Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández Montañez, Luis Raúl Torres Cruz y Jesús Santa Rodríguez emplazaron a Omar Marrero, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) a desembolsar los fondos federales asignados para mitigar el impacto en la nómina y así evitar el despido de miles de padres y madres que permanecen al cuidado de sus hijos por el cierre de escuelas y centros de cuido.
“La posibilidad de que el Gobierno de Puerto Rico tenga que devolver más de un billón de dólares en fondos federales es reprochable cuando existe tanta necesidad en la Isla. No han invertido un centavo de los $350 millones para proteger empleados, muy en especial a los padres y madres que no tienen alternativas para el cuidado de sus hijos”, expresó el representante Hernández Montañez en declaraciones escritas.
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Hernández Montañez dijo que “la emergencia provocada por el COVID-19 ha tocado la vida de cada familia que ha recibido el impacto de las medidas de emergencia para prevenir la propagación del virus, y que hoy se debaten entre conservar su trabajo o abandonar a sus hijos en sus casas por el cierre de centros de cuidos y escuelas que comenzaron a impartir clases de modo virtual”.
Por su parte, Luis Raúl Torres catalogó de “inaceptable que el Gobierno solo haya distribuido el 37% de los $2,240 millones asignados a través de la ley federal CARES ACT para combatir los efectos de la pandemia del COVID-19 en la isla, cuando según los datos del Departamento del Trabajo, ya se han perdido alrededor de 82,200 empleos durante esta emergencia”.
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“La gobernadora Wanda Vázquez anunció el 14 de mayo de 2020 un extenso plan para distribuir los más de $2,200 millones destinados para la recuperación de Puerto Rico y emitió la OE-2020-040 a esos fines. Sin embargo, a tres meses de ese anuncio, es inadmisible que queden sin utilizar $1.6 billones del monto total que asciende a $2,190,625,864, y si no se usan antes de diciembre, corremos el riesgo de que se pierdan,” manifestó Torres Cruz.
En ese sentido, Jesús Santa explicó que “existen leyes que cobijan a estos empleados y que hay métodos alternos que pueden emplearse para evitar el despido masivo de esos padres y madres que necesitan trabajar desde sus hogares para poder estar al cuidado de sus hijos”.
Santa Rodríguez mencionó la Ley Familias Primero en Respuesta al Coronavirus (FFCRA por sus siglas en inglés) que establece que un empleado tendrá derecho a tomar licencia laboral relacionada al Covid-19 si no le es posible trabajar porque está cuidando a un hijo cuya escuela o lugar de cuidados está cerrado.
“A través del FFCRA, el gobierno federal, el Congreso y el Presidente, reconocieron dos nuevas licencias de las cuales los empleados privados y públicos pueden beneficiarse, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Esta Ley requiere que algunos patronos provean a sus empleados una licencia de enfermedad con paga y una licencia especial médico familiar extendida por motivos específicos relacionados con el COVID-19”, añadió Jesús Santa.
Los representantes, también indicaron que “está la Ley 4 de 2017 de la Reforma Laboral, que otorga el derecho a todo empleado a solicitar que se le permita trabajar desde otro espacio físico que no sea el que está asignado a trabajar, lo que puede incluir un derecho a solicitar a desempeñarse remotamente”. “Muchas de nuestras empresas están orientadas a los servicios, por lo que estos fondos federales pueden destinarse a brindarle las herramientas necesarias a los patronos para que estos puedan permitirle a sus empleados trabajar desde el hogar”, insistieron.
Los legisladores de la Pava indicaron que enviaron una carta a Manuel A. Laboy Rivera, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y al licenciado Carlos Rivera Santiago, secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos(DTRH). También estarán radicando una resolución en la Cámara, tan pronto reanuden labores, para que se rinda cuentas sobre el retraso en el desembolso de los fondos federales asignados a la Isla y para que se implanten las medidas necesarias para proteger los miles de empleos de los trabajadores que enfrentan la crisis causada por el Covid-19.
“Nuestro reclamo al Presidente de la Cámara, a la mayoría del PNP y a este Gobierno es que sean empáticos, sensibles y cumplan con su responsabilidad social de administrar y desembolsar efectivamente los recursos asignados a Puerto Rico por el gobierno federal. No existen razones para que sigan dilatando este proceso y pongan en riesgo los miles de trabajos de nuestra gente”, enfatizaron.
