El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, solicitó al Negociado de la Policía, así como el Departamento de Hacienda, multar y cerrar los comercios que operen ilegalmente, maquinitas de videojuego para adultos.
“Basta ya del abuso de un puñado de comerciantes poco responsables que están permitiendo el uso de estas maquinitas de videojuego, a pesar de que están totalmente prohibidas bajo la actual Orden Ejecutiva para contener la pandemia del COVID-19. Las imágenes que han circulado las redes sociales y los medios de comunicación sobre negocios operando estas maquinitas es algo deplorable y se tiene que terminar. Hago un llamado al comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, así como al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, a que realicen operativos en estos negocios para multar a sus propietarios y cerrar los mismos inmediatamente”, comentó el líder estadista mediante un parte de prensa.
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Las expresiones de Aponte Hernández se dieron luego de que múltiples fotografías de personas usando estas maquinitas de videojuego en farmacias, colmados, agencias hípicas y otros establecimientos alrededor de la Isla.
“La gente está sufriendo, no tienen dinero y aun así hay un grupito de personas poco responsable que, con pleno conocimiento de esto, insisten en la operación de estas maquinitas, perjudicando al pueblo. Es hora de que le caiga todo el peso de la ley. La Policía y Hacienda tienen que tomar cartas en este asunto, cerrando inmediatamente estos comercios que operan las maquinitas de manera clandestina y sin cumplir con los parámetros de seguridad por la pandemia”, añadió el Representante del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Según dijo Aponte Hernández, mientras los operadores como casinos no pueden abrir sus puertas debido a la Orden Ejecutiva, aún cuando hicieron inversiones de miles de dólares para cumplir con medidas de seguridad, estos comercios que permiten el uso de estos sistemas de videojuego para adultos, en clara competencia desleal, no aportan nada a la salud ni al erario público. Recordemos que de los casinos legales se aporta a la Universidad de Puerto Rico y a Turismo.
