La comisionada residente, Jenniffer González Colón, develó parte de su agenda para impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico en lo que sería su segundo cuatrienio en el Congreso de los Estados Unidos. El programa de la comisionada está enfocado en impulsar la manufactura, la permanencia de la exención de las reglas de carga área, inserción en programas y fondos federales, además de derrumbar las barreras comerciales.
“El mejor plan de desarrollo económico que tiene Puerto Rico es la estadidad y para abrir el camino hacia ella, trabajamos una estrategia concertada en varios foros y ámbitos. Estas propuestas se complementan muy bien con lo que sería nuestra unión con los Estados Unidos; están enfocadas en traer ahora, a mediano y a largo plazo empleos aquí, más inversión aquí, más oportunidades aquí, más creación aquí, más ayudas aquí”, expresó González Colón a través de un comunicado de prensa.
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Puerto Rico como centro nacional de manufactura
El pasado viernes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó en conferencia de prensa que traerían de vuelta “la distribución y manufacturación médica a Puerto Rico a un nivel mucho más grande de lo que había antes”. Ese mismo día asignó $10,200 millones adicionales para la reconstrucción de la red eléctrica en la isla y se negocian más acuerdos para el mejoramiento de la infraestructura, necesaria para albergar estas industrias. El Departamento de la Defensa le dio un contrato de $10 millones a una industria en la isla para producir equipo médico con relación al COVID-19. En agosto, el presidente firmó una Orden Ejecutiva para aumentar la producción nacional de suministros médicos esenciales y eliminar la dependencia de producción de medicinas en jurisdicciones foráneas, como lo es China.
Estas expresiones, este ambiente favorable sobre el rol de la isla en la cadena nacional de suministros evidencian la efectividad en la capital federal de la comisionada residente quien, desde que juramentó como congresista, trabaja para mantener y aumentar la solidez de la industria farmacéutica y manufactura en la isla; desde el año pasado, ha abogado por que la producción doméstica de productos farmacéuticos se considere un asunto de seguridad nacional; y desde febrero, ha enfocado sus esfuerzos para convertir a Puerto Rico en la sede nacional de la manufactura de suministros médicos. Entre sus gestiones están el presentar legislación propia, el haberse unido a otros proyectos de ley que buscarían el mismo objetivo, ha logrado respaldo en Cámara y Senado, ha presentado iniciativas en esta área ante la Casa Blanca, en vistas y reuniones en el Congreso y diversos grupos económicos en la Isla.
“No podemos arriesgar el adelanto que hemos logrado para encaminar la solidificación de nuestra economía a base de una industria manufacturera. Los avances que hemos conseguido han sido con arduo trabajo y unión de voluntades; no se pueden echar a perder, hay que continuar para que la gente aquí tenga oportunidades reales de progreso. No podemos romper para comenzar en cero, no es momento de regresar al pasado, ahora estamos construyendo el futuro” expresó la comisionada residente.
González Colón está impulsando su proyecto de MMEDS Act. La legislación es una abarcadora porque busca beneficiar a Puerto Rico y a cualquier otra zona en los Estados Unidos que esté económicamente deprimida. Se le estarían otorgando créditos contributivos a manufactureras a cambio de que estas inviertan en la comunidad para que se creen y mantengan buenos empleos. Esta iniciativa es lo contrario al mantengo corporativo donde se daban créditos a empresas sin exigirles que inviertan en su entorno.
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Como ejemplo de la excelencia de los recursos en la isla, la comisionada destacó el reconocimiento a Coca Cola Puerto Rico Bottlers con el Premio Coca Cola North America President’s Award por su excelencia en la calidad de su trabajo; y la recién aprobación por parte de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) a la única farmacéutica liderada por mujeres en la nación y establecida en Manatí GK Pharmaceuticals, de la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) para producción de uno de los componentes de las pruebas de detección de COVID-19, autorización lograda además por la gestiones de la congresista.
Junte Manufacturero
La comisionada busca hacer una fusión entre la Universidad de Puerto Rico, el gobierno local y las empresas de manufactura para crear lo que ha llamado un“Junte Manufacturero” para desarrollar propiedad intelectual (como patentes), esto tendrá un impacto a mediano y largo plazo, que ayudará a la retención de talento.
Los derechos de la propiedad intelectual los retendría el gobierno local para usarlos como incentivos en nuevas investigaciones. Para llevar a cabo esta iniciativa, se trabajaría para que distintas universidades en Puerto Rico estén accediendo los fondos federales para aumentar la capacidad de sus centros de investigación y desarrollo.
Carga aérea
Uno de los compromisos de la comisionada era conseguir la exención de las reglas de transbordo aéreo, lo que permite que las compañías aéreas extranjeras realicen ciertos servicios de transferencia de carga y pasajeros en los aeropuertos internacionales en Puerto Rico. Esto hace más atractiva y competitiva a la isla para hacer negocios.
La congresista comenzó gestiones administrativas el 6 de febrero de 2017 cuando envió una carta a la secretaria de Transportación federal (DOT) y más adelante radicando legislación, consiguiendo que se convirtiera en ley federal su iniciativa para hacer un estudio de viabilidad de carga aérea.
Gracias a ese estudio, y a los esfuerzos concertados con el gobierno como con el Departamento de Desarrollo Económico y la empresa privada, DOT otorgó una exención de dos años a las leyes de transbordo aéreo, lo que resultará en mayor acceso a pasajeros y carga internacional, a la vez que permitirá aumentar la importación de materia prima para la manufactura biomédica y de equipo médico y la exportación de medicamentos y equipo médico. La congresista encamina sus esfuerzos para hacer permanente la exención de las leyes de transbordo aéreo en Puerto Rico.
Encaminar la transición del PAN al SNAP
Los cerca de 1.5 millones participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en Puerto Rico reciben cerca de 30% menos en beneficios mensuales en comparación con los participantes de SNAP, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria que aplica en los estados.
La comisionada impulsa una transición del PAN al SNAP para que la isla pueda recibir más fondos al igual que los estados. Para adelantar esta gestión, la comisionada trabajó arduamente para que, en diciembre del 2019, el Congreso aprobara lenguaje que permite el uso de $7 millones para apoyar esfuerzos de transición a SNAP. Además, busca fortalecer la asignación de fondos regulares del programa, para lo que radicó en julio del 2020 una enmienda aprobada en la Cámara de Representantes y que, de ser aprobado en el Senado, aumentará los fondos del PAN para el nuevo año fiscal a $2,500 millones.
Debido a que el PAN cuenta con una asignación menor y fija de fondos, González Colón logró fondos suplementarios en tres ocasiones para acomodar los aumentos en la demanda: $1,270 millones adicionales tras el paso del huracán María, permitiendo que más de 100 mil nuevas personas se beneficiaran de la extensión y aumento de fondos temporal; $600 millones ayudar a las miles de familias y personas que aún sentían el disloque económico provocado por el huracán María; $297 millones con motivo de la pandemia.
Expandir el CTC y aplicar el EITC
“El 43% de la población en Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza, 58% de los niños viven bajo el nivel de pobreza, 37% de los menores viven en extrema pobreza. Tenemos que atacar la pobreza desde la raíz, asegurando la seguridad alimentaria, incentivando el trabajo y ayudando a quienes trabajan a mantener a sus familias. Estudios han demostrado que sacar a la gente de la pobreza, es precisamente uno de los catalíticos para mover la economía, por eso además que el SNAP, EITC y el CTC son medidas de justicia social, también son unas medidas de desarrollo económico”, explicó la congresista.
González Colón radicó el H.R. 302 “Child Tax Credit Equity for Puerto Rico Act of 2019” para extender a Puerto Rico el Crédito por Menor (CTC) en las mismas condiciones que se aplica en los estados, lo cual permitiría que las familias trabajadoras con 1 o 2 hijos puedan ser elegibles para recibir un crédito contributivo federal de hasta $2,000 por hijo. El CTC beneficiaría a cerca de 355,000 familias y 404,000 niños, lo que representaría $300 millones anuales. Esta medida ya fue aprobada en la Cámara.
El H.R. 754 “Earned Income Tax Credit Equity for Puerto Rico Act of 2019” presentado por la comisionada, podría significar un crédito anual combinado entre $300 a $8,500 entre la versión federal y la local, reestablecida en el 2019; estos fondos impactarán a más de 300,000 contribuyentes. Este esfuerzo fue aprobado por la Cámara.
Derrumbar las barreras comerciales
Como copresidenta del Caucus Amigos de España del Congreso, la comisionada impulsó que los gobiernos de Estados Unidos y España entraran en un acuerdo para evitar la doble tributación sobre las inversiones y parar la evasión contributiva entre Puerto Rico y España dentro del Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos y España.
Puerto Rico no forma parte de este acuerdo por su condición de territorio. Esto crea una desventaja competitiva para la exportación de productos y para la inversión española en la isla. Las conversaciones sobre el acuerdo se supone que se reiniciaran en mayo, pero debido a la pandemia, están atrasadas. La congresista tiene el compromiso de continuar abogando por la inclusión de Puerto Rico en este acuerdo comercial.
El Electronic Export Information (EEI) es un documento que requiere cumplimentarse para toda exportación de artículos, bienes o mercancías cuyo valor exceda de $2,500. La comisionada señaló que el requerimiento del EEI para las exportaciones hacia y desde Puerto Rico, aun formando parte del mismo sistema aduanero y de seguridad de los Estados Unidos es discriminatorio, trae costos adicionales e impide el crecimiento económico. La iniciativa de la comisionada, de eliminar el EEI está avanzando. Logró que el Censo publicara un aviso en el Registro Federal para que el público comente sobre el impacto de la eliminación del EEI, esto como parte de la evaluación para la eliminación. y las agencias federales puedan tomar una determinación.
Permanencia del arbitrio del ron
Al comenzar su término, la comisionada residente logró que empresarios de la Coalición del Sector Privado aprobaran por unanimidad el Plan de Desarrollo Económico, para atraer incentivos industriales federales; logrando la comisionada la inclusión de Puerto Rico en la Reforma Contributiva del 2017. Gracias a eso, se logró extender la vigencia del crédito en la Sección 199, retroactivamente al 2017, que permite una economía de $100 millones en contribuciones y genera hasta $3 mil millones en actividad económica.
Puerto Rico recibe $330 millones anuales en el reembolso del arbitrio del ron. Bajo ley federal, el gobierno impone un arbitrio de $13.50 por cada galón de ron importado a los Estados Unidos; Puerto Rico recibe un reembolso de $10.50 que desde 1999 subió a $13.25. Ese aumento en el reembolso tiene que ser renovado cada dos años. En el 2018, González, copresidenta del Caucus del Ron en el Congreso, gestionó y logró una extensión de 5 años hasta el 31 de diciembre de 2022 de los $2.75 adicionales que se nos transfieren desde el 1999, representando cerca de $65 millones anuales para Puerto Rico.
La congresista busca lograr la permanencia de ese aumento en el rembolso para estimular el desarrollo económico y crear buenos empleos en Puerto Rico. Para ello, logró incluir en el “Emergency Supplemental and Puerto Rico Disaster Tax Relief Act,” que pasó la Cámara de Representantes, el H.R. 1786 de su autoría.
El Comité de Plataforma de la comisionada está liderado por la joven licenciada Claudia Méndez Morales y lo componen el expresidente del Senado Kenneth McClintock, el presidente del Colegio de Médicos, Víctor Ramos, el arquitecto Roberto Alsina, el asesor en asuntos fiscales Giovanni Larussa, Mariali Figueroa y el sargento de la Policía Ramón Guzmán, entre otros.
