El grupo “Gimnasios Unidos por Puerto Rico” y el Gobierno, fueron citados por el juez Alfonso Martínez Piovanetti, a una vista a discutir las peticiones de las partes.
La vista está señalada para este próximo jueves 13 de agosto de 2020 por vía de teleconferencia a las 2 de la tarde en el Tribunal de San Juan.
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“En esta vista se discutirá la petición de desestimación sometida por el gobierno donde alega, entre otras cosas, que esto es una cuestión política. La realidad es que es una cuestión salubrista, al día de hoy no se demostrado científicamente que los gimnasios sean foco de infección, por otro lado, el cierre no ha demostrado merma alguna en los contagios, lo que significa que con este cierre sin evidencia, no se logrado nada”, dijo Abdiel Lugo portavoz del grupo en comunicación escrita.
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El pasado 7 de agosto de 2020, la franquicia de gimnasios HCOA PR Franchise Holding se unió a la demanda radicada. En la petición su representante legal, el Bufete Morell Cartagena & Dapena alegan que sirven a más de 25,000 clientes y emplean a 500 personas.
Los demandantes le piden al Tribunal de Primera Instancia de San Juan revisar la constitucionalidad de la Orden Ejecutiva 2020-54 ya que, además, a su juicio la misma interviene y menoscaba obligaciones contractuales contraídas entre estos y sus clientes y violenta la libertad de reunión.
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Además, plantean que el gobierno no tiene la potestad para intervenir con estos derechos a través de una orden ejecutiva y que de proceder tendría que hacerse mediante ley.
La industria de gimnasios aporta anualmente 70 millones de dólares a la economía del país.
