Los representantes legales del Departamento de Justicia (DJ) y de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) insistieron hoy en la confidencialidad de los seis referidos para investigación que involucran a funcionarios de la actual administración, incluyendo a la gobernadora.
Durante una vista argumentativa ante el juez Anthony Cuevas, la abogada del Opfei, Vivian González, argumentó que, debido a la confidencialidad de estos documentos, las agencias no podían entregarlos a los medios periodísticos Nuestro Inc. y la periodista Sandra Rodríguez Cotto, quienes exigen su publicación inmediata ya que plantean que no se tratan de documentos que afecten las investigaciones en curso.
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Los abogados de ambas agencias solicitaron hoy al juez Cuevas a que desestimara la acción que presentó el medio independiente Nuestro, Inc. y la periodista Sandra Rodríguez Cotto. González, manifestó que la Ley del Opfei, prohíbe a los funcionarios dicha entidad divulgar cualquier información relacionada a un caso que se encuentra bajo investigación. Ante esto, señaló que los referidos que solicitan los demandantes forman parte del sumario fiscal que entregó el DJ al Opfei y contienen información confidencial sobre testigos, impresiones de los fiscales asignados y hallazgos.
El juez Cuevas no emitió una decisión luego de la vista argumentativa, pero durante la vista indicó que deberá decidir si los referidos que realiza el DJ al FEI forman parte del sumario fiscal, un documento que sí es de carácter confidencial.
Los periodistas independientes presentaron un recurso de mandamus ante el Tribunal el pasado 23 de julio para que los titulares de estas dependencias públicas cumplieran con su “deber ministerial” de entregar la información requerida. Asimismo, reclamaron —al amparo de la Ley 141 de 2019, también conocida como la Ley de Transparencia— a que las agencias entregaran dicha información luego de que se negaran a hacerlo.
Los medios independientes —por medio del abogado Edgar Villanueva— señalaron que las leyes orgánicas del DJ y del Opfei no establecen que los referidos que el DJ emite al Opfei son confidenciales al no formar parte del sumario fiscal. “Dichas disposiciones de ley, no expresan claramente una disposición específica donde la letra diga que un referido del FEI es un documento confidencial”, subrayó el letrado.
Sin embargo, los representantes legales del DJ y del Opfei reiteraron que no se podía separar el procedimiento investigativo que hace Justicia de la investigación que en su momento continuará el Opfei.
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González planteó que el artículo 4 de la Ley del FEI establece que lo que realiza el DJ es una investigación preliminar y que deben rendir un informe detallado para determinar si continúan con la investigación contra funcionarios. “No hay duda que hablamos de un informe preliminar que viene cargado de información confidencial, que tiene resúmenes, me habla de evidencia, me habla de análisis de evidencia, de las diferentes conclusiones. Entonces, en la misma ley del FEI, establece que siendo esto un informe preliminar, quiere decir que no ha culminado la investigación” , dijo González durante la vista transmitida por videoconferencia.
“El FEI no puede entregar lo que la parte demandante quiere. Afectaría todo un proceso de naturaleza penal y de política pública donde se alegue corrupción gubernamental”, comentó la letrada.
Villanueva, por su parte, insistió en que los referidos no forman parte del sumario fiscal y que el propio DJ indicó en su momento que la investigación había finalizado, por lo que dichos documentos de Justicia deberían ser públicos.
El abogado, además, mencionó que los referidos que hace Justicia al FEI nunca han sido utilizados como evidencia en un caso y que, por lo tanto, no afectarían la investigación que actualmente realiza el FEI.
Actualmente, dos fiscales especiales independientes realizan una investigación —entre ellas una que implica a la gobernadora Vázquez— y el despido de la entonces secretaria del Departamento de Familia, Glorimar Andújar luego de esta iniciar una pesquisa interna y separar de su cargo a la administradora de ADSEF, Surima Quiñones, acción que le pidieron desde la Mansión Ejecutiva que revocara. El informe de Justicia al FEI planteaba que el despido de Andújar fue en represalia por iniciar una investigación sobre alegaciones de corrupción en violación al Código de Anticorrupción.
Asimismo, el pasado 20 de julio, el FEI autorizó a los fiscales especiales independientes Leticia Pabón y Miguel Colón, a que extienda la pesquisa contra la gobernadora el trámite irregular en el que se enviaron los referidos de Justicia al FEI.
Estos referidos fueron firmados por la entonces secretaria de Justicia, Denisse Longo, a solo horas de haber sido destituida por la gobernadora. Tras la salida de Longo, Vázquez designó a la licenciada Wandymar Burgos a dirigir la agencia y en cuestión de horas esta solicitó que se detuviera la entrega de los referidos de Justicia al FEI. Inclusive, la paralización de este trámite surgió cuando un empleado de Justicia se disponía a entregar dichos documentos en las oficinas del FEI.
“Tratándose de hechos estrechamente vinculados con el caso de autos, se autoriza a los FEI a ampliar su investigación para que concluya la irregularidad observada en el trámite de entrega en el PFEI, del informe de investigación en este caso”, reza una resolución del Panel del FEI.
