Cada año las universidades alrededor del mundo buscan atraer alumnos de distintas latitudes, motivadas principalmente por la fuente de ingresos que la matrícula de estudiantes internacionales representa. La pandemia del coronavirus ha obligado a la mayoría de las instituciones de enseñanza superior del hemisferio a ofrecer educación sólo en la modalidad virtual para el nuevo ciclo académico y aunque las universidades privadas en Puerto Rico no son ajenas a los cursos en línea, no todos sus programas académicos han sido adaptados a esta modalidad de enseñanza. Antes de la pandemia, la universidad pública apenas tenía 108 cursos adaptados para educación a distancia y sólo una secuencia curricular de maestría completa, la de Ciencias de la Información.
Una nueva regulación del Servicio de Inmigración y Aduanas estadounidense establece que no se le dará visa a los estudiantes internacionales de nuevo ingreso en universidades que operan completamente en línea en EE. UU., y por ende, en Puerto Rico.
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Sin embargo, la Secretaría Auxiliar de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado anunció una iniciativa para “propulsar el aumento en la matrícula de estudiantes internacionales en las instituciones de educación superior” mediante un contrato de $47,500 con la Fundación Virtual Educa Puerto Rico que busca promover al País como destino académico.
A cambio de este dinero, el capítulo de Puerto Rico de una “alianza de organismos internacionales” llamada Virtual Educa representará a la isla en dos seminarios web “a los fines de facilitar, promover y dar seguimiento a la participación agrupada de las instituciones de educación superior” en dos eventos virtuales; brindará asistencia en la culminación de la elaboración de la página web studypuertorico.pr.gov, llevará a cabo campañas de promoción en el portal de la alianza y las redes sociales, incluyendo el desarrollo de boletines, y una edición dedicada a Puerto Rico en el Magazine Virtual Educa, según se desprende del contrato, que fue anunciado como un “acuerdo de colaboración” por el Departamento de Estado.
El primer evento en línea, que incluyó la participación del exsecretario de Educación, Rafael Román, se hizo “por medio de un acuerdo que tenemos con [el Sistema Universitario] Ana G. Méndez”. “Se llevaron a cabo webinars de cómo en la pandemia las universidades han enfrentado los retos”, explicó la principal oficial ejecutiva de la fundación, Suleira M. Quiñones Fontánez. El segundo evento, que se celebrará en noviembre, se trata de un “congreso mundial” donde se espera que el contenido del portal Study Puerto Rico esté listo para que la organización promueva la oferta académica de la Isla.
“Hemos visto que las universidades todavía no han salido, no tienen 100% sus programas de educación a distancia. ¿Cómo podemos llevar a las universidades a desarrollarse con esto de la pandemia? Hay diferentes áreas que se van a trabajar. Puerto Rico se debe seguir conociendo [como destino académico] y no quedarnos estancados con esto de la pandemia”, afirmó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) Quiñones Fontánez, quien desde el 2017 está al frente de la fundación con sede en Washington D.C. y Puerto Rico.
La catedrática de la Facultad de Educación en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Dra. Loida M. Martínez Ramos, advirtió sin embargo, que “en la UPR, programas completos a distancia, están contados con los dedos de la mano… lo que en cierta medida supone que si el programa no está inscrito como tal, por el proceso académico que tienen que seguir todos los programas de inscribirse en la modalidad en línea, los pone [a los estudiantes] en una situación difícil. Implica de alguna manera que tienen que desplazarse a Puerto Rico para tomar algún curso porque [el programa] no está completamente en línea. La Universidad [de Puerto Rico] está ahora en una carrera para que se monten en línea, pero es un proceso bien atropellado y pobremente diseñado. Otras instituciones educativas han estado más orientadas a comercializar su oferta por el hecho de que su sobrevivencia depende de la matrícula que pueden tener, pues están un poco más avanzados en eso”.
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Cuestionada sobre cómo las universidades locales pueden atraer a más estudiantes extranjeros sin tener los programas listos para una modalidad a distancia, Quiñones Fontánez aseguró que, “Va a aumentar porque créeme, nosotros nos encargamos de eso, en las redes sociales, en nuestros foros, en nuestros encuentros. Vamos a estar haciendo dos webinars de foros temáticos dirigidos a esos retos que ha enfrentado la educación en Puerto Rico y [orientar sobre] qué programas son beneficiosos para toda Latinoamérica, sobre todo para el sector fuera de Puerto Rico que lo va a ver”.
El Departamento de Estado no tiene una meta clara de cuántos estudiantes internacionales quiere atraer luego de que la secretaria auxiliar de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado, Frances M. Vallejo, no pudiera precisar al CPI la cantidad de alumnos extranjeros estudiando en universidades del País.
“Estamos en conversaciones con el Instituto de Estadísticas para que se recopile la data (sic) de la cantidad de estudiantes internacionales (exterior y EE.UU.) que vienen a Puerto Rico a estudiar, ya sea con visa F1 o J1. Anualmente se trabajan con aproximadamente 60 programas de intercambio de visa J1, en categoría de estudiante y profesor. Estos estudiantes pueden estar un año o menos tiempo, ya que no tienen intención de perseguir un grado, como ocurre con la visa F1. Las visas F1 las administran y gestionan únicamente las universidades, por lo que el Departamento de Estado no cuenta con la data (sic) específica de cuántos estudiantes internacionales reciben las universidades con visa F1”, dijo Vallejo en un correo electrónico.
La política de internacionalización de la educación superior fue establecida desde el 2013 bajo la administración de Alejandro García Padilla por medio de la iniciativa Campus Puerto Rico, mientras que la regulación y facilitación de la oferta educativa universitaria quedó en manos del Departamento de Estado tras la reorganización del Consejo de Educación de Puerto Rico establecida mediante la Ley 212 de 2018 aprobada por la administración de Ricardo Rosselló Nevares.
Para 2016, Campus Puerto Rico fue promovido durante el Encuentro Internacional que Virtual Educa celebró en el Centro de Convenciones de San Juan, cuando Harry O. Vega Díaz era director de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos del Gobierno (OCALARH). Desde 2017 funge como vicepresidente de la Junta de Directores de la Fundación Virtual Educa Puerto Rico. Además de candidato a la alcaldía de Caguas en 2010, Vega Díaz fue subsecretario de Estado entre 2004 y 2005; y entre 2009 y 2018 tuvo contratos por $108,400 por servicios de consultoría administrativa, mayormente con el Senado.
La presidenta, Quiñones Fontánez, ha devengado $402,515 en contratos con entidades públicas entre 2009 a 2016 por servicios profesionales, de orientación y adiestramientos, entre otros. Egresada de Nova Southern University, trabaja además como directora administrativa de NSU’s Fischler College of Education and School of Criminal Justice de Florida y se describe como experta en procesos “e-learning”.
“En el cuatrienio pasado, Campus Puerto Rico se había quedado estancado. Nosotros como Virtual Educa conocíamos desde 2016 el proyecto y no podíamos quedarnos con los brazos cruzados. Cómo podíamos hacer ese plan de trabajo para que se siga conociendo la educación superior [de Puerto Rico] en Latinoamérica, en español, que mucha gente busca en universidades reconocidas por la Middle States (comisión estadounidense evaluadora de universidades). Las universidades tienen oficinas de internacionalización, pero qué están haciendo ahora mismo, no lo sabemos, y hacia eso vamos”, abundó Quiñones Fontánez.
“Estos son tiempos difíciles, pero con el apoyo de todas las universidades lograremos promover a Puerto Rico como destino académico y seguir desarrollando el proyecto Universidad 2030, un sistema integral donde la internacionalización y la virtualidad se convierten en los pilares de una nueva forma de entender la educación superior”, concluyó.
Ahora que la educación universitaria virtual en Puerto Rico se ha impuesto como la opción única, se hacen evidentes sus limitaciones: es entorpecida por un frágil sistema de electricidad y una brecha digital que se refleja, por ejemplo, en que sólo 54% de los hogares cuentan con acceso a internet.
De acuerdo al “Informe sobre los efectos de la cuarentena en los ingresos de la población universitaria en Puerto Rico“, de la organización sin fines de lucro Mentes Puertorriqueñas en Acción, 67% de 532 estudiantes encuestados perdieron su trabajo y 39% regresaron a vivir con sus familiares debido a la reducción de ingresos. El 6% tuvo que pedir prestada la única computadora en el hogar para continuar los estudios a distancia el pasado semestre.
La Universidad de Puerto Rico enfrenta serios retos tecnológicos para siquiera atender a su población estudiantil a distancia de forma eficiente. Para muestra, un botón: con la migración de las cuentas de correo electrónico de profesores y estudiantes desde la plataforma gratuita GSuite de Google a Microsoft 365, se filtraron cientos de documentos con información sensitiva, como números de seguro social, nóminas y facturas, entre otros.
Al igual que los universitarios puertorriqueños, los estudiantes extranjeros enfrentan retos económicos y falta de acceso a tecnologías de la información, resaltó Martínez Ramos.
“Al estar aquí se confrontan con las mismas dificultades que confrontan los estudiantes nuestros. Tengo una estudiante en disertación que es extranjera y que tenía que estar encerrada, con la ansiedad que eso implica, y con apenas dinero para mantenerse. Muchos de los estudiantes extranjeros que tenemos son latinoamericanos y los asuntos de conectividad en América Latina, y en Puerto Rico también, sabemos que son bastante débiles”, dijo.
Quienes han podido quedarse, “no significa que están en una situación favorable económicamente, porque no tienen las ayudas” que han recibido los estudiantes de Puerto Rico a través de la Ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el coronavirus (Cares Act), resaltó la catedrática de Estudios Graduados. “Del lado de los estudiantes que no necesariamente están en el país, representa el reto de las condiciones infraestructurales, en términos de acceso a las tecnologías y a la interconectividad, que no está dada”, añadió.
Esta historia se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puede acceder su versión orgininal AQUÍ.
