La organización Ayuda Legal cuestionó ayer las prioridades del gobierno para otorgar varios contratos a entidades privadas con fondos provenientes de la Ley Cares en lugar de atender las necesidades de sectores vulnerables en medio de la pandemia por el Covid-19.
Ayer, la entidad objetó que varias agencias de gobierno hayan aprobado contratos con distintas compañías privadas sin antes haber desembolsado fondos para implementar el programa de Telemedicina en Puerto Rico, con una asignación de $40 millones; completar el desembolso para la adquisición de equipos tecnológicos para estudiantes, con una asignación de $50 millones y la protección de nóminas para el sector privado el cual cuenta con una asignación de $350 millones, según se desprende del informe semanal que emite la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).
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“Cuatro meses después, la mayoría de estos dineros no se ha utilizado y no queda claro en que se han gastado las sumas que sí han sido desembolsadas”, puntualizó Nicole Díaz, analista de política pública de Ayuda Legal.
La organización apuntó a que el gobierno ha desembolsado unos $4 millones para estas empresas privadas. En el caso del Departamento de Corrección, se le asignó unos $10 millones para atender gastos de emergencias en las cárceles. Del informe del 28 de agosto —y en el informe del 4 de septiembre— se desprende que la agencia ha utilizado $3,570,285. Mientras que el informe revela que la agencia ha realizado más de 20 desembolsos a la empresa LCA Construction and Management que sobrepasan $1 millón. Asimismo, ha realizado cuatro desembolsos a la empresa Taluna Corporation, Grupo BC, Hastings Global LLC y JD García Construction. Estos contratos no aparecen en el portal de la Oficina el Contralor y el informe de Aafaf no muestra las labores que deberán realizar estas empresas para atender la emergencia por el Covid-19.
Asimismo, la organización denunció que en la categoría del Programa para prmover el trabajo remoto en el gobierno, las agencias relacionadas —Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Oficina de Tecnología e Innovación y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos— han autorizado desembolsos de más de $593,000 a la empresa de tecnología Softek. Bajo este programa, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) también contrató a la firma legal Vázquez Graziani y Rodríguez para ofrecer asesoría a la agencia en torno a protocolos y políticas relacionadas al Covid-19.
La agencia, además, autorizó otro contrato por $250 mil a la empresa de publicidad, Be Social. De acuerdo con el contrato, la agencia requirió los servicios de una compañía de publicidad para orientar a la ciudadanía sobre los servicios digitales del DTOP y para solicitar turnos.
“En este contexto, el gobierno de Puerto Rico ha demostrado nuevamente su incapacidad para proteger los derechos básicos de las personas en cuanto a economía, salud y educación, mientras ha sido rápido para repartir fondos y contratos de forma cuestionable a entidades de capacidad dudosa”, cuestionó Díaz.
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Díaz también señaló que el gobierno no ha atendido el reclamo de la organización para asignar fondos para atender a aquellas personas que perdieron su empleo y no cuentan con ingresos para pagar su renta. Indicó que, de los fondos provenientes de la Ley Cares, el gobierno podría utilizar una porción de unos $385 millones para un programa de asistencia de renta.
Metro intentó obtener una reacción de Aafaf y de Corrección, pero al momento de publicarse esta nota no recibió respuesta.
Donantes a campañas políticas
Por su parte, la organización también denunció que entre las personas contratadas figuran donantes del Partido Nuevo Progresista (PNP). Del portal de la Oficina del Contralor Electoral se desprende que una de estas es María Elena Vázquez Graziani, quien representó a la firma legal Vázquez Graziani y Rodríguez en el contrato con DTOP. En 2019, Vázquez Graziani realizó cuatro donativos a los comités de campaña de Pedro Pierluisi, Carlos ‘Johnny’ Méndez, Juan Oscar Morales y Daniel Russe. Al comité de Pierluisi, donó unos $2,700. Las otras tres donaciones totalizan unos $1,900.
