La Brigada de la 3era Edad denunció este viernes, como violación a los derechos de la población de adultos mayores el mal manejo por parte del gobierno para prevenir el contagio del COVID-19 en los hogares y centros de larga duración en la isla.
La presidenta de la Brigada, Amada García Gutiérrez dijo en comunicación escrita que “el gobierno de Puerto Rico ha demostrado ser incapaz de cumplir con sus objetivos de prevención y como consecuencia los hogares se han visto afectados”. Enfatizó que: “El gobierno debe informar un plan estratégico claro y riguroso con el fin de prevenir que esto siga sucediendo”.
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Explicó que “en el mes de marzo, el gobierno anunció que se realizarían pruebas masivas en los hogares y centros geriátricos de la isla con el fin de garantizar la seguridad de la población, acuerdo que recientemente se le asignó al Departamento de Salud (DS) y el Departamento de la Familia (DF). No obstante, en las pasadas semanas los medios de comunicación hicieron público al menos tres hogares con casos del COVID-19 (hogar en Carolina; El Quijote, en Bayamón y Hogar Villa Almirante, en Vega Baja). Situación que le ha costado la vida a algunos y ha puesto en riesgo la seguridad de la población vieja y sus cuidadores/as”.
“La política pública del gobierno con y para la población vieja establece que se le debe garantizar el acceso a servicios de salud y añade que deben ser prioridad. Siendo la pandemia una amenaza real a la población, la Brigada entiende que entidades como la Oficina de la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) debe comenzar un proceso de fiscalización y denuncia sobre la situación que enfrentan los hogares”, sentenció.
“Parte de la preocupación de la organización es que conocemos solo de tres hogares porque han salido a la luz pública. La organización se pregunta cuántos hogares están enfrentando un brote de COVID-19 y aún se desconocen. El llamado de la Brigada es el de garantizar el derecho de la salud de nuestra población vieja de una forma responsable, diligente, organizada y transparente”, dijo García Gutiérrez.
Por otra parte, Mariangely Lebrón y la gerontóloga Lymaris Ortiz, ambas miembros de la junta de la Brigada, expresaron que “no es suficiente con que el gobierno informe que el DS se hará cargo de la distribución de las pruebas. La comunidad vieja, sus familiares, sus cuidadores/as y los/as dueños/as de hogares tienen el derecho de conocer cuáles serán las estrategias para evitar mayor propagación del virus dentro de los hogares. Como portavoces de la Brigada, añaden que es evidente los efectos que tienen la fragmentación de los servicios que ha sido denunciada en varias ocasiones. En la Brigada exigimos que no solo se garanticen el acceso a las pruebas, sino que también se les garanticen herramientas y equipo de protección a los hogares y sus cuidadores/as”.
La organización entiende que “de la única forma que evitaremos un problema mayor es garantizando el acceso a las pruebas, restricciones más rigurosas, inspecciones periódicas por parte de las agencias pertinentes, reforzar las medidas de seguridad del personal y la transparencia de la información que se le brinda al pueblo puertorriqueño”.
