De los $20.2 mil millones asignados en fondos de recuperación luego del huracán María mediante el programa Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés), Puerto Rico tiene la aprobación para utilizar apenas un 16%, es decir, $3.2 mil millones. De ese dinero disponible, el Gobierno solo ha usado 2%, al cierre del año fiscal 2020.
El proceso burocrático y las restricciones del Departamento de Vivienda federal, sumados a los cambios continuos de personal, y de planes del Gobierno de Puerto Rico, inciden en la demora del desembolso del dinero, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
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Al cierre del año fiscal, el 30 de junio, se habían desembolsado $67 millones, según la oficina interagencial federal Recovery Support Function Leadership Group (RSFLG), es decir, un 76% de lo proyectado por el Plan Fiscal 2020 certificado por la Junta de Control Fiscal.
Algunos de los proyectos de recuperación han cambiado de agencia responsable; otros han sido cancelados. En 13 de ellos, apenas se ha gastado 2% o nada de su presupuesto, como es el caso del programa de Capacitación Laboral, que estaba a cargo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio pero ahora es supervisado por el Departamento de la Vivienda. Este programa – dirigido “a los residentes desempleados y subempleados a encontrar empleo mediante la capacitación laboral en áreas de destrezas relacionadas con los esfuerzos de recuperación” – tiene un presupuesto de $30 millones en la primera subvención. A junio, sólo se habían gastado unos $3,671.
La búsqueda de la información sobre el estatus del uso de fondos de recuperación en las páginas web del Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés) y RSFLG arroja distintos resultados. Pero independientemente de si los datos están atrasados o actualizados, el veredicto es el mismo: Puerto Rico está clasificado como “gastador lento” (slow spender) en el uso de la primera subvención CDBG-DR recibida, de $1.5 mil millones. Esta clasificación apareció por primera vez en el informe financiero de enero de HUD, dos meses antes del inicio de la pandemia por el COVID-19.
“Gastador lento” en el esquema federal significa que está usando un 10% menos de lo establecido mensualmente para cumplir con la fecha de cierre de esta asignación.
El portal de HUD ha tenido problemas técnicos para publicar sus informes de desempeño diarios y “está bajo construcción” al menos desde principios de julio. Además, no publica los informes mensuales financieros desde marzo debido a la pandemia, según dijo al CPI personal de esa agencia.
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La segunda subvención de $8.2 mil millones de fondos CDBG-DR, el secretario de HUD, Ben Carson, anunció que se repartiría con limitaciones y en partes. El Departamento de la Vivienda tuvo acceso solo a $1.7 mil millones. Hasta junio, no hay informes de gastos de esta asignación, según el RSFLG.
“De esos $3,200 millones en fondos de la primera y segunda asignación que se han hecho disponibles, Vivienda ha comprometido aproximadamente $1,116 millones [al 2 de septiembre]”, dijo al CPI el secretario de la Vivienda, Luis Fernández Trinchet, quien prefirió enfatizar en dinero comprometido y no en el gastado.
Los fondos “comprometidos” significan que hay una obligación de gastarlos. No implica que ya se hayan gastado, sino que la agencia del gobierno de Puerto Rico se compromete a gastarlos.
Al cuestionarle sobre las razones para la tardanza, Fernández Trinchet indicó que “el balance de la subvención CDBG-DR no mostrará transferencias significativas hasta que las casas se completen y se hayan cerrado los casos o sean completadas las subvenciones dentro de los programas”.
Un proceso burocrático y lleno de tecnicismos
Para acceder a los fondos CDBG-DR, el Gobierno de Puerto Rico tiene que elaborar un plan de acción, pero no puede hacerlo hasta que HUD publique las notificaciones de la asignación en el Registro Federal. Estos avisos incluyen las guías para el uso de los fondos, las disposiciones legales, los requisitos, criterios de aprobación, y qué proyectos y exenciones son permitidas en el Plan de Acción.
Para cada subvención se prepara el plan (y puede haber enmiendas), y se realizan vistas públicas para la ciudadanía. Cuando el borrador del plan está listo, se publica para que los ciudadanos y entidades lo comenten. HUD debe aprobar el plan para entonces firmar un acuerdo final con el Departamento de la Vivienda local, que es el administrador principal de estos fondos en Puerto Rico.
Ya se firmaron los acuerdos finales para la primera y la segunda subvención. HUD aprobó la enmienda del plan para la tercera subvención, pero falta la firma del acuerdo final. “Vivienda no ha recibido copia de tal acuerdo aún”, dijo la agencia al CPI.
En este plan, cuya versión final aún no se ha publicado, se incluyó que las personas que no deseen reubicación bajo el programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3) pueden aplazar esa asistencia para participar de un programa de mitigación, que les permitiría conservar su vivienda en la misma comunidad. Esta fue una de las sugerencias de la organización Ayuda Legal, dirigida por Ariadna Godreau-Aubert.
“Toda persona que estaba bajo la amenaza de ser desplazado por las políticas que tenía el Plan de Acción ahora van a poder tener la oportunidad de mitigar y tener su propiedad en la misma comunidad donde estaban”, explicó la abogada Paula Fournier del Valle, quien calificó como “tremendo logro para nuestros reclamos de abogacía en Ayuda Legal”.
Para la cuarta subvención – los fondos para mitigación – , HUD exigió un nuevo plan de acción a Vivienda que debe entregar antes del 3 de diciembre de 2020. HUD advirtió al Congreso que esta subvención representa un reto en su manejo, no sólo por el monto, $8.2 mil millones, sino porque la agencia federal nunca ha administrado un programa de mitigación de tal magnitud.
El 16 y 18 de septiembre se celebrarán vistas públicas sobre los fondos de mitigación. Se transmitirán en directo a las 8:00 p.m. por WIPR (televisión y radio), Facebook y YouTube.
De la quinta subvención – los fondos para la red eléctrica –, el secretario de Vivienda dijo que “aún no hemos recibido notificación de parte de HUD, más allá de indicar que lo están trabajando. Al momento, desconocemos cuándo estarán publicando las guías en el Registro Federal”.
El CPI preguntó a HUD para cuándo espera que se publique la notificación, pero la agencia federal dijo que no hay una fecha requerida por ley.
“HUD está trabajando con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y otras agencias para publicarla lo más pronto posible de manera que se garantice el mejor uso de los fondos”, dijo en declaraciones escritas.
¿En qué se gastó la primera subvención?
El aviso inicial de los primeros $1.5 mil millones fue el 1ro de febrero del 2018. El acuerdo final se firmó el 20 de septiembre del 2018 cuando hasta el secretario de HUD, Carson, llegó a La Fortaleza. No fue hasta el 2 de febrero del 2019 que HUD autorizó a Puerto Rico el uso del dinero.
Se han gastado $67 millones de esa primera subvención, que equivale a un 4% de los $1.5 mil millones.
La partida de administración es la que más dinero había usado, según informes hasta junio, pues de los $75 millones presupuestados, se había gastado un 32%, o $24 millones. Vivienda dijo que había contratado 105 empleados transitorios y de confianza para trabajar con los fondos de CDBG-DR y proyectaba otros 104 puestos. Hasta julio, el Secretario indicó que la contratación iba por 132 empleados.
En el programa R3 – el de mayor presupuesto – se habían desembolsado un poco más de $37 millones, que equivale al 43% de los $835 millones asignados en la primera subvención. Según el secretario de Vivienda, en todo Puerto Rico hay 4,500 casas con toldos azules y en el programa R3, hay unas 2,600 solicitudes relacionadas a casas con toldos.
Hay 18 proyectos bajo la primera subvención. Dos de ellos son para la administración y la planificación del programa per sé. Los restantes 16 están enfocados en vivienda, economía, planificación a futuros eventos, infraestructura y multisectorial.
La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, Foundation for Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, Discover Puerto Rico, Invest for Puerto Rico, el Banco de Desarrollo Económico y el propio Departamento de la Vivienda son las principales agencias responsables de los 18 programas. Originalmente, se estableció un periodo de seis años – hasta el 2024 – para completar los programas. Sin embargo, HUD notificó en agosto la extensión de un año adicional para gastar los fondos debido a la pandemia.
“Nuestros calendarios de trabajo no han sido alterados hasta el momento, pero este aviso nos provee la flexibilidad de alterarlos en caso de que la implementación de alguno de nuestros programas se vea afectada a largo plazo por motivo de la pandemia. Ejemplo de esto, fue el periodo de tiempo en que el programa R3 tuvo que paralizar los trabajos de construcción por la prohibición contenida en la Orden Ejecutiva [relacionada al COVID-19]”, dijo Vivienda.
Ejemplos del tiempo perdido
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), dirigido por Manuel Laboy Rivera, estaba a cargo del programa de Capacitación laboral. Sin embargo, a comienzos de este año el Departamento de la Vivienda le quitó al DDEC la responsabilidad de ese y otros cinco proyectos con fondos CDBG-DR.
En septiembre del 2019, el entonces secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, canceló una solicitud de propuesta por parte del DDEC por alegadamente incumplir con los procesos de HUD. En una extensa carta de octubre dirigida a Laboy Rivera, Gil Enseñat explicó que personal de Vivienda supo que un “alto funcionario” del DDEC dio instrucciones para reevaluar la propuesta para permitir la participación de otros proponentes. Ese funcionario, a quien Gil Enseñat no identificó en la carta, no era parte del grupo de trabajo de CDBG-DR.
Gil Enseñat indicó también en la carta que Vivienda tuvo 129 reuniones, llamadas telefónicas y adiestramientos desde julio del 2018 con personal del DDEC en aras de apoyar en el proceso para acceder a los fondos CDBG-DR. Especificó que seis de ocho miembros del grupo de CDBG-DR del DDEC renunciaron, fueron despedidos o reasignados.
Laboy Rivera refirió a Gil Enseñat al Departamento de Justicia por “preocupaciones” en el manejo de los fondos CDBG-DR. Justicia confirmó que recibió la “comunicación” sobre Gil Enseñat el 1 de noviembre del 2019, pero aún no tiene un informe. La secretaria interina de Justicia, Inés Carrau Martínez, dijo en declaraciones escritas al CPI que refirió “el asunto” a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor.
Ahora el Banco de Desarrollo Económico y el Departamento de la Vivienda son los encargados de los programas económicos. Gil Enseñat renunció a su cargo en enero a petición de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
Igualmente, la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) ya no aparece como “entidad administradora” del programa de Planificación integral de la resiliencia comunitaria junto a la Foundation por Puerto Rico (FPR) para “desarrollar planes de resiliencia”. En 2017, HUD ya había señalado sus preocupaciones sobre la capacidad administrativa de ODSEC.
Al cuestionarlo sobre si está satisfecho con el desempeño de la FPR, el secretario de la Vivienda, Fernández Trinchet, dijo que es una de las entidades que “estamos mirando con detenimiento”. A junio, FPR había gastado unos $600 mil de los $37 millones de la primera asignación.
“Nos hemos sentado con ellos en par de ocasiones y estamos mirando de cerca lo que Foundation está haciendo. Vamos a decir que todavía estoy en un proceso de evaluación”, explicó Fernández Trinchet, quien fue nombrado en enero tras la salida de Gil Enseñat.
El equipo de CDBG-DR en Vivienda también tiene una nueva cara. La licenciada Maretzie Díaz Sánchez estuvo como la subsecretaria interina del programa desde hace tres meses, luego de que Dennis González renunciara al puesto el 31 de mayo. Vivienda informó que Díaz Sánchez fue nombrada al cargo formalmente el 3 de agosto.
Hace un año y medio, Díaz Sánchez se desempeñaba en Vivienda como directora de Recuperación de Desastres, enfocada en la parte de cumplimiento, “supervisando la división legal, la división de adquisición, monitoría y auditoría”.
Según su página de LinkedIn, Dennis González trabaja hace tres meses como “director” en la firma Hagerty Consulting, que ofrece servicios de planificación y recuperación de desastres. Brock Long, quien recibió fuertes críticas como administrador de FEMA por la lenta respuesta tras el huracán María en Puerto Rico y renunció tras señalamientos por el uso indebido de vehículos oficiales, es el presidente ejecutivo de Hagerty Consulting. Esta firma aparece como inscrita en enero del 2018 en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado de Puerto Rico.
El alcalde de la ciudad de Evanston (Illinois), Steve Hagerty, fundó la empresa en 2001. Como alcalde en funciones, Hagerty estuvo en Puerto Rico en marzo del 2018 y visitó al alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri.
La Gobernadora aceptó nuevas capas de burocracia para la segunda subvención
Aunque HUD aprobó el Plan de Acción para la segunda subvención CDBG-DR a finales de febrero del 2019, no fue hasta un año después que firmó el acuerdo final, un mes antes de que iniciara la pandemia.
Con la firma de ese acuerdo, la Gobernadora aceptó las condiciones de HUD para que Vivienda pueda acceder a los $8.2 mil millones, en partes, y que los próximos planes de acción y enmiendas pasen por el crisol de la Junta de Control Fiscal y por la revisión del monitor financiero federal, Robert M. Couch.
“La Junta no aprueba; lo que hace es que certifica [lo propuesto por Vivienda] para que cumpla con el Plan Fiscal aprobado y con el presupuesto del Gobierno”, aseguró el titular de Vivienda, cuando el CPI le preguntó por las capas de aprobaciones añadidas para acceder a los fondos.
La Junta emitirá una certificación si el Plan de Acción o las enmiendas para acceder a más fondos “es consistente con el presupuesto certificado y con el plan fiscal”, establece el acuerdo. En caso de que la Junta no emita una certificación, HUD puede autorizar que Vivienda acceda a los fondos.
Cuando la Junta certificó el plan para autorizar la primera tajada de $1.7 mil millones – de la que no se reflejan gastos al 30 de junio –,recomendó que se le diera “cierto giro” al proyecto Iniciativas de Planificación de Agencias, que busca identificar las propiedades sin título y las estructuras informales o no registradas.
La Junta también sugirió que el programa de Capacitación Laboral fuera coordinado con el DDEC. “Aparentemente el DDEC no estaba interesado. Así que entonces, lo que hemos optado es por correr el programa directamente nosotros, en Vivienda”, añadió Fernández Trinchet.
Al preguntarle cuál fue la razón del DDEC para no “estar interesado”, Vivienda dijo que “luego de varias conversaciones informales con el DDEC, los diversos planes de cada agencia y la necesidad de canalizar lo antes posible los esfuerzos de los diversos programas de CDBG-DR, nos llevaron a continuar desarrollando el programa. En estos momentos, el programa se encuentra revisando las propuestas recibidas”.
La Junta certificó desde abril dos enmiendas al Plan de Acción de Vivienda que fueron enviadas al Secretario de HUD. Además, aprobó un borrador del Manual de Adquisiciones, que establece las reglas y guías para la adquisición de bienes y servicios para el programa CDBG-DR.
Además de la intervención de la Junta y el monitor federal, la Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario, una subsecretaría de HUD, realiza reuniones semanales con el equipo de CDBG-DR de Puerto Rico, dijo Fernández Trinchet. Se reúnen con Laura Rivera, quien es la asistente del director de la División de Recuperación de Desastre del Caribe y Asuntos Especiales, de la oficina de HUD en Puerto Rico.
El principal oficial financiero de HUD, Irving L. Dennis, y el coordinador federal para Puerto Rico, el contralmirante Peter Brown, también supervisan el programa.
“El monitor federal vino a ser el filtro para las 16 agencias que nos supervisan entre locales y federales”, dijo el Secretario de Vivienda. El segundo acuerdo establece que el monitor debe revisar los desembolsos de todos los fondos CDBG-DR.
