Al presentarse el lunes la acusación federal por un presunto esquema para cobrar cerca de $100,000 en comisiones ilegales, la representante María Milagros “Tata” Charbonier se unió a más de una decena de funcionarios de alto nivel que, en lo que va de cuatrienio, han enfrentado la justicia ante alegaciones de corrupción.
Funcionarios de las ramas ejecutiva y legislativa, así como tres alcaldes han tenido que salir de sus puestos en medio de imputaciones por el uso ilegal de fondos públicos. En algunos casos, los señalados fueron hallados culpables y fueron sentenciados a penas de cárcel, mientras en otros aún se aguarda por el comienzo del juicio.
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A continuación, repasamos los casos de corrupción pública acontecidos desde 2017.
- Julia Keleher
La exsecretaria de Educación enfrenta 24 cargos por fraude electrónico, conspiración para cometer fraude, robo de identidad agravado y soborno. El pliego acusatorio, enmendado la semana pasada por el Departamento de Justicia federal, le imputa a Keleher compartir con terceros información confidencial relacionada con la matrícula y salarios de maestros en varias escuelas de la región de San Juan. Además, Keleher enfrenta tres cargos relacionados con la contratación de la empresa Colón y Ponce sin atravesar un proceso de subasta. Glenda Ponce, quien fue asistente personal de Keleher, y Mayra Ponce, propietaria de la corporación, se declararon culpables más temprano en 2020.
- Ángela Ávila
A la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud se le acusa por desarrollar, junto al subcontratista Alberto Velázquez Piñol y el contable Aníbal Jover, un esquema para defraudar a la agencia de información confidencial para beneficio de terceros. En total Ávila enfrenta 19 cargos que, como parte del caso Keleher, se verían en juicio a partir de febrero de 2021. El expresidente de la firma de contabilidad BDO Fernando Scherrer es el otro coacusado en el caso.
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- Ángel Figueroa Cruz
El exdirector de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado se declaró culpable en octubre de 2019 de conspirar en un esquema de contratistas fantasmas en la Cámara alta. Se esperaba que la fiscalía federal solicitara una sentencia de entre cuatro y 10 meses de prisión.
- Isoel Sánchez
Tras declararse culpable de facturar al Senado servicios que nunca prestó, el juez federal Francisco Besosa le impuso en febrero una pena de cárcel de 10 meses, así como tres años de probatoria y una multa de $13,650.
- Chrystal Robles
La pareja sentimental de Sánchez también se declaró culpable como parte del caso por los fantasmas del Capitolio. Robles fue sentenciada a cuatro meses de prisión, sobre los cuales el juez Besosa denegó una petición para que se cumplieran mediante arresto domiciliario.
- Abel Nazario
El exsenador fue hallado culpable de casi 30 cargos por defraudar a empleados municipales mientras se desempeñaba como alcalde de Yauco. Aunque renunció al Senado y aún espera por un segundo juicio sobre un supuesto esquema de empleados fantasmas que organizó junto a colaboradores legislativos, de cara a las venideras Nazario permanece certificado de cara a las venideras elecciones como candidato independiente a la Cámara alta.
- Miguel Encarnación Correa
En enero el exjefe de la Administración de Servicios Generales hizo alegación de culpabilidad ante las acusaciones de que, luego del huracán María, ordenó la compra de 16 generadores eléctricos que distribuyó entre sus empleados. El exfuncionario, además, enfrenta una querella de la Oficina de Ética Gubernamental en la que se le imputa acoso sexual contra subalternos.
- Ramón Rodríguez Ruiz
El exrepresentante por el distrito 27 fue expulsado de la Cámara baja en febrero de 2018, en medio de denuncias de que, junto a la directora de su oficina, Soniel Torres Suárez, había canalizado fondos legislativos a organizaciones sin fines de lucro fatulas. Mientras Torres Suárez se declaró culpable y recibió siete años de probatoria, Rodríguez Ruiz aún aguarda por el comienzo de su juicio.
- Héctor O’Neill
Más de tres años después de renunciar a la alcaldía de Guaynabo ante acusaciones de acoso sexual contra empleadas del municipio y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, el juicio contra O’Neill aún no ha comenzado. En febrero, el Tribunal Supremo sostuvo una decisión del Apelativo que concluía que los cargos relacionados con las agresiones a una de las empleadas, por hechos que se remontan al 2011, habían prescrito.
- Victor “Manolito” Ortiz Díaz
El exalcalde de Gurabo fue encontrado culpable en febrero por un cargo de soborno a una compañía con la que el municipio mantenía una deuda por trabajos realizados. Ortiz Díaz había renunciado a la alcaldía tras ser acusado a nivel federal en diciembre de 2016, a un mes de haber conseguido la reelección.
- Miguel “Papín” Ortiz
El exalcalde de Sabana Grande llegó a inicios de año a un acuerdo de culpabilidad sobre los cargos por cometer fraude con fondos federales a través de la presentación de propuestas falsas del Departamento de Educación estadounidense. Pese a que las acusaciones se presentaron en julio de 2018, y se había mantenido separado del cargo, Ortiz no renunció hasta marzo de este año.
- María Milagros “Tata” Charbonier
A pocas semanas de que su hogar fuera allanado por las autoridades federales, la legisladora fue arrestada el pasado lunes junto a su esposo Orlando Montes, su hijo Orlando Gabriel Montes Charbonier y su ayudante Frances Acevedo. A la representante se le acusa de haber inflado de $800 a $2,900 el sueldo quincenal de Acevedo a cambio de recibir entre $1,000 y $1,500 de cada cheque de la empleada. Según el pliego, Charbonier y sus parientes habrían generado hasta $100,000 a partir del esquema.
