Diversas iglesias de California y Minnesota, con el respaldo de un grupo legal conservador, presentaron demandas esta semana en contra de los gobernadores de ambos estados para impugnar las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, las cuales consideran violaciones a la libertad religiosa.
Las demandas representan las más recientes de una serie de impugnaciones legales de clérigos y templos que creen que deberían estar exentos de ciertas restricciones impuestas a las reuniones públicas por gobernadores que insisten en que las medidas son necesarias para contener la pandemia. La mayoría de las demandas han sido rechazadas, aunque algunas han prosperado.
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En Minnesota, una demanda legal fue interpuesta el jueves en una corte federal contra las órdenes ejecutivas del gobernador Tim Walz que exigen que se mantenga un distanciamiento social de 1,8 metros (seis pies) y se usen mascarillas en los servicios religiosos.
“El gobernador Walz, un exprofesor, reprobó en libertades religiosas”, dijo Erick Kaardal, asesor legal especial para la Sociedad Tomás Moro. “Otros estados, entre ellos Texas, Illinois y Ohio, han excluido a las iglesias de los mandatos de cubrebocas por el COVID-19”.
El secretario de Justicia estatal de Minnesota, Keith Ellison, reiteró su defensa del mandato de Walz, argumentando que es sólido legal y constitucionalmente.
Walz había estado envuelto en una batalla con congregaciones católicas y de la Iglesia Luterana-Sínodo de Missouri en todo Minnesota por las restricciones que implementó a las reuniones de más de 10 personas. El gobernador cedió y determinó que podrían ofrecer servicios a un 25% de su capacidad si se cumplían ciertas condiciones una vez que dejaron claro que planeaban desafiar el mandato.
Hace unos días, un pastor en Palmetto, Florida, presentó una demanda legal contra la orden de usar mascarilla fijada por el condado Manatee. El reverendo Joel Tillis, de la Iglesia Bautista Suncoast, dijo que el mandato no debería incluir templos, dado que dificulta el rezar.
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La Sociedad Tomás Moro, que se especializa en litigios sobre asuntos religiosos, presentó una demanda el miércoles en la Corte Superior de California contra el gobernador Gavin Newsom y otros funcionarios. Con la querella se busca impedir la aplicación de “regulaciones por la pandemia de coronavirus inconstitucionales y severas” contra la Iglesia Comunitaria de la Gracia en el barrio de Sun Valley, en Los Ángeles.
El pastor John MacArthur ha estado realizando servicios religiosos en las últimas semanas ante una muchedumbre de feligreses, en desafío a los límites de congregación establecidos por las autoridades estatales y del condado.
“Nosotros obedeceremos a Dios más que al hombre”, manifestó MacArthur en un mensaje a su congregación. “Él estará de nuestro lado”.
Uno de los abogados que representan a MacArthur y su iglesia es Jenna Ellis, quien también es asesora legal de la campaña de reelección del presidente Donald Trump.
“Los edictos de California que exigen un cierre indefinido han excedido lo racional y están firmemente en territorio de la tiranía y la discriminación”, afirmó Ellis. “Esto no es un asunto de salud. Es sobre enfocarse deliberadamente en las iglesias”.
La demanda afirma que las restricciones a las reuniones numerosas no deberían aplicarse a las iglesias porque no se aplicaron a las manifestaciones multitudinarias contra el racismo y la brutalidad policiaca.
