La comisionada residente, Jenniffer González Colón, catalogó como otra estocada al estatus colonial bajo el ELA, la solicitud de revisión radicada por el Departamento de Justicia federal, a las dos decisiones judiciales que han declarado inconstitucional la exclusión del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) en la Isla.
“El caso U.S. vs Vaello- Madero es uno de varios casos que se ven en los tribunales donde por la vía judicial se busca apelar las desigualdades que enfrentan los residentes de Puerto Rico por vivir en un territorio. Los tribunales federales determinaron que se comete discriminación contra Puerto Rico en este programa. Por otro lado, la solicitud de revisión de Justicia federal se basa en que las condiciones bajo las que vivimos en nuestro territorio, cómo la aplicación del SSI, están atadas a la voluntad del Congreso. Caemos en la trampa colonial del ELA, en donde se nos trata como ciudadanos de segunda categoría a la hora de participar en igualdad de condiciones en todos los programas federales”, dijo González Colón en declaraciones escritas.
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Añadió que “el ELA es la barrera que nos separa de la igualdad y de disfrutar plenamente de nuestros derechos como ciudadanos americanos. Esta solicitud de revisión de Justicia federal refuerza nuestro llamado a votar por él Si en el plebiscito de noviembre para que el pueblo no tenga que seguir sufriendo las discriminaciones que se permiten bajo el mal llamado Estado Libre Asociado”.
Por su parte, el candidato a comisionado residente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá responsabilizó a González Colón de la determinación del gobierno del presidente Donald John Trump de apelar.
“En un tema tan importante, y con los contactos y conexiones que González alega tener ante el gobierno republicano que ella respalda, el resultado en este caso ha sido contrario a los intereses de Puerto Rico. Esta es la comisionada que se vanagloriaba de ser reconocida y respetada en Washington. Lo menos que se esperaba era un esfuerzo serio, consistente y estratégico de convencimiento a favor de más de trescientos mil puertorriqueños pobres, de más de 65 años o con discapacidades que se beneficiarían de este programa que en promedio brinda 575 dólares mensuales. Eso obviamente no ocurrió y hoy vemos los resultados”, aseguró Acevedo Vilá.
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El Tribunal Apelativo determinó el pasado 10 de abril, de que la exclusión de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico de los beneficios por discapacidad bajo el SSI contraviene las garantías de igualdad de protección de la Quinta Enmienda de la Constitución.
En primera instancia, la decisión fue emitida por el juez Gustavo Gelpí.
