Junta recalca advertencia sobre expansión de beneficios de retiro a los empleados públicos

La Junta de Control Fiscal (JCF) aseguró que el Gobierno aún no le ha entregado evidencia sobre les leyes 80, 81 y 82, y su viabilidad a largo plazo.
“La Junta de Supervisión le dio seguimiento, una vez más, al Gobierno de Puerto Rico para solicitar la información restante y un análisis del efecto fiscal de las Leyes 80, 81 y 82 del 2020, con tal de poder determinar si estas leyes, que expanden los beneficios de retiro para los empleados públicos, son financieramente factibles no solo hoy, sino mañana y en años venideros”, expuso el ente creado por la Ley Promesa en una comunicación escrita.

Asimismo, la JCF aseguró que hasta la fecha, el Gobierno no ha provisto la información requerida para tomar una determinación
fiscalmente responsable sobre si puede pagar los aumentos en beneficios que ha propuesto para los futuros jubilados en el servicio público, o si ha analizado “concienzudamente” el efecto fiscal de estas leyes antes de aprobarlas.

Advierten sobre costo de las leyes

“La Junta de Supervisión continúa teniendo serias preocupaciones sobre esta legislación. Nuestro propio análisis muestra que estas leyes crearán costos enormes e inasequibles, a largo plazo, para el Gobierno. No obstante, seguiremos trabajando con el Gobierno y analizando la información que ha provisto, así como la información adicional que esperamos nos proveerá durante esta semana.
La Junta de Supervisión anticipaba poder resolver sus preocupaciones sobre la factibilidad de estas leyes lo antes posible, ya que hemos recibido muchos correos electrónicos y mensajes de empleados públicos que piensan planificar para su retiro a la luz de estos estatutos. Esos empleados merecen un grado de certidumbre que no se puede proveer sin un análisis apropiado sobre el costo y viabilidad
de estos decretos”, agregó el ente creado por la ley federal.

Además, la Junta afirmó que los beneficios de retiro son uno de los compromisos más importantes que cualquier gobierno puede
llevar a cabo.

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“El Gobierno de Puerto Rico debe asegurar que realmente puede costear las promesas que les hace a aquellos que dedican su vida profesional a servir al pueblo, velar por nuestra seguridad y educar a nuestros hijos”, puntualizó.

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