La posibilidad de retrasar la fecha de las elecciones generales, planteada por diversas figuras políticas a la luz del caos primarista, podría chocar con un obstáculo insalvable en las disposiciones federales que rigen la celebración de procesos electorales para llenar escaños congresionales, como es el cargo de comisionado residente.
Para el experto en Derecho constitucional Joel Montalvo, las leyes y la jurisprudencia establecen que la fecha para la elección de funcionarios federales es el martes después del primer lunes de noviembre, al igual que dispone el Código Electoral de Puerto Rico.
La Constitución de Puerto Rico estipula que las elecciones generales deben celebrarse cada cuatro años en algún momento de noviembre, lo que, en principio, daría a espacio a enmendar, mediante resolución conjunta, el Código Electoral para retrasar la fecha dentro de ese mes. El procedimiento legislativo sería similar a la forma en que se pospuso, de junio a agosto, la primaria de este año como consecuencia directa de la pandemia del Covid-19.
“La candidatura a comisionado residente es una candidatura federal, porque es miembro del Congreso de Estados Unidos. La ley federal establece que (la elección) tiene que celebrarse el martes después del primer lunes en noviembre. Al ser una ley federal, ocupa el campo. Eso está decidido en un caso de 1997 que se llama Foster vs. Love. Aunque pudiera posponerse la elección, solamente podría ser para los cargos de oficiales electos del gobierno de Puerto Rico”, subrayó Montalvo, aunque advirtió que el análisis también debe incluir la Ley Jones-Shafroth de 1917, que creó el cargo de comisionado residente.
La interpretación de Montalvo, que se ampara en la Sección 7 del Título 2 del Código federal (2 USC 7), significaría que la elección del comisionado residente este año debería mantenerse para el 3 de noviembre, por lo que un retraso en el proceso correspondiente a los demás cargos en juego obligaría a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a celebrar comicios en dos fechas distintas en menos de un mes, escenario a todas luces muy impráctico.
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Sin embargo, para el candidato popular a la comisaría residente, Aníbal Acevedo Vilá, la elección del representante de Puerto Rico ante el Congreso federal queda excluida de las disposiciones del 2 USC 7, toda vez que la isla es el único de los territorios cuyo delegado lleva el título de comisionado residente y, además, disfruta de un término de cuatro años. Los congresistas federales y delegados de los demás territorios estadounidenses son electos cada dos años.
Acevedo Vilá, quien ya ocupó la comisaría residente entre 2001 y 2004, apuntó a la Sección 891 del Título 48 estadounidense que, tomando el lenguaje de la sección 36 de la Ley Jones-Shafroth, dispone que en “cada elección general” los votantes puertorriqueños escogerán un comisionado residente para los siguientes cuatro años. El estatuto únicamente hace referencia al 3 de enero siguiente a la elección, como la fecha en que el comisionado residente electo tomará posesión del cargo.
“Si te fuera a dejar llevar por ese (2 USC 7) el comisionado residente se tendría que escoger cada dos años. Y además dice ‘delegates,’ cuando en el caso de Puerto Rico se llama ‘resident commissioner’, tiene un título especial. Si fuera a aplicar (el 2 USC 7) el término (eleccionario) sería cada año par. El único que está cuatro años es el de Puerto Rico, que se llama ‘resident commissioner’ y es esa sección (48 USC 891) en especial”, opinó Acevedo Vilá, aunque igualmente aceptó que es un debate legalista que requiere “mayor análisis”.
Metro intentó obtener una reacción de la comisionada residente Jenniffer González, quien aspira a la reelección, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.
Para Acevedo Vilá, más allá del debate legal, es necesario que, una vez culminada la primaria, los comisionados electorales, incluyendo las nuevas figuras que nombren los candidatos a la gobernación del Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático, lleguen a un consenso sobre una persona para remplazar al presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, señalado como el principal responsable de la debacle vivida en pasados días. Asimismo, dijo el también exgobernador, se debe promover una evaluación para determinar si el organismo electoral estaría preparado para organizar unos comicios el 3 de noviembre.