A menos de un mes de que concluya la presente sesión legislativa, el Congreso podría acabar con la incertidumbre de unos $1,054 millones en fondos de Medicaid y autorizar al gobierno de Puerto Rico a que los utilice en el próximo año fiscal.
Al menos así opinó el analista Philip Escoriaza, quien señaló que, ante un apretado calendario legislativo en el Congreso, la medida para autorizar un ‘carry over’ o una transferencia de estos fondos podría ser incluida en un ómnibus presupuestario que debe aprobar el Congreso en los próximos días ya que expira el término de las apropiaciones temporeras.
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Ayer se reveló que la gobernadora Wanda Vázquez envió una misiva a los líderes congresionales Mitch McConell, presidente del Senado y Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, para que autorice un “carry over” o una transferencia al próximo año fiscal de unos $1,054 millones en fondos de Medicaid luego de que confesara que estos no han podido ser utilizados durante este año fiscal. Para evitar que estos fondos se pierdan, el Congreso debe autorizar dicho ‘carry over’ o transferencia antes del 30 de septiembre cuando finaliza la sesión legislativa congresional previo a un receso debido a las elecciones de noviembre.
Sin embargo, el también abogado objetó que el gobierno de la isla haya dejado a último momento la notificación de este posible precipicio fiscal en torno a fondos relacionados al sistema de salud. “Me parece inaudito que a menos de 30 días descubran que se van a quedar sin fondos porque si no se iba a descalabrar el sistema de salud de Puerto Rico”, dijo Escoriaza en entrevista telefónica.
Pese a esto, Escoriaza confía en que el Congreso pueda incorporar una disposición en dicho vehículo legislativo que autorice al Departamento de Salud federal a que transfiera la asignación al próximo año fiscal. “Confío que no va a ser muy difícil lograr que en el Congreso incluyan lenguaje presupuestario para extender el uso de esos fondos para Puerto Rico. Te lo digo porque hay muchas otras jurisdicciones en Estados Unidos que se enfrentan a problemas similares y en ese sentido Puerto Rico no está solo. El retraso por el COVID ha obligado a reconocerle o a proveerle una flexibilidad de fondos”, agregó.
Por su parte, Rafael Cox Alomar, opinó que luce improbable que el Congreso pueda autorizar dicha transferencia debido al poco tiempo que cuenta en el calendario legislativo. “Eso [transferir los fondos Medicaid para el próximo año fiscal] requiere acción del Congreso y para que el Congreso actúe es muy poco el tiempo que queda disponible. Fíjate que el Congreso actual solo quedan unos días ya que el año fiscal vence el 30 de septiembre”, comentó.
A juicio de Cox Alomar esta controversia además pone en entredicho la credibilidad del gobierno para solicitar fondos adicionales ya que no ha demostrado que tiene la capacidad para utilizarlos. “Esto es una herida mortal a la estrategia nuestra de acceder a mayores fondos federales para Salud porque nos pone en entredicho en Washington. Pides muchos fondos, te asignan $2.6 billones pero no tienes la capacidad para utilizarlos con tanta necesidad que hay en Puerto Rico”, mencionó Cox Alomar.
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De igual forma opinó Escoriaza y añadió que si bien la controversia surge en pleno pulseo electoral, estos contratiempos evidencian las dificultades administrativas del gobierno local.
“Más allá de la controversia política y de la oportunidad de sonar de cara a un proceso electoral en menos de dos meses, hay un problema de fondos y es que el sistema salud de Puerto Rico sigue demostrando que aun asignándole miles de millones de dólares sigue arrastrando una serie de dificultades administrativas para poner ese dinero a trabajar por el país. Y ese es el problema que se enfrentan cada vez que vienen a Washington a pedir más dinero. Es un asunto de credibilidad”, subrayó Escoriaza.