Los puertorriqueños se preparaban el jueves para el segundo fin de semana consecutivo de primarias luego de que la Corte Suprema del territorio estadounidense ordenó a las autoridades la reapertura de los centros de votación donde los errores en el suministro de boletas impidieron votar en primera ronda.
El fallo del miércoles afecta solo a los centros que no llegaron a abrir o que no estuvieron abiertos las ocho horas reglamentarias el domingo debido a la falta o a la demora en la llegada de las boletas.
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La decisión generó preocupación entre algunos que creen que excluye a los votantes que no regresaron a los centros que abrieron tarde pero se mantuvieron abiertos el tiempo exigido, porque algunos no pudieron volver o no sabían que la votación era posible.
La alcaldesa de la capital, San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien es una de las tres aspirantes a gobernador por el principal partido de oposición, el Partido Popular Democrático, dijo no estar de acuerdo con la decisión de celebrar una votación parcial este domingo.
“Los electores pudieron confundirse con toda la información conflictiva que surgía momento a momento y perder la oportunidad de ejercer el voto por creer que su colegio estaba cerrado”, dijo.
Maite Oronoz, presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, dijo en su opinión que no había una solución perfecta a lo que describió como una “vergüenza” que laceró el derecho fundamental al voto.
“Miles de puertorriqueños invirtieron su tiempo, arriesgaron sus vidas ante el contagio potencial del COVID-19, hicieron arreglos en sus trabajos o en sus hogares, esperaron en filas bajo el sol, pagaron transportación o se movilizaron a pie — más de una vez — para ejercer su derecho al voto. Muchos, incluso, fungieron como voluntarios en los colegios para garantizar la pureza de los procesos y la Comisión Estatal de Elecciones les falló abismalmente”, escribió Oronoz.
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El fallo responde a cinco demandas incoadas luego de que la falta de boletas o la demora en su entrega derivó en que el domingo sólo se votara en aproximadamente 60 de los 110 centros de votación de Puerto Rico.
Tres de ellas fueron interpuestas por candidatos a gobernador que exigieron que los sufragios que ya habían sido emitidos fueran contabilizados y difundidos. Una cuarta demanda, presentada por la gobernadora Wanda Vázquez — quien participó en las primarias de su partido_, solicitaba la realización de una segunda ronda electoral en los centros que abrieron tarde. La quinta era de una votante representada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
La decisión fue celebrada con cautela por algunos votantes, como Yadira Pizarro, una maestra que el domingo esperó varias horas fuera de un centro de votación antes de irse a casa cuando le dijeron que no abriría.
“Espero que lleguen las papeletas”, señaló asegurando que el domingo tiene previsto acudir pronto a votar. “Si a esa hora que yo llegue no están, me voy y no vuelvo”.
Luego de la debacle en las votaciones, las autoridades electorales reconocieron que las últimas boletas no llegaron hasta el sábado por la noche y que los camiones alquilados que transportaban las papeletas y las máquinas de voto electrónicas no salieron a sus rutas sino hasta el domingo en la mañana. Normalmente, los materiales se entregan con uno o dos días de antelación.
Vázquez y los presidentes de los dos principales partidos de la isla exigieron la renuncia del titular de la comisión electoral, Juan Ernesto Dávila.
Dávila dijo que sería irresponsable dimitir mientras se resuelve el tema de las primarias, y comentó a The Associated Press que no cree que celebrar la votación a pesar de saber que la entrega de materiales iba demorada haya sido un error. Culpó del retraso a la pandemia, a la tormenta tropical Isaías y a una solicitud de último momento por parte de ambos partidos para la emisión de boletas adicionales.
“Quiero exhortar al pueblo de Puerto Rico que tenga confianza en nuestro sistema electoral”, dijo Dávila en un comunicado difundido poco después del fallo judicial.
La junta federal de control que supervisa las finanzas de Puerto Rico autorizó destinar 1,27 millones de dólares a la segunda ronda de votación, advirtiendo en una carta que “la eficiencia en el uso de esos fondos es primordial”.
Vázquez se enfrenta a Pedro Pierluisi, un exsecretario de Justicia que representó a Puerto Rico en el Congreso federal durante ocho años, en la lucha por la nominación a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, que está a favor de la estadidad.
Pierluisi se desempeñó brevemente como gobernador el año pasado tras la renuncia de Ricardo Rosselló en medio de protestas multitudinarias por corrupción y la filtración de un grupo de chat repleto de obscenidades. Sin embargo, la Corte Suprema decretó que Vázquez era la próxima en la línea de sucesión según marca la Constitución porque era la secretaria de Justicia y en ese momento no había secretario de Estado.
En las primarias del principal partido de la oposición, la alcaldesa de San Juan se enfrenta al senador por Puerto Rico Eduardo Bhatia y a Carlos Delgado, alcalde de la localidad noroccidental de Isabela.
