Un juez federal de Estados Unidos ordenó que se efectúen pruebas de coronavirus a todas las personas que se encuentren en un centro de detención de inmigrantes en California, y declaró que las autoridades habían mostrado una “indiferencia deliberada frente al riesgo de un brote”.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) ha “perdido el derecho a que se le tenga confianza” en que adoptará medidas en el Centro de Detención Mesa Verde en Bakersfield, dijo el jueves el juez federal Vince Chhabria, de acuerdo con el San Francisco Chronicle.
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El ICE no respondió de momento a una solicitud de comentarios, dijo el periódico.
Mesa Verde es propiedad de un contratista privado del ICE y alberga a 121 hombres que han impugnado en tribunales los procedimientos de deportación o están a la espera de ellos.
Por lo menos nueve detenidos y 14 miembros del personal han dado positivo en las pruebas de coronavirus, dijo al periódico Bree Bernwanger, del Comité de Abogados pro Derechos Civiles en San Francisco.
Varios jueces han ordenado liberar a los detenidos que pudieran ser médicamente vulnerables frente al virus en Mesa Verde y otras instalaciones.
Sin embargo, funcionarios del ICE indicaron en correos electrónicos al contratista, GEO Group, que la agencia quería evitar la realización de pruebas universales porque no tenía espacio para poner en cuarentena a quienes pudieran dar positivo, informó Chronicle.
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El juez dijo que la evidencia muestra que funcionarios “han evitado la realización de pruebas generalizadas al personal y los detenidos en la instalación, no por falta de pruebas, sino por temor a que se vean obligados, en caso de resultados positivos, a poner en marcha medidas que ellos al parecer consideraron que no valían la pena”.
Chhabria emitió una orden temporal que requiere realizar pruebas cada semana a todos los detenidos con métodos que brinden resultados rápidos. El juez también prohibió nuevas admisiones en Mesa Verde y ordenó al ICE reservar un dormitorio para personas que den positivo al COVID-19.
Se programó una audiencia para el 21 de agosto en la que el juez decidirá si amplía la orden.
