Del CPI
A tres años del paso del huracán María, pescadores de Puerto Rico no han visto ni un centavo de los fondos para asistencia por las pérdidas que ocasionó el temporal, todavía varias villas pesqueras no han sido rehabilitadas y en otras no han podido reiniciar sus labores habituales por falta de equipos, embarcaciones o rampas. En el peor de los casos, algunas cerraron.
La burocracia en el manejo de los fondos sumada a la dejadez en los procesos por parte del Departamento de Agricultura, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) han sido la traba para el acceso al dinero, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
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“Mejor nos hubiéramos dejado arrastrar [por el huracán]. [El Departamento de] Agricultura nos dijo que no sabía qué hacer con nosotros. Nos dejaron al garete. El pescado lo llevamos a una marquesina de uno de los pescadores, pero, cuando esas neveras se llenan, tenemos que dejar de pescar una o dos semanas. Ahora mismo, no tenemos dónde almacenar. No tenemos nada, nada, así estamos: en la nada”, narró Rey Alma, presidente de la desaparecida pescadería Villa del Ojo, ubicada en la playa Crash Boat, en Aguadilla, en la que trabajaban 42 pescadores.
Tras el huracán de 2017, esta villa quedó en ruinas y lo que quedó fue derrumbado debido a nuevos puntos limítrofes de la zona marítimo terrestre, explicó el secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Aunque el funcionario planteó mudar la villa a otra zona de este municipio, aún los pescadores aguadillanos desconocen el lugar exacto y cuándo comenzaría ese proceso.
En siete meses, no aparecen los títulos de propiedad de siete villas pesqueras del Gobierno
Aunque FEMA no precisó al CPI las razones por las que no se han aprobado ni desembolsado fondos correspondientes a las villas pesqueras, el Secretario de Agricultura reconoció que el tranque está en que la agencia no ha entregado pruebas de los títulos de propiedad de siete de las villas pesqueras que administra.
Según Flores Ortega, el reclamo de fondos de recuperación se hizo en bloque para las 33 villas que pertenecen a Agricultura. Por esa razón, al no poder demostrar la titularidad de siete de estas, FEMA tiene aguantados los fondos de todas.
El problema de los títulos de propiedad fue denunciado el 24 de febrero de 2020 por el agrónomo Víctor Marrero, director del Programa de Pesca del Departamento de Agricultura, durante una vista pública en la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus de la Cámara de Representantes que dirige José Aponte Hernández.
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Siete meses después, Agricultura no ha hecho nada para solucionar ese problema y lograr identificar el paradero de los títulos de propiedad en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico.
“Tengo que ser bien sincero: eso [la búsqueda de los títulos de propiedad] se ha pospuesto para atender otras cosas de extrema prioridad. Hay cosas que son urgentes y hay cosas que son inmediatas y hemos estado en ese proceso”, aceptó el Secretario de Agricultura.
A pesar de que el CPI insistió en conocer cuáles son las villas específicas de las que no se tienen los títulos de propiedad, la agencia no suministró la lista. Flores Ortega se limitó a decir que el proceso para identificar estos títulos se extendió a consecuencia de la pandemia del COVID-19, pero que junto a la división legal de la agencia trabajan para que, una vez se normalice la situación, puedan concluir el proceso de búsqueda de esos documentos.
La papa caliente: se reparten culpas en vez de los fondos de recuperación
Los vientos y el oleaje del huracán María tumbaron el muelle de la villa pesquera Centro Agropecuario de Cataño. Allí, la mitad de la brea del estacionamiento cayó dentro del agua. Los pescadores de esa villa sacaron algunos pedazos de brea con sus manos, contó Rodolfo Abraham, portavoz de la villa. En el lugar también se dañaron los congeladores, la máquina de hielo, las cámaras de seguridad, los acondicionadores de aire y todo el inventario de pescado que había en ese momento.
Han tenido que unir esfuerzos para poder levantarse. El muelle lo han habilitado, como han podido, con madera que han adquirido por su cuenta. Son 22 pescadores en esa villa pesquera. “Estamos en el limbo. Si no fuera por ayuda de otras entidades, no hubiéramos podido arrancar”, reconoció Abraham.
Según el pescador, tuvieron que pasar dos años para que el Secretario de Agricultura fuera a conocer el estado de situación de la villa luego del paso del huracán en 2017. Este año, dijo Abraham, no se le ha visto por la zona para conocer cómo están lidiando los pescadores con la pandemia y la baja en ventas.
Un censo hecho por CPI — que fue contestado por 31 de las 33 villas pesqueras de Agricultura — revela que al menos ocho villas no han recibido la visita de ningún funcionario de esa agencia en tres años para conocer el impacto del huracán. Las villas El Corcho, en Naguabo, y El Bajo, en Patillas, no contestaron el censo porque “están abandonadas”, informaron varios pescadores consultados.
El Secretario sí visitó la villa pesquera Martenillo en Fajardo luego del paso del huracán y también lo hizo este año, contó Elba Dávila, pescadora y líder en el lugar. Sin embargo, de poco han servido estas visitas, pues actualmente el espacio está en desuso debido a los daños que no se han podido reparar desde 2017.
“[Con María] se fue el muelle, que era de madera. Se dañó la rampa. El techo de la pescadería tiene filtraciones y la varilla del cemento explotó. La puerta principal se dañó, lo que ocasionó que vándalos entraran a robar. Dos pescadores perdieron sus botes y no tenemos freezers ni neveras”, enumeró Dávila. Aclaró que hasta el momento no han recibido ninguna ayuda ni del Gobierno ni de entidades privadas, como sí ha ocurrido con otras villas.
Flores Ortega también ha estado en varias ocasiones en la villa pesquera de Punta Santiago, en Humacao, según el portavoz de ese grupo de pescadores, Antonio Torres. Explicó que en esta villa — que reúne a 17 pescadores — las pérdidas ascendieron a $40,000. Afirmó que hasta el momento no han recibido ninguna ayuda por parte del Departamento de Agricultura.
“Hemos tenido que sobrevivir. Con María teníamos como 600 libras de mariscos variados que se perdieron. Perdimos ocho freezers y la máquina de hielo, que fueron como $9,000. Aparte de los daños de los sistemas de electricidad, los inodoros, las cocinas. Nuestras pérdidas pasaban de los $40,000. Eso sin contar las pérdidas de cada cual y las pérdidas por no poder trabajar por más de un año”, detalló Torres. El pescador contó que el Secretario de Agricultura manifestó su interés en pintar la villa de Punta Santiago. Sin embargo, Torres dijo que se opuso, pues entendió que, tomando en cuenta el destrozo en la infraestructura, “eso no era prioridad”.
A pesar de reconocer la poca prioridad que ha dado su agencia a resolver el problema de los títulos de propiedad, Flores Ortega culpó a FEMA por el atraso en el desembolso de todos los fondos solicitados para compensar los desastres en las villas pesqueras de Puerto Rico. El funcionario se cantó frustrado por el tiempo que ha tomado el proceso para recibir estos fondos y criticó a FEMA por cambiar constantemente los inspectores. Dijo que cada cambio de personal ha representado empezar de cero las inspecciones en cada una de las villas, lo que ha tomado casi tres años. A pesar de que el CPI pudo validar que ha habido cambios de personal de FEMA, también surge del censo que 15 villas pesqueras no han recibido ninguna visita de esta agencia federal desde el paso del huracán en 2017.
“Es un proceso lento. En ocasiones, cambian los equipos de trabajo. Cuando viene un equipo nuevo, quieren ir a ver de nuevo y estar seguro de lo que van a aprobar. A veces le añaden cosas que el equipo que estaba antes no puso o quitan otras. Es un proceso de reclamación lento y tedioso. Hemos tenido que contratar ingenieros para que los acompañen para tasar. Es bastante cuesta arriba”, dijo Flores Ortega.
Debate sobre los fondos necesarios para el sector pesquero
De las 33 villas pesqueras del Departamento de Agricultura, 28 contaban con una cubierta de seguro privado con la aseguradora Multinational al momento de los huracanes Irma y María en 2017. Las reclamaciones a FEMA por las 33 instalaciones totalizaron $14,179,050, según Flores Ortega. De ese monto, $6,005,391 corresponden a pérdidas por daños en las estructuras y equipo. No obstante, luego de los ajustes con el seguro, esa cifra quedó en $2,403,893 como la cantidad a reclamar a FEMA. Según Agricultura, al momento han recibido solamente $391,971 en fondos de FEMA para recogido de escombros; o sea, un 16.9% del total de las pérdidas.
Juan Andrés Muñoz, oficial de Asuntos Externos de FEMA, indicó que la agencia tiene actualmente diez proyectos en desarrollo relacionados con las villas pesqueras bajo la Categoría E del Programa de Asistencia Pública, en el que se trabajan proyectos de obras permanentes.
Reconoció, empero, que hasta el momento “no ha habido fondos aprobados u obligados por FEMA” para estos 10 proyectos, pero no contestó por qué.
FEMA informó que la cantidad total de fondos proyectados para las villas pesqueras se estima en $5,717,829 según la evaluación inicial de los proyectos, lo que representa $8.4 millones menos que las pérdidas proyectadas por Agricultura en el sector de la pesca tras María. Al preguntársele a Flores Ortega sobre esta incongruencia, el funcionario se limitó a decir que una cosa es la partida que ellos reclamen y otra lo que finalmente FEMA apruebe basado en sus inspecciones.
Una vez se desembolsen estos fondos, se anticipa otro desafío para su uso, según Flores Ortega, pues hay villas pesqueras que están cerradas por el mismo deterioro acumulado tras años de desatención y algunas no tienen juntas directivas activas, lo que supone que la agencia tendrá un reto para identificar quién administraría los fondos que se distribuirían. Actualmente, 13 villas están cerradas y 13 están funcionando de manera parcial, halló el CPI. El Secretario de Agricultura no precisó qué medidas tomaría la agencia para ayudar a organizar estas juntas.
Por su parte, el presidente de la Federación de Pescadores y Defensores del Mar (Fepdemar), Miguel Ortiz, dijo al CPI que previo a la pandemia, su organización había comenzado un esfuerzo para apoyar a la formación de varias juntas, para que los pescadores de esas zonas no se vean en desventaja en la distribución de fondos de recuperación.
Aguantada la ayuda directa para pescadores también en el DRNA
En abril de este año, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) aprobó una propuesta presentada por el DRNA en 2019 para el uso de fondos federales del programa Fishery Disaster Assistance asignados para asistir a la industria pesquera en Puerto Rico luego del paso de los huracanes Irma y María en 2017.
De los $9,791,123 millones aprobados en la primera fase, el DRNA propuso asignar solo $400,000 para ayuda directa a los pescadores. La agencia espera que la NOAA apruebe una segunda fase de la solicitud que otorgaría otros $1.6 millones para atender la industria de la pesca en Puerto Rico y que también podrían beneficiar a los pescadores. Por ejemplo, en esa segunda propuesta se pondera destinar $300,000 para la reparación de embarcaciones, explicó Damaris Delgado, secretaria auxiliar interina de Conservación e Investigaciones del DRNA
Desde 2019, el sector de los pescadores se ha opuesto a las propuestas presentadas por el DRNA a la NOAA. Reclaman que no se les incluyó en la elaboración del proyecto de uso de los fondos y que se debió destinar un monto mayor para ayudarlos directamente. A pesar de esas denuncias, el DRNA mantuvo la partida en $400,000 para las pérdidas individuales ocurridas en 2017. Si se divide esa cifra entre los 900 pescadores registrados en ese entonces, cada uno recibiría apenas $400. Sin embargo, este monto podría fluctuar, ya que la agencia pondera dividir los fondos usando tres categorías de pesca comercial: a tiempo completo, parcial y chárter. Por esa razón, Delgado no pudo especificar cuánto de esos fondos realmente le tocarían a cada pescador.
“No sería justo pagarle una cantidad a una persona que solo pesca una vez a la semana [versus] a uno que pesca a tiempo completo”, expuso Delgado.
La agencia abrió la convocatoria para solicitar estos fondos el 5 de julio de 2020 y los pescadores tuvieron solo 30 días para completar el trámite, que consiste en llenar un formulario e inscribirse en el registro de suplidores del Gobierno en el Departamento de Hacienda. Los pescadores también debían demostrar que tenían licencia vigente en 2017 y que habían cumplido con la entrega de las estadísticas de salidas al mar y pesca que les exige el Laboratorio Pesquero del DRNA para ese año.
Delgado explicó que la convocatoria se extendió hasta el 14 de agosto, debido a que de 900 pescadores, solo 345 solicitaron la ayuda. Dijo, además, que habían confrontado problemas con las solicitudes, pues algunas llegaron duplicadas. Los pescadores podían llenar el formulario en internet o enviarlo por correo. “Pero algunos estaban haciendo ambos trámites” de forma paralela, reconoció la funcionaria.
El DRNA evalúa la posibilidad de hacer otra ronda para la convocatoria, adelantó al CPI el secretario interino de la agencia, Rafael Machargo Maldonado, quien no pudo aclarar cuándo iniciaría esa nueva vuelta. Se limitó a indicar que están en conversaciones con “asociaciones de pescadores para auscultar esa posibilidad”.
Esa segunda ronda atrasaría aún más la entrega de estos fondos, pues, según Delgado, el DRNA debe esperar a contar con todas las solicitudes de los pescadores que cualifiquen para la ayuda para poder hacer la distribución de los $400,000, que deben ser usados en un periodo no mayor a cuatro años, desde el 1ro abril de 2020.
“No queremos esperar cuatro años. Queremos entregar el dinero lo antes posible. Teníamos un itinerario bastante ambicioso, pero como hemos extendido [la convocatoria] estamos en ese reto de mantener el mismo plazo”, dijo Delgado, quien prefirió no revelar la fecha en la que esperaban haber completado la entrega de los fondos.
Para el presidente de Fepdemar la baja participación de pescadores responde a la desconfianza hacia el manejo que ha dado DRNA al proceso con la NOAA.
“[El DRNA] está obligando al pescador a llenar el formulario. Ellos usarán esos formularios para decir que los pescadores aceptaron la propuesta sin cuestionamientos. La razón por la que no lo hemos llenado es porque es un atropello y porque es una navaja de doble filo. Usarán nuestras firmas para decir ante la NOAA que estamos de acuerdo. Nunca NOAA supo con certeza el problema de los pescadores con esa propuesta”, dijo Ortiz, quien es presidente de la villa pesquera Pozuelo en Guayama, que alberga a 19 integrantes.
Ortiz denunció que tampoco han recibido orientaciones claras sobre cómo completar la solicitud y cuáles son los pasos para registrarse en el Departamento de Hacienda.
“Ellos creen que los pecadores son ejecutivos que están en una oficina; no todos tienen la facilidad para imprimir una carta o llenarla por internet. Si eso es una ayuda, no entiendo por qué tengo que registrarme en Hacienda”, cuestionó el pescador.
Delgado difirió de las expresiones de Ortiz al indicar que pidió al Secretario del DRNA hacer el proceso lo menos complicado posible para que se eximiera la entrega de otros documentos que de ordinario deben presentar los suplidores del Gobierno, como certificaciones de no deuda con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) o certificados de buena conducta, entre otros. Dijo, además, que la agencia repartió las solicitudes impresas en varias villas pesqueras — no aclaró cuáles — y que recibieron ayuda de las estaciones experimentales de la Universidad de Puerto Rico para ese trámite.
Hace más de un año, Fepdemar y el Congreso de Pescadores de Puerto Rico objetaron el uso de los $11.4 millones que sumarían las dos fases de fondos de la NOAA que manejaría el DRNA. Incluso, acudieron al tribunal para que la agencia — en ese entonces capitaneada por la exsecretaria Tania Vázquez — entregara copia de la propuesta de uso de los fondos a los pescadores.
Vázquez, quien también dirigía la Junta de Calidad Ambiental, renunció el 31 de octubre de 2019 luego que se conociera que el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) investiga presuntas irregularidades en contratos para el mantenimiento de bombas de control de inundaciones que presuntamente el DRNA otorgó a empresas allegadas al superintendente del Capitolio, José Jerón Muñiz Lasalle.
El plan de uso para los fondos de la NOAA se presentó en junio de 2019, cuando Vázquez todavía dirigía la agencia. Esta propuesta asigna fondos para restaurar hábitats de los peces, mitigar especies invasoras y manejar el sargazo en las costas, adiestramientos a pescadores y rehabilitación de las villas pesqueras mediante la reconstrucción de rampas y la instalación de plantas solares, entre otros proyectos. La NOAA aprobó en abril de este año el uso de los fondos para esos proyectos propuestos por el DRNA. Sin embargo, cuatro meses después de esa aprobación, la agencia local no sabe cuándo comenzarán las gestiones para ejecutar los proyectos, reconoció Delgado. Según la funcionaria, apenas en septiembre se estaría publicando la primera solicitud de propuesta para uno de los proyectos, y prefirió no adelantar cuál.
Pescadores no confían en Agricultura para distribución de fondos para mitigar pérdidas por el COVID-19
Víctor Lamb, de la villa pesquera Punta Tuna en Maunabo, esperaba que pasara la Semana Santa en abril de este año para cerrar. Desde 2017, han sido múltiples los desafíos para poder operar en esa villa. Este año, dijo el pescador, la situación con el COVID-19 ha complicado el trabajo y las ventas.
Con el huracán, perdieron un congelador, máquinas de picar pescado, los tanques de buceo, la puerta de la pescadería y el piso, las tuberías, los cables de electricidad y una embarcación. Ese panorama obligó a Lamb y a los otros tres pescadores que permanecían en la villa a dejar de usarla. “Yo pondré un freezer en casa y venderé el pescado desde allí”, resolvió el pescador.
Los pescadores de la zona sur se han afectado doblemente debido a los sismos que han impactado la región desde principios de este año. Marcos Chacón Soto, portavoz de la villa pesquera Bahía Pueblo en Guánica, contó que tras los terremotos de este año tuvieron una baja de ocho pescadores — de los 20 que integraban la villa — que se mudaron de este municipio o se fueron a Estados Unidos.
“El Covid-19 y los temblores nos han perjudicado. Este año las ventas han bajado significativamente. Estuve cerrado desde abril hasta julio. Ahora en agosto estamos trabajando a medio tiempo, como cuatro horas diarias, porque no hay mucho inventario. Tampoco hay mucha venta porque la gente no está llegando”, explicó el pescador.
Con el huracán, esta villa perdió el muelle. Aunque los pescadores hicieron gestiones con Agricultura para repararlo, Chacón Soto dijo que la agencia les indicó que no tenían dinero para eso. Entre los pescadores y varios negocios de la zona lograron recolectar $2,200 para reconstruir el muelle, y enseguida pusieron manos a la obra.
El presidente de Fepdemar coincidió en que la pandemia, sumada a los sismos que afectan la zona sur de Puerto Rico desde inicios de 2020, han provocado que las ventas de sus productos mermen, aún más. En su caso, explicó que no se trata de falta de pescado, sino de clientes.
“Ahora la venta de pescado es floja. Tengo los freezer llenos y no tengo espacio para recibir toda la pesca de los pescadores. Es más, lo que traen casi ni se vende. Hace algunos domingos que no abro por la pandemia. Pero [otros días] hemos tenido que abrir porque tenemos mucho pescado”, contó Ortiz.
Con él coincidió Roberto Silva, presidente del Congreso de Pescadores de Puerto Rico, para quien el Departamento de Agricultura no ha sido proactivo en conocer los retos que enfrentan los pescadores y que se suman a los desafíos que arrastran desde 2017.
Ambos pescadores mostraron preocupación sobre el manejo que le dará Agricultura a un fondo de $1,000,000 que aprobó la NOAA para ayudar a los pescadores afectados por la pandemia. Se trata de fondos asignados por medio del Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act).
No fue hasta el pasado jueves que finalmente los pescadores tuvieron una reunión con el Secretario de Agricultura para conversar sobre el manejo de estos fondos, confirmó Ortiz.
Según el funcionario, la proyección de entrega de esta asistencia por pérdidas debido a la pandemia se estima para octubre de este año. Al igual que con los fondos que administra el DRNA, la cifra que recibiría cada pescador podría variar. En este caso, oscilaría entre $600 y $4,000, dependiendo de si se trata de pesca a tiempo completo o parcial o si es pescador chárter. Ortiz y Silva se opusieron a ese cálculo y, durante la reunión con el Secretario, propusieron que se aumentara la cantidad base de $600 a $800. “El Secretario puso resistencia, pero al final aceptó que se reajustaran las partidas”, explicó Ortiz, quien espera por una segunda reunión con la agencia en la que se presente la propuesta final que se enviará a NOAA sobre estos fondos.
Según Flores Ortega, este fondo estaría destinado a 975 pescadores inscritos en 2019.
Mientras el funcionario dijo que ese año la pesca vio una relativa estabilización luego de los daños provocados por los huracanes de 2017 y que en 2018 todavía eran evidentes, los pescadores dan cuenta de otra realidad.
“Esta incertidumbre nos afecta de una manera bien drástica. Además de los huracanes en el área, hemos recibido el embate de los temblores y ahora el coronavirus. La pesca para esta área disminuyó. En Ponce, Guayanilla y Peñuelas sufren increíblemente, pues no pueden vender la pesca. Es duro para los pescadores del sur. Se perdió mucho dinero”, sostuvo Ortiz.
Varios pescadores consultados por el CPI alertaron sobre los problemas de que Agricultura use como referencia para distribuir los fondos la cantidad de salidas al mar de 2019, pues no reflejan la situación real de estos trabajadores. “Algunos se han tenido que mover a pesca parcial porque el huracán les dañó las embarcaciones”, aclaró Ortiz, quien precisó que hay pescadores que se verían en desventaja al solicitar estos fondos de esa manera porque no han podido reanudar su faena al nivel que tenían antes del 2017.
Víctor Rodríguez Velázquez es integrante de Report for America. Angelica Serrano colaboró con esta historia.
Esta historia se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puede leer su versión original AQUÍ
