El proyecto para elevar a rango de ley la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) no parece contar con los votos necesarios para aprobarse en la Cámara de Representantes durante esta sesión extraordinaria, sostuvo Gabriel Rodríguez Aguiló, portavoz del Partido Nuevo Progresista en ese cuerpo.
“No tiene ambiente. Crea esa oficina por 10 años y compromete los fondos (federales) desde ahora. Eso le quita discreción a la próxima administración desde ahora y no estamos de acuerdo. Debe haber flexibilidad tanto para los municipios, los alcaldes y alcaldesas, como para la próxima administración. Hasta ahora no tiene ambiente de aprobarse”, dijo Rodríguez Aguiló sobre el proyecto que todavía se encuentra en trámite en el Senado.
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La medida, al presente, tampoco tiene vía libre en el Senado, aunque el portavoz de la mayoría, Carmelo Ríos, señaló que “todavía estamos mirándolo”. Ríos indicó que no se espera que baje a votación este lunes, cuando el Senado vuelve a sesionar.
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“Hay mucha oposición. Yo creo que el ‘issue’ es dónde la pones, si pones (a COR3) aparte o lo haces parte de una dependencia que después de todo maneja las emergencias. Soy de los que creo que la estructura aparte, aunque es una buena idea, no funciona como está diseñada. Estoy viendo a la gente experta que se oponen y son sólidos. Por ejemplo, Nino Correa (comisionado interino del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres) tiene mucha preocupación sobre eso y Epifanio (Jiménez, exdirector de Manejo de Emergencias), que han manejado eso. No es ni siquiera político, es una cuestión institucional”, subrayó Ríos.
“Muchos expertos en asuntos federales dicen que sería una burocracia más, aunque cuando lees la medida parece que no, sino que le da estabilidad a lo que son los fondos federales para recuperación. Pero cuando tienes que pasar los fondos por ahí, para entonces mandarlos a otro lado, para ver cómo manejas planes, recuperación y planificación no es tan fácil. Hay que escuchar también a los que defienden la medida”, agregó el senador.
Ríos también reconoció que múltiples sectores cuestionan que el proyecto cree cargos de director y director asociado de COR3 con términos de 10 años.
“Hay gente que plantea por qué esperaron hasta ahora y no lo hicieron antes, y es un planteamiento válido. Entonces está el planteamiento que también es bastante razonable, de que estas personas que estuvieron bregando con esto tres o cuatro años ya tienen una continuidad y valdría la pena mantenerlos cuatro, seis u ocho años más para que concluyan lo que a todas luces van a ser 10 años más de reconstrucción. La controversia es si esa gente se va a quedar o si es gente nueva. Si es gente nueva uno pudiera decir que no estoy a favor, porque lo que buscamos es la continuidad”, sostuvo Ríos, al señalar que el gobierno federal es “receloso” ante los cambios que se producen en agencias encargadas de manejar procesos de recuperación.
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ASES retendría su independencia
Otro proyecto que Rodríguez Aguiló señaló que tampoco recibiría un informe positivo es el que busca convertir la Administración de Seguros de Salud en una secretaría auxiliar dentro del Departamento de Salud. Esa medida fue aprobada en el Senado en junio y referida a la Comisión de Salud en la Cámara baja.
La Comisión cameral de Salud, por otro lado, sí le daría el visto bueno a un proyecto para conceder inmunidad a profesionales de la salud que presten servicios en centros de trauma y estabilización.
“Ese proyecto se está trabajando para que baje a votación”, dijo Rodríguez Aguiló, al indicar que probablemente se consideraría en el pleno en la sesión del martes.
El representante admitió que, al menos en la Cámara baja, la mayoría de los proyectos incluidos en la sesión extraordinaria por la gobernadora Wanda Vázquez se atenderían más adelante en la próxima semana.
Ríos, en tanto, indicó que entre los proyectos que “no tienen controversia” y se aprobarían en lunes figuran la medida que busca obligar a contratistas gubernamentales a presentar ante la Oficina del Contralor cualquier subcontrato que suscriba relacionado con el servicio que provee a una entidad pública, así como forzar a los funcionarios que otorguen un contrato público a certificar bajo juramento que no tienen interés directo en la transacción.
Otro proyecto que el Senado debe atender el lunes es la medida cameral que extiende de seis a ocho años la vigencia de las licencias de conducir.
Sobre los nombramientos sometidos, Ríos indicó, sin precisar nombres, que hay de “ocho a 10” designaciones judiciales que no serán confirmadas y así se le notificó a la gobernadora, quien hasta el momento no los ha retirado. De los 79 nombramientos que presentó Vázquez, 26 son judiciales, de los cuales dos ya fueron derrotados el miércoles de la semana pasada.
Ríos recalcó que el Senado no actuará sobre la designación de Osvaldo Soto como contralor de Puerto Rico hasta que la Cámara de Representantes pase juicio, lo que Rodríguez Aguiló consideró podría ocurrir el martes.
“La Comisión (Especial de Nombramientos) va a deliberar ahora. Depende del informe que haga la Comisión, si es positivo o negativo. Eso no lo sabemos todavía… El trámite del señor Soto tiene que pasar por un proceso de votos en la Comisión. Son siete miembros, así que tiene que tener por lo menos cuatro a favor. Ya tenemos a (Antonio) ‘Tony’ Soto en contra y a las minorías en contra, así que veo un poco cuesta arriba que un informe pueda salir de la Comisión. Si se hace un informe negativo hasta ahí llega el informe”, subrayó Rodríguez Aguiló.
Al proyecto de administración para traspasar a WIPR a una organización sin fines de lucro, en tanto, se le están introduciendo enmiendas, indicó Rodríguez Aguiló. Esa medida se atendería primero en Senado antes de cruzar a la Cámara baja.
