La gobernadora Wanda Vázquez presentó nuevamente a su secretario de asuntos públicos para que sea considerado por el Senado, pero en esta ocasión a un puesto como Comisionado Asociado del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico.
Soto, había sido nominado para que ocupara el puesto de contralor, pero luego de que se diera a conocer el rechazo por legisladores, y otros sectores de la sociedad, el funcionario de La Fortaleza solicitó que retiraran su nombramiento.
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En la pasada convocatoria a la sesión extraordinaria, donde Soto iba a ser considerado para contralor, esta posición de comisionado había sido presentado el nombre de Mariana Cobian, quien actualmente es la secretaria de prensa de La Fortaleza.
Según la ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico, la 213 de 12 de septiembre de 1996, el NET (Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico), estará adscrito a la Junta Reglamentadora de Servicio Público y la misma estará compuesta por dos comisionados asociados y un comisionado que será el presidente.
Estos comisionados devengarán un sueldo equivalente al de un juez superior del Tribunal de Primera Instancia, lo que se traduce en $89,600 anuales, según la Ley 233 del 2004.
El Presidente y los Comisionados Asociados de la Junta serán nombrados por un término fijo escalonado. Los primeros miembros del NET nombrados en virtud de la “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público” serán nombrados de la siguiente manera: El Presidente será nombrado por un término de seis (6) años y los Comisionados Asociados serán nombrados por el término de cuatro (4) y dos (2) años respectivamente. Sus sucesores serán nombrados por un término de seis (6) años. Cualquier persona escogida para llenar una vacante será nombrada solamente por el término no vencido del término a quien sucede.
Los requisitos para llenar estos puestos es que deberán ser ciudadanos de Estados Unidos y además cumplir con algunos de los siguientes requisitos: ingeniero licenciado en Puerto Rico, preferiblemente con un grado de maestría o doctorado en ingeniería con al menos diez (10) años de experiencia en el ejercicio de su profesión que incluya experiencia en el campo de las telecomunicaciones, o abogado autorizado a ejercer su profesión con al menos diez (10) años de experiencia en el ejercicio de su profesión que incluya experiencia en el campo de las telecomunicaciones, o un profesional con un grado académico de maestría o doctorado en economía, planificación o finanzas, o en materias relacionadas en asuntos de telecomunicaciones, o un profesional con un grado de bachillerato o con de diez (10) años de experiencia en el campo de las telecomunicaciones.
