Fiscalía pide confidencialidad en descubrimiento de prueba en caso de Charbonier

Señalaron que responde a la cantidad de evidencia de carácter sensitivo.

Por Sadot Santana Miranda

La Fiscalía federal solicitó hoy al juez Juan Pérez Giménez que emita una orden protectora que asegure la confidencialidad del descubrimiento de prueba entre las partes en el caso contra la exrepresentante novoprogresista María Milagros 'Tata' Charbonier.

El pasado 17 de agosto, un Gran Jurado Federal acusó a Charbonier por supuestamente participar de un esquema de fraude con fondos federales.

El fiscal Jonathan Jacobson justificó la implementación de una orden protectora debido a que, entre la evidencia en manos de la Fiscalía federal, se encuentra información sensitiva como documentos de identificación personal, direcciones, números de teléfono, información financiera e información confidencial y sensitiva obtenida en el curso de la investigación por parte de agentes federales y el Gran Jurado.

Jacobson aclaró que la solicitud de protección de documentos no está dirigida a provocar demoras en el proceso de descubrimiento de prueba o a restringir dicho acceso a la parte acusada, sino que apunta a proteger dichos documentos de un uso inapropiado.

En la acusación federal, a Charbonier se le imputa conspiración, robo, soborno y comisiones ilegales con programas que reciben fondos federales y fraude electrónico por servicios honestos.Dos cargos presentados contra la legisladora son por lavado de dinero y un cargo por obstrucción a la justicia por destruir datos de su teléfono celular.

En el pliego también figuran como acusados su esposo Orlando Montes, su hijo Orlando Montes Charbonier y Frances Acevedo, exempleada de Charbonier.

Charbonier se expone a una sentencia máxima de cinco años por conspiración; 10 años por robo y soborno a fondos de programas federales y 20 años por cada cargo de fraude electrónico, servicios honestos y obstrucción a la justicia.

Según la acusación, el esquema de conspiración para cometer soborno y obtener comisiones ilegales —también conocidas como kickbacks— se centró en que Charbonier infló el salario de Acevedo —de unos $800 bisemanales a $2,900 bisemanales— y a cambio la legisladora recibía porciones de $1,000 a $1,500 de cada cheque de su empleada. Dichas porciones serían recibidas por Charbonier, su esposo y su hijo.

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