Aun si estuviera funcionando a máxima capacidad, lo que no ocurre desde antes del huracán María, la imprenta del Departamento de Educación no podría abarcar la demanda de la agencia para producir los módulos que sirven de base para el modelo de educación a distancia que prevalece en estos meses de pandemia.
Al menos, así lo aseguró la directora interina de la imprenta, Arlene Castillo Márquez, al recordar que desde el paso del devastador ciclón hace casi tres años, las dos prensas digitales con las que contaban han quedado inutilizadas y únicamente mantienen dos prensas regulares, que solo imprimen material en blanco y negro.
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La Editorial Panamericana y Ediciones SM, a las que el Departamento de Educación ordenó los módulos para este semestre académico, subcontrataron imprentas colombianas para llevar a cabo la producción de estos materiales a sus cerca de 300,000 estudiantes, que no han podido pisar un salón de clases desde marzo debido a la pandemia del Covid-19.
De acuerdo con una investigación del programa Jay y sus Rayos X, a una de estas editoriales se les otorgó un contrato de más de $1 millón para la impresión de módulos, a pesar de que una imprenta local cotizó menos de la mitad de ese precio.
Los módulos para los estudiantes son a color, por lo que la imprenta del Departamento de Educación no habría podido contribuir con la producción de estos materiales en este momento, sostuvo Castillo Márquez.
“En este momento no. La imprenta no tiene la capacidad para hacer estos módulos en este momento, porque son ‘full color’. Aun si fueran en negro, yo supongo que deben estar tirándolas en unas rotativas, que te saca 18,000 folletos por hora. Nosotros esa capacidad en este momento no la tenemos ni la teníamos cuando estábamos en nuestros mejores tiempos. La cantidad de volumen y hojas es demasiado”, señaló Castillo Márquez, una empleada de carrera que hace poco más de tres años funge como directora interina.
En unas declaraciones escritas, el secretario de Educación, Eligio Hernández, aseguró que de las siete cotizaciones que se solicitaron para obtener sobre un millón de módulos didácticos, solamente Editorial Panamericana y Ediciones SM “ofertaron en el tiempo requerido y con los términos establecidos”, incluyendo la fecha límite para responder del 19 de agosto.
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“Las otras imprentas enviaron sus propuestas fuera de la fecha límite, no contestaron, rechazaron la petición del Departamento de Educación y solicitaron un depósito. Las agencias del Gobierno de Puerto Rico no adelantan pagos por servicios solicitados hasta tanto sean completados”, agregó Hernández.
Múltiples crisis
Castillo Márquez reconoce que, de haber contado con una prensa digital a color, la imprenta del Departamento de Educación habría sido capaz de contribuir –al menos parcialmente– en la producción de los módulos.
La directora interina indicó que ya se emitió una orden para la compra de una máquina digital, aunque desconoce todavía cuándo entrará en funcionamiento.
“Yo llamé esta semana y la persona encargada dijo que están haciendo las diligencias para que avance”, dijo Castillo Márquez, al precisar que es un equipo de la marca Ricoh.
El huracán María, el 20 de septiembre de 2017, no solo impactó la planta física de la antigua Escuela Industrial, en Santurce, que alberga la imprenta, dejando inutilizables las prensas digitales, sino que causó daños en la subestación eléctrica que alimenta el edificio de dos pisos. No fue hasta diciembre de 2019 cuando, a un costo de $235,000 –como evidencia el rótulo firmado por el exgobernador Ricardo Rosselló en la fachada del antiguo plantel–, se completó la reparación de la subestación y la imprenta dejó de depender de una planta eléctrica.
Al momento de sufrir los estragos del ciclón, la imprenta ya venía enfrentando años de recortes de personal, una situación que tuvo un punto de inflexión con la firma de la Ley 7 en 2009, mediante la cual miles de empleados públicos perdieron sus puestos de trabajo. Castillo Márquez recordó que cuando llegó a la imprenta, hace 32 años, esta contaba con sobre 100 empleados.
“Luego fuimos bajando y bajando, pero donde más perdimos fue por la Ley 7. Después de la Ley 7 quedaron como 45 (empleados), hasta ahora que quedamos 14 y la mayoría tienen 30 años de servicio”, comentó la funcionaria, dando a entender que muchos de sus compañeros podrían acogerse al retiro en el futuro cercano.
A pesar de ello, la directora interina considera que, una vez se reciban la prensa digital y la actividad comercial se recupere de los efectos de la pandemia, la imprenta podrá volver a ser un proyecto autosustentable a través de sus clientes gubernamentales y privados.
“Si logramos adquirir la máquina (digital), se va a poder pagar con sus propias tareas. Teníamos muchos clientes, privados y del gobierno, como la Oficina de la Procuradora de la Mujer. Otro de los clientes que era muy bueno era (la Corporación del) Fondo del Seguro del Estado. Le hicimos muchos trabajos a otras (entidades que cuentan con) imprentas que no tenían la capacidad, como el municipio de San Juan, porque su imprenta es bien pequeña”, aseguró Castillo Márquez, al añadir que también tienen capacidad de atraer clientes privados porque ofrecen precios que suelen estar por debajo del costo de mercado.
