Habiéndose presentado ya seis querellas que exigen la destitución del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, los comisionados electorales de los cinco partidos urgieron al panel conformado por tres jueces del Tribunal Apelativo para evaluar los recursos que alcance una determinación de manera expedita.
“Lo que sucede es que, si no lo sacamos, no se va a resolver el caos (en la CEE). Con él no se va a resolver”, dijo esta mañana Nicolás Gautier, comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), al anunciar ante la prensa la querella presentada contra Dávila por “negligencia crasa” al mando del organismo.
El artículo 3.9 del Código Electoral dispone siete causas de destitución de un presidente o presidente alterno de la CEE. Como la del PPD, hay otras cuatro querellas que le imputan a Dávila negligencia en sus funciones. Desde mediados de junio, además, hay una querella pendiente radicada por el representante popular Carlos Bianchi, luego de que desde la cuenta de Twitter de Dávila se republicara un mensaje de otro jefe de agencia en el que se etiquetaba a un legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Esa última querella solicitaba que se adjudicara si Dávila incurrió en la primera causa de destitución, definida como “parcialidad manifiesta en perjuicio de un partido político, candidato, ciudadano, candidato independiente, aspirante, comité o agrupación de ciudadanos”.
“Esa querella debió sido atendida hace mucho tiempo. Creo que urge, por el bien del país, independientemente del partido al que uno pertenezca. Hay que tomar una decisión ya de cómo enderezar este barco con una persona que tenga experiencia, no un novato, que esté dispuesto a dialogar con todas las partes y echar adelante esto”, opinó, por su parte, el comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte.
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El comisionado electoral del Proyecto Dignidad, Edwardo García Rexach, insistió que es vital que, a más tardar la próxima semana, el panel compuesto por los jueces Juan Hernández Sánchez, Felipe Rivera Colón y Misael Ramos Torres adjudique la controversia.
“Deberíamos estar esperando algún resultado ya para la semana que viene. Si el presidente Dávila es destituido por alguna de esas querellas tenemos que empezar un proceso de nombramiento de un nuevo presidente y eso va a tomar tiempo porque hay que buscar consenso”, dijo García Rexach, al puntualizar que, en caso de encontrarse con una CEE sin presidente, los comisionados podrían encargarse transitoriamente de los preparativos para las elecciones, siempre y cuándo pudieran alcanzaran unanimidad en la toma de decisiones.
De los cinco partidos, únicamente el PNP ha evitado exigir la salida de Dávila.
“Eso evaluación le corresponde a ellos (el panel de jueces del Apelativo). Como todos los asuntos, debe ser (atendido con urgencia)”, dijo el comisionado electoral entrante de la Palma, Héctor Joaquín Sánchez, quien ha favorecido públicamente la permanencia de Dávila.
El Código Electoral no provee un periodo definido dentro del cual el panel designado para atender querellas de destitución deba adjudicar la controversia. El polémico estatuto, convertido en ley en junio, sí señala que la decisión del panel “podrá ser revisada conforme al proceso establecido en el Capítulo XIII de esta Ley”.
Una vez el panel del Apelativo tome una determinación sobre las querellas, las partes afectadas tendrían 10 días para solicitar reconsideración o acudir en certiorari al Tribunal Supremo, de acuerdo con el artículo 13.3 de la ley electoral. El Apelativo contaría con cinco días para resolver la moción de reconsideración, mientras que, de llegar ante su consideración, el Supremo tendría 10 días adicionales. De extenderse al máximo cada uno de los términos, la determinación final y firme sobre el futuro de Dávila podría obtenerse 25 días posterior a la decisión inicial del panel de jueces del Tribunal de Apelaciones.
El inciso 4 de ese artículo, no obstante, estipula que, a solicitud de parte o por iniciativa propia, el Tribunal Supremo puede acoger controversias cuando “se planteen cuestiones noveles de derecho o se planteen cuestiones de alto interés público que incluyan cualquier cuestión constitucional”, lo que pudiera acelerar una resolución.
“Ciertamente es una decisión que tiene que tomarla con premura porque no solo en el proceso electoral aquí en la Comisión estamos dependiendo de eso, sino que los ojos del país, el pueblo está exigiendo algún tipo de respuesta, así que la bola está en la cancha del tribunal. Van a seguir llegando más querellas contra el presidente”, anticipó el comisionado del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, sin descartar que su colectividad también recurra a los tribunales.