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Detenidos en el Capitolio los dos proyectos aprobados que imponen controles a las aseguradoras

Ninguna de las medidas ha sido enviada para la firma de la gobernadora Wanda Vázquez, quien presentó ambas medidas

Pharmacist holding medicine box and capsule pack Pharmacist holding medicine box and capsule pack in pharmacy drugstore. (RAPISAN SWANGPHON JOHN/Getty Images/iStockphoto)

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Ninguno de los dos proyectos de administración que buscan acelerar el despacho de medicamentos recetados, así como el pago de las aseguradoras a los proveedores de salud, ha sido enviado a La Fortaleza, a pesar de que ambos fueron aprobados tanto en Cámara y Senado el 6 de agosto.

Una de las dos medidas es el Proyecto del Senado (PS) 1658, al que la Administración de Seguros de Salud (ASES) le condicionó el apoyo a que se presentaran unas enmiendas “sobre la dosis y el fraccionamiento de medicamentos”. ASES, en un inicio, apoyó el proyecto, pero tras será aprobado en ambos cuerpos legislativos solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez que lo vetara por su presunto impacto fiscal.

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El PS 1658, en síntesis, busca que las aseguradoras se vean en la obligación de cubrir el costo de la primera dosis recetada a un paciente, en tanto se determina si la persona es elegible a una excepción médica. Además, dispone que las aseguradoras deberán notificar dentro de 48 horas la decisión ante cualquier solicitud de excepción médica. Ese término se reduce a 24 horas cuando se trata de medicamentos controlados.

En entrevista con Metro, el director de ASES, Jorge Galva, alegó que el lenguaje del proyecto obligaría a la aseguradora a cubrir hasta dos dosis de un medicamento recetado a un paciente, lugar de únicamente la primera.

Por otra parte, el Proyecto de la Cámara (PC) 2583 pretende uniformar en 30 días –contados desde el momento en que se somete la reclamación– el periodo para que las aseguradoras desembolsen al proveedor el pago por servicios de salud prestados.

Por haber finalizado en junio la última sesión ordinaria del cuatrienio, la gobernadora tendría 30 días para firmar cualquier proyecto de ley que llegue a su escritorio. Pasado ese tiempo, se constituiría un veto “de bolsillo”, en el que Vázquez no tendría que explicar por escrito a la Legislatura sus motivos para bloquear la medida. En los casos del PS 1658 y el PC 2583, la cuenta regresiva no ha comenzado, todas vez que no han sido enviados a la gobernadora.

En el caso de ambos proyectos, se dispuso que fueron enrolados el 6 de agosto pero, según se desprende del portal de trámite legislativo, no se han remitido a La Fortaleza.

Para poder enmendar el PS 1658, o cualquier otro aprobado en la pasada sesión extraordinaria, la primera ejecutiva tendría que convocar a la Asamblea Legislativa a una segunda sesión de este tipo e incluir la medida en la agenda de trabajo.

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