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Eduardo Bhatia: un candidato con una larga trayectoria legislativa

Metro analiza la trayectoria de los cinco precandidatos a la gobernación.

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Luego de una larga trayectoria en la Legislatura, el senador del Partido Popular Democrático (PPD) Eduardo Bhatia —de 56 años de edad— busca convertirse en el primer candidato a la gobernación de la colectividad que es seleccionado mediante una primaria.

Bhatia, quien es abogado de profesión, alcanzó su primer escaño legislativo en 1996 como senador por acumulación. Luego, en 2000 y 2004, sufrió dos derrotas contra Jorge Santini por la alcaldía del municipio de San Juan. En 2008, regresó al Senado y en 2013, fue elegido como presidente de dicho cuerpo legislativo. En 2016, fue electo a un tercer término como senador y funge como portavoz de la minoría del PPD en el Senado.

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En julio de 2019, Bhatia oficializó su aspiración a la gobernación por el PPD. Hasta el momento, el senador cuenta con el respaldo de la exgobernadora Sila María Calderón; Roberto Prats; el alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán; el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz; el alcalde de Carolina, José Aponte Dalmau; y los representantes populares José ’Conny’ Varela y Ángel Matos.

Opositores del senador cuestionan su respaldo a medidas que suponen la privatización de servicios públicos como su aval a la Reforma Educativa —la cual dio paso a las escuelas chárter y los vales educativos— y a la venta de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ambas legislaciones impulsadas por la administración novoprogresista.

A su vez, Metro reveló que este fue bonista de dicha corporación pública mientras impulsó legislación sobre esta durante su presidencia en el Senado. En días recientes, Bhatia fue referido al Departamento de Justicia por el representante novoprogresista Enrique ’Quiquito’ Meléndez para que se determine si el senador violó la Ley de Ética Gubernamental ya que alega que este podría haber promovido legislación para beneficiar sus bonos en el gobierno.

Entre los aciertos que se le adjudica se encuentra la aprobación de lo que hoy se conoce como la Ley 22 de 2013 que prohíbe el discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo público o privado.

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