Desde el CPI
José Baquero Tirado, el nuevo coordinador federal de recuperación en desastres (FDRC, en inglés) para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, no cree que haya que cambiar la receta que ha implementado la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) en el proceso de obligación y desembolso de fondos para la reconstrucción tras los huracanes Irma y María en 2017.
Esto, a pesar de que, a tres años del evento, se ha desembolsado el 66.8% de los $20.8 mil millones que hasta agosto de este año habían sido aprobados por FEMA para la recuperación de Puerto Rico.
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La opinión de Baquero Tirado — nombrado como FDRC el pasado 31 de agosto — se da cuando en Puerto Rico todavía hay sectores con infraestructuras destruidas y no se han obligado los fondos necesarios para reconstruir villas pesqueras, edificios claves en la Universidad de Puerto Rico y escuelas. Además, puentes siguen dañados, semáforos continúan sin funcionar y edificios de valor histórico se tambalean a su suerte. A esto se suma la lentitud en el desarrollo de obras de infraestructura de servicios esenciales de agua, electricidad, educación y salud, que aún esperan por que la agencia obligue el dinero necesario para su desarrollo o que, en algunos casos, sean desembolsados por la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés). En el historial de FEMA también pesan varias auditorías que han identificado manejos incorrectos y despilfarro de fondos públicos y corrupción en las ejecutorias de la agencia federal en Puerto Rico.
“Lo que ha pasado diferente en el último año ha sido que la comunicación y el trabajo en equipo ha sido extraordinaria con el COR3, con los alcaldes, con todo el mundo. Hay una comunicación abierta, una comunicación transparente, que se está trabajando en equipo muy bien”, dijo el funcionario en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Las expresiones del Baquero contrastan con el reclamo que hizo el pasado martes 15 de septiembre la Asociación de Alcaldes de que “se ha reconstruido muy poco” en los pueblos a tres años del ciclón.
“A tres años deberíamos estar inaugurando obras y eso no ha pasado”, protestó el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernánez. Su municipio reclamó a FEMA 66 proyectos de obra permanente dentro de las categorías C a la G del Programa de Asistencia Pública que totalizaron $43 millones. De esa cuantía, 47 proyectos han recibido alguna obligación de fondos ($31.2 millones), pero de esos solo se han desembolsado $3.8 millones.
Una queja similar expuso la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, para quien es “inaceptable” que luego de tres años no se haya podido comenzar “ni un solo proyecto grande” en su municipio. Salinas reclamó a FEMA 127 proyectos bajo las categorías C a la G. Explicó que FEMA solo ha obligado fondos para 67 de esos proyectos, que totalizan $31 millones. Sin embargo, hasta el momento COR3 apenas le ha desembolsado $1.4 millones de la cantidad obligada, dijo. Arleen Figueroa, directora de la Oficina de Permisos de Salinas, explicó que 90 de los 127 proyectos cuentan con un estimado de costos, por $44 millones.
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Baquero Tirado defendió la gestión de FEMA y COR3 basado en la cantidad de proyectos que han estado recibiendo obligación de fondos este año. Según el funcionario, en 2020 FEMA ha obligado fondos a razón de entre 400 y 500 proyectos cada mes. En 2018 y 2019, eran entre 10 y 15 proyectos mensuales, dijo. Se pueden obligar proyectos de $100,000 o de $1 millón, y además, un proyecto puede tener dinero obligado que no se desembolsa por meses, o años, por lo cual la cantidad de proyectos obligados no es el único barómetro para medir la efectividad del proceso de recuperación.
“Creo que el trabajo de agilización depende mucho de la comunicación y el trabajo en equipo. Y eso se está viendo en los resultados mes a mes y se pueden ver en las gráficas. Todo lo que se está haciendo con el COR3 se ha agilizado en el último año y la meta es continuar con ese trabajo en equipo con el COR3”, destacó Baquero Tirado.
Objetan críticas por burocracia en FEMA
El 31 de octubre de 2018, FEMA obligó $180 millones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para obras permanentes relacionadas con el sistema potable de Puerto Rico. Casi dos años después, ese proyecto no ha recibido ni un centavo para su desarrollo. Situaciones similares se observan en otros sectores, como en la UPR, que se le han obligado $131 millones, pero que hasta la fecha solo ha recibido apenas un 4% de esa partida.
Alex Amparo, que antes ocupaba el puesto de Baquero Tirado, justificó la lentitud en el proceso de aprobación, obligación y desembolso de FEMA, aludiendo a “controles necesarios” para que se usen los fondos de manera correcta.
“Es bien fácil hablar en generalidades cuando se dice que los procesos de FEMA son burocráticos. Lo que yo veo es que son procesos y controles externos. Es importante que nosotros sigamos el proceso. Recibimos la documentación asegurando que los proyectos que se están obligando se están haciendo correctamente”, dijo Amparo al CPI.
Baquero Tirado — que durante 16 años dirigió la oficina de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos —, se sumó a la justificación.
FEMA dice que irá de 50% a 60% en fondos obligados para diciembre 2020, y que llegará al 100% en 2021
Para cumplir con ese objetivo, Baquero Tirado no contempla cambios inmediatos en FEMA ni en el COR3.
“Estamos tratando de llegar al 60% de obligación de fondos cuando termine el año. La meta a corto plazo es continuar ese proceso para que se puedan obligar los fondos y así las agencias, los municipios y todos los que tienen proyectos con fondos obligados podamos continuar con la gestión de allegar esos fondos y se hagan los proyectos que se tengan que hacer para el beneficio de todos los puertorriqueños”, comentó.
Ambos funcionarios restaron importancia a la percepción pública sobre la ineficiencia en la reconstrucción de viviendas que mantiene a sobre 4,500 casas aún con toldos azules sobre sus techos, según cálculos del secretario de la Vivienda, Luis Fernández Trinchet. Aclararon que la reconstrucción de residencias, como una parte de las que aún permanecen con toldos, se delega para atenderse con los fondos del Subsidio en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés) que gestiona el Departamento de la Vivienda Federal (HUD, en inglés). Actualmente, este programa tiene asignados $20.2 mil millones, de los que Puerto Rico solo tiene aprobado usar apenas un 16%, es decir, $3.2 mil millones. De ese dinero disponible, el Gobierno solo ha usado 2%, al cierre del año fiscal 2020.
“La asistencia de FEMA es de emergencia. Eso [el dinero de asistencia individual] era para que ellos pudieran hacer reparaciones de emergencia, pero no era un seguro, no era para reconstruir una casa. FEMA nunca ha tenido esa autoridad siempre ha sido emergency assistance. No está contemplado que FEMA sea responsable de construir casas. Esas son obras permanentes, que esta agencia no hace”, lanzó Amparo, pasándole la papa caliente a HUD.
Baquero Tirado también se desentendió de este aspecto de las viviendas y se aferró a la postura de que los toldos azules deben ser atendidos por HUD y por el Departamento de Vivienda de Puerto Rico.
“Yo creo que, como dijo Alex [Amparo], la gente debe tener claro cuál es el rol de FEMA cuando ocurre emergencias como estas. Luego de María, FEMA provee asistencia de emergencia directamente a los individuos para hacer reparaciones temporeras de emergencia. Pero ya de ahí, la reparación permanente de una estructura no es parte de lo que FEMA tiene en su agenda y en su presupuesto”.
Aseguran que frenaron el cambia y cambia de personal
En agosto de este año, el secretario de Agricultura, Carlos Flores, denunció en entrevista con el CPI que los cambios constantes de inspectores de FEMA han provocado retrasos significativos en la aprobación de fondos para rehabilitar las 33 villas pesqueras que administra esta agencia. Agricultura, sin embargo, tampoco ha identificado los títulos de propiedad de siete villas pesqueras y que son parte de los documentos que les exige FEMA para proceder con el trámite de aprobación de fondos.
Según Flores, cada cambio de personal ha representado empezar de cero las inspecciones en cada una de las villas, lo que ha tomado casi tres años. “Cuando viene un equipo nuevo, quieren ir a ver de nuevo y estar seguros de lo que van a aprobar. A veces le añaden cosas que el equipo que estaba antes no puso, o quitan otras. Es un proceso de reclamación lento y tedioso”, dijo el secretario de Agricultura.
Según Amparo y Baquero Tirado, esos cambios constantes de inspectores se han minimizado desde junio de 2019 cuando la agencia federal adoptó el National Delivery Model, dentro del que se ubica la herramienta digital Grant Manager, en la que se apuesta por la tecnología para estandarizar los procesos, ubicar todos los documentos de un solicitante en una misma plataforma y seguirle el recorrido al proceso.
“Eso de que cambien los inspectores no es nada que estemos mirando ahora”, sostuvo Amparo.
Sin plan para penalizar responsables por despilfarro y mal manejo de fondos públicos
Desde el paso del huracán María en 2017, la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha realizado un total de siete auditorías en las que se han señalado fallas en el manejo del dinero otorgado a agencias del gobierno de Puerto Rico.
En las más recientes, la OIG evalúo las políticas de uso, contratación y pagos de nóminas de los departamentos de Vivienda, Educación y Transportación y Obras Públicas y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), relacionados con los fondos del programa de Asistencia Pública de FEMA. Las investigaciones se centraron en el manejo del dinero asignado bajo las Categorías A y B que incluyen el recogido de escombros y mitigación de desastres, para el periodo de septiembre de 2017 hasta el 14 de diciembre de 2018. Otra auditoría de la OIG identificó manejos indebidos en contratos otorgados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a las empresas Whitefish Energy Holdings y Cobra Acquisitions.
A pesar de los señalamientos, ninguna de estas auditorías imponen penalidades concretas a los responsables, nadie ha devuelto ni un centavo y no se tienen claras las medidas correctivas que haya realizado FEMA o las agencias involucradas para evitar situaciones similares en el futuro.
Baquero Tirado, que entre 2001 y 2003 dirigió la Autoridad de Puertos, estas menciones son espacios para mejorar la operación de FEMA en Puerto Rico. Dijo, además, que la creación del COR3 mitigó algunas de las fallas en los procesos, pues a esta oficina se le han delegado los controles para mantener a raya el buen uso de los fondos federales.
“He tenido oportunidad de discutir esas auditorías, que tienen recomendaciones de cómo los procesos se pueden hacer de una manera mucho más eficiente, mucho más transparente y asegurándonos de que se hagan correctamente. Esa es la idea mayor de esas auditorías que vi. El Gobierno respondió a las recomendaciones de esas auditorías y los controles se han estado adquiriendo con el COR3”, dijo.
Pero, uno de los cuestionamientos es que en esas auditorías al final del día no se le imponen penalidades, entonces, ¿cómo se establecerán responsabilidades, al menos en FEMA, para que no siga habiendo este tipo de impunidades?, preguntó el CPI.
“Cada semana nos reunimos con COR3 y ellos nos explican los controles que tienen. Yo he mirado sus procesos y tengo confianza de que van a asegurar que los fondos serán utilizados adecuadamente”, intervino Amparo.
Confía en que no habrá más puertas giratorias entre FEMA y el sector privado
En abril de 2019 Michael F. Byrne dejó el puesto que ahora ocupará Baquero Tirado en FEMA. Un mes después comenzó a trabajar con la empresa Deloitte, una de las cuatro principales firmas que ofrecen servicios al COR3, y cuyo contrato suma $31.6 millones con vigencia desde el 7 de junio de 2018 hasta el 30 de junio de 2021.
El CPI cuestionó a Baquero Tirado sobre cuál será la estrategia para cambiar la percepción y evitar que ocurran situaciones como la de Byrne en la que se observa cómo el personal de FEMA llega a hacer contactos y sale con grandes contratos y puestos de empresas privadas contratadas para la recuperación.
“Yo lo que te puedo decir es que el gobierno federal tiene unas reglas de cómo las personas pueden pasar del gobierno a la empresa privada, que incluye muchas veces que no pueden trabajar en unas áreas específicas porque trabajaron en ellas cuando estaban en el gobierno. Llevo 17 años en el gobierno federal y creo en el compromiso de los empleados de FEMA, de los cuales el 90% son puertorriqueños, que somos de aquí, que estamos aquí para echar el país adelante, y que no estamos aquí con otro propósito que no sea mover estos proyectos”, expresó.
Víctor Rodríguez Velázquez es integrante de Report for America
