrecto?”, enmarcó Vázquez Irizarry.
“[El chat] es una herramienta. Puedo usar la información que está ahí que no está controvertida, que son admisiones y sobre la cual se puede entrevistar a otras personas”, describió Pesante Martínez al recordar que “una cosa es la admisibilidad [si el documento se puede presentar en el tribunal] y otra el valor probatorio [si el documento arroja información que ayuda a probar un hecho]” y que “no estoy en un proceso criminal, [sino en un proceso administrativo] no aplican las reglas de evidencia”. Subrayó que, incluso, una buena investigación puede servir para exonerar a los implicados que merezcan ser exonerados.
“Me extrañó que la determinación [de archivo sin perjuicio] fuera, a mi juicio, bastante liviana… ¿Tú te crees que alguien de los que participó en el chat le va a cuadrar el caso? Eso es la excepción, los casos no se construyen partiendo de admisiones y confesiones”, ilustró.
Fernández Quiñones, también numerario de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, resumió la situación del chat desde su pericia en el Derecho Administrativo.
“El quehacer administrativo, dentro de los amplios poderes y facultades que se le reconoce, debe caracterizarse por una inventiva que trascienda la puntualidad de la norma y responda a la política pública que emerge de los hechos y que está impregnada de los valores supremos: la decencia, la dignidad, el bien común y la justicia. La explicación dada por la Oficina de Ética para fundamentar su renuencia a continuar con el trámite del caso niega lo anteriormente señalado y soslaya principios básicos del derecho administrativo”, opinó al tiempo que apuntó a que la investigación penal que todavía realiza sobre estos hechos la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente “puede vindicar por completo la omisión incurrida [por la OEG]”.
El problema de querer pasar la página muy rápido
En términos puramente de procesos y técnicas investigativas, la forma en que la OEG manejó esta investigación, y la manera en que se manejan otras, desde sencillas a complejas en otras agencias provocó que los investigadores experimentados que el CPI consultó levantaran banderas rojas y recordaran los criterios mínimos que se deben seguir en las pesquisas oficiales.
“[En los casos del Cerro Maravilla] yo tenía un staff de investigación brutal. Tuve un equipo de investigación de policías de lo mejor que había en ese momento”, recordó el ex FEI Salgado Rivera. “Yo no sé que investigadores están utilizando [en las agencias], qué experiencia tienen. Los vaivenes políticos influyen mucho, eso sin lugar a duda, influye. [Necesitas] investigadores que no se dejen influenciar; si ese investigador no tiene el cuero duro, ¡olvídate!, [pero] si tú has hecho una buena investigación, el fiscal no tiene que tener temor a nadie”, argumentó.
“Ya no hay investigadores, lo que hay son entrevistadores”, dijo la ex agente del NIE que pidió anonimato. “[Pérez Vargas] no dijo nada de que hubieran contratado [a alguien] experto en cibernética, es una investigación coja… realmente no hicieron una investigación científica a los fines de levantar información para que hubiera consecuencias”, analizó.
De todo el manejo de la pesquisa del chat de Telegram en manos de Pérez Vargas, lo único acertado que reconocieron los investigadores entrevistados fue que optara por archivarla sin perjuicio a que pueda reabrirse cuando la OEG entienda que tiene más evidencia. Esto, en vez de hacer una declaración de exoneración o de embarcarse en procesos investigativos cuestionables, como los que realizó el Departamento de Justicia bajo el mando de la actual gobernadora, Wanda Vázquez Garced, que resultaron en que todavía dos de los participantes del chat, el publicista Edwin Miranda Reyes y el cabildero Elías Sánchez Sifonte, no hayan entregado sus teléfonos celulares a los agentes.
Pero hay un daño institucional insoslayable que no puede quedar desatendido, destacaron.
“Lo peor que puede hacer una agencia en la separación de poderes es auto restringirse y aplicarse estándares de otras ramas de Gobierno… ningún caso administrativo se tiene que probar más allá de toda duda razonable”, opinó García San Inocencio, quien en su libro llamó a la OEG “un organismo poderoso” que es recipiente de normas anticorrupción que tienen su origen en 1903, incluso cuando los gobernadores no eran electos y servían por nombramiento presidencial.
La determinación de la OEG en su indagación sobre el chat “reviste más importancia que el Verano del 19 porque son muchas instituciones, no es una persona”, dijo por su parte Pesante Martínez. “Son instituciones donde hay una deficiencia y donde tenemos el mantra de pasar la página”, mencionó
“Hay un asunto de impunidad si no empezamos a educar que las cosas tienen consecuencias”, expresó Pesante Martínez sobre un concepto que García San Inocencio ilustró gráficamente al sostener que “el problema de cuando tú no procesas a la gente es que retornan. Cuando la estaca no se le clava al vampiro en el centro del pecho, el vampiro vuelve”.
“Un nombramiento de 10 años [como el de Pérez Vargas] se supone que le dé una independencia y una fuerza, pero se puede revertir en un lastre porque si la oficina se proyecta débil, está condenando a la oficina a una debilidad institucional”, dijo Vázquez Irizarry. De hecho, ha ocurrido un incremento de posiciones gubernamentales que se crean o modifican para que tengan vigencia de 10 años, o por lo menos más allá de un solo cuatrienio, que se supone provean estabilidad institucional pero a las que se han designado funcionarios cuyas capacidades y credenciales han sido cuestionadas públicamente, como ocurrió este cuatrienio con la Principal Oficial de Compras del Gobierno de Puerto Rico, Karla Gabriela Mercado Rivera, y como se ejemplificó más reciente con la fracasada designación como Contralor del secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto García.
El juicio que aplicó Pérez Vargas en la pesquisa del chat “podría ser indicativo de una falta de temple suficiente para resistir el calor, o incluso la presión, o acaso de aspiraciones futuras cuando se piensa que se está comenzando una carrera en un país muy polarizado”, teorizó García San Inocencio. A la luz de las posiciones con nombramientos a 10 años y de la resistencia a influencias y libertad de criterio que deben tener los funcionarios que las ocupan, particularmente en una dependencia como Ética, Pesante Martínez comentó que hay unos puestos que se tienen que ocupar con funcionarios que ya van de salida en el servicio público, refiriéndose a que sean personas con experiencia, pericia y credibilidad.
“Los estados fallidos comienzan cuando ni siquiera las coordenadas éticas de la función pública están claras”, sentenció García San Inocencio.
