El juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas, declaró ha lugar una petición para que el Departamento de la Familia le entregue a la ex administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Surima Quiñones los informes preliminar y final que dieron paso a su destitución, por entender que son documentos públicos a los que la demandante tiene derecho.
Los abogados del Departamento de Justicia se comprometieron en este caso a indagar con Familia la disposición para producir los documentos hoy mismo. De no ser así, el juez estaría en disposición de resolver la controversia mediante una sentencia. Así concluyó una vista vía conferencia electrónica en la mañana de hoy en la que Justicia se oponía a entregar los informes realizados en Familia durante el proceso administrativo contra Quiñones por entender que esos documentos forman parte ahora de un referido al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), que a su vez tiene una investigación penal activa, lo que los convierte en confidenciales. Incluso, se planteó que Familia habría perdido jurisdicción sobre los documentos que se trabajaron durante una investigación administrativa.
La investigación fue sobre la intervención de políticos en el proceso de entrega de ayudas a los damnificados del Sur luego de los terremotos de enero pasado.
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Luego de una investigación preliminar sobre el asunto realizada por unos abogados privados, la División Legal de Familia realizó una investigación final que culminó con la destitución de Quiñones. La carta de destitución no incluyó razones. Según surgió de la vista, el Estado plantea que al ser un puesto de confianza no tenía que dar las razones para la separación del cargo. El abogado de Quiñones, Frank Torres planteó que su reclamo ante el Tribunal era uno de acceso a información pública y no sobre el proceso del despido.
“Este es un caso extraordinariamente sencillo de una abogada separada de su cargo y para ser separada de su cargo se realizaron dos investigaciones, una preliminar y una final, planteamos que la licenciada tiene derecho a acceder y que se divulgen esos documentos. Uno, tiene derecho porque son documentos públicos que se generaron en el Departamento de la Familia, y dos, se presume que todo ciudadano tiene derecho de acceso a documentos públicos”, planteó el abogado de Quiñones. Agregó que no se podría levantar la excepción de que se trata de investigaciones en cursos porque las investigaciones administrativas ya culminaron, tanto así, que su clienta fue cesanteada. El abogado Torres dijo que su clienta tenía derecho a su reputación, derechos propietarios sobre el cargo y derecho de acceso a información pública. Más adelante en la vista, aclaró que la única controversia planteada ante el tribunal era sobre acceso a información pública.
La defensa de Quiñones intentó traer al caso que los informes fueron divulgados por Familia a terceros como la prensa y la Cámara de Representantes, pero el juez Cuevas se mantuvo en la controversia sobre el derecho de acceso a información, ya que los argumentos constituían prueba de referencia. Recordó que la prensa maneja fuentes y que de ahí a decir que fue el Departamento de la Familia quien entregó el documento a los periodistas era un largo trecho.”Prefiero mantenerme en que se trata de un funcionario público y se hizo una investigación sobre su trabajo”, dijo el juez Cuevas.
Sobre la divulgación a la Cámara de Representantes, el juez levantó un punto de aparente selectividad en este caso, ya que en el caso del informe de los almacenes de Ponce el cuerpo legislativo tuvo que acudir en varias ocasiones al tribunal para obtener el acceso. Los abogados de Justicia plantearon que eran casos diferentes porque en el de los almacenes de Ponce ya había una investigación penal en curso, mientras en este caso al momento de la Cámara solicitar los informes, todavía no formaban parte de la investigación del FEI.
Los abogados de Justicia intentaron plantear la confidencialidad de los documentos por ser parte del expediente que ahora mismo está ante el FEI, sin embargo la abogada de ese organismo investigativo, argumentó que ellos no formaban parte indispensable de esta controversia por tratarse de la fase administrativa que culminó en el despido de Quiñones. Ante esa postura, no argumentaron sobre los méritos de los argumentos en el caso.
De hecho, el juez Cuevas comentó en un momento de la vista que los documentos solicitados no se generaron en el marco de la investigación del FEI.
“El ELA parece que está viendo casos distintos. Aquí no se está planteando el despido […] el mandamus de autos está predicado en el derecgo de acceso a información pública bajo la Constitución. Esos documentos son públicos. Mi clienta tiene derecho a tenerlos, uno por ser ciudadana de Puerto Rico y dos porque fueron la base a su destitución”, dijo el abogado Torres. Añadió que agotaron los procesos ante la agencia.
“Entendemos que los documentos forman parte del referido al FEI, pero si el FEI no tiene objeción o repatos, usted señor juez debe decidir conforme a derecho”, dijo el abogado Antonio Cintrón Almodovar, en representación del gobierno de Puerto Rico.
Una investigación preliminar de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en la que se utilizaron como parte de la prueba evaluada los informes de Familia culminaron en un referido al FEI. El panel de exjueces del FEI asignó fiscales para investigar a Quiñones, a la senadora Evelyn Vázquez, al secretario de la Gobernación Antonio Pabón y a la gobernadora, Wanda Vázquez. En el caso de la gobernadora, se alega que despidió a la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar como represalia por iniciar las investigaciones en Familia sobre Quiñones y el manejo de los suministros de ADSEF durante la emergencia. Se está recomendando aplicar el Código Anti Corrupción de Puerto Rico en lo respectivo a la protección de la figura del denunciante de alguna posible irregularidad.
Las ayudas de ADSEF distribuidas en el Sur forman parte de programas federales.