Con el argumento de que el presidente excedió su autoridad, un panel de tres jueces federales bloqueó el jueves una orden de Donald Trump que pretendía excluir a las personas que residen ilegalmente en el país del conteo realizado para la redistribución de los distritos legislativos.
Los jueces federales en Nueva York, al emitir un interdicto, dijeron que la orden presidencial emitida en julio era ilegal. Los jueces prohibieron que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, cuyo departamento supervisa a la Oficina del Censo, excluya a las personas que viven ilegalmente en el país cuando entregue las cifras de 2020 usadas para calcular cuántos escaños tiene cada estado en el Congreso.
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De acuerdo con el fallo, la orden presidencial violó las leyes que regulan la ejecución del censo y el proceso para trazar distritos legislativos al requerir que se presenten dos grupos de números, uno con el conteo total y otro que no contemplaría a las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.
Los jueces dijeron que aquellos que están ilegalmente en el país califican como personas a ser contadas en el estado en que residen. Los jueces declinaron decir si la orden violaba la Constitución.
“A lo largo de la historia de la nación, las cifras utilizadas para determinar las distribuciones del Congreso —en lenguaje de las leyes actuales, ‘la población total’ y ‘número total de personas’ en cada estado— han incluido a cada persona que reside en Estados Unidos en el momento del censo, sean ciudadanos o no, y sea que cuenten con estatus legal o sin él”, escribieron los jueces.
Los opositores a la orden dijeron que era un intento por suprimir el creciente poder político de los hispanos en Estados Unidos y de discriminar a las comunidades de inmigrantes de piel oscura. Dijeron también que los residentes sin autorización para estar en el país utilizan los caminos, parques y otros servicios públicos y deberían ser tomados en cuenta para cualquier distribución de los recursos federales.
Las demandas que impugnan la orden presidencial en Nueva York fueron presentadas por una coalición de ciudades, grupos defensores de los derechos civiles y estados encabezada por Nueva York. Como las demandas lidian con cuestiones de distribución, fueron examinadas por un panel de tres jueces que permite que la decisión sea apelada directamente ante la Corte Suprema.
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Los jueces coincidieron con la coalición en que la orden creaba confusión entre los residentes sin autorización legal sobre si deberían o no participar en el censo de 2020, disuadiendo la participación y poniendo en riesgo la calidad de los datos del censo. Ese daño al censo fue base suficiente para emitir su decisión y no necesitaron depender de la especulación de que un estado resultaría perjudicado por la posibilidad de perder un escaño en el Congreso en caso de que se excluyera del reparto a las personas que están en el país sin permiso legal, indicaron los jueces.
El conteo de todos los residentes de Estados Unidos, que ayuda a determinar la distribución de 1,5 billones de dólares en fondos federales y a delimitar los distritos en el Congreso, está programado para concluir a finales de septiembre.
“Este es el acto inconstitucional más descarado que haya visto en mis años de litigar contra el gobierno federal”, declaró Dale Ho, director del Proyecto por los Derechos al Voto de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés), uno de los grupos que impugnaron la medida.
La secretaria de Justicia de Nueva York, Letitia James, destacó que la corte federal en Nueva York también había fallado en contra del gobierno de Trump en su intento fallido por añadir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020. El caso fue a dar hasta la Corte Suprema, que bloqueó la inclusión de la pregunta de ciudadanía.
“Los tribunales han fallado en nuestro favor en todos los asuntos relacionados con el censo en los últimos dos años y han rechazado continuamente los intentos ilegales del presidente Trump de manipular el censo con fines políticos”, declaró James.
Después de que Trump emitió la orden en julio pasado, aproximadamente media docena de demandas en Estados Unidos fueron incoadas por estados, ciudades, grupos defensores de los inmigrantes y de los derechos civiles, que impugnaron su legalidad y constitucionalidad.
El Departamento de Comercio no respondió a un correo electrónico solicitándole comentarios.
