El presidente de la legislatura municipal de San Juan y candidato al Senado por acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD), Marco Rigau, anunció el jueves la presentación de una demanda ante el Tribunal Federal, en la que solicita que se declare inconstitucional la Ley 51 de 16 de mayo de 2020 que viabilizó una consulta ’estadidad sí o no’ el día de las elecciones.
“La ley federal vigente establece que toda consulta debe ser un proceso objetivo, con alternativas, para que el pueblo de Puerto Rico escoja su preferencia. El plebiscito aprobado por el gobierno del Partido Nuevo Progresista no cumple con ese principio básico que establece la ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Esa norma jurídica constituye el debido proceso de ley que debe seguirse en toda iniciativa plebiscitaria sobre el futuro de las relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos. Esto es así por ley federal desde el 2014”, afirmó Rigau en comunicación escrita.
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“Este plebiscito ensuciaría las elecciones generales del 2020, donde se elige, entre otras cosas, un funcionario federal, el comisionado residente de Puerto Rico en los Estados Unidos. Así lo destacó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo cual este referéndum no se debe llevar a cabo”, añadió.
Esta petición ante el foro federal detendría el plebiscito dispuesto por el gobierno para las elecciones generales del 3 de noviembre.
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El caso número 20-cv-01385-WGY fue presentado por Rigau ante la corte federal por entender que es el foro al que corresponde adjudicar su planteamiento de ilegalidad en torno a la Ley 51. Como codemandantes figuran el portavoz del PPD en la legislatura municipal de San Juan, Jimmy Zorrilla, quien además es candidato a representante por el precinto 3 de San Juan, y Yaramary Torres, precandidata a la Cámara de Representantes por acumulación bajo la Pava. Mientras, los demandados son la Comisión Estatal de Elecciones y su presidente, Juan Ernesto Dávila Rivera.
Según Rigau, la demanda establece que el plebiscito constituye una acción opuesta a la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, por lo que resulta inconstitucional y a su vez, contraria al Public Law 133-76, 128 STAT. 5, 61, aprobada por la administración del expresidente Barack Obama.
Este explicó, además, que el secretario de Justicia de los Estados Unidos determinó oficialmente, en una comunicación reciente, que la Ley 51 del 2020 no cumple con los parámetros legislativos y constitucionales para una consulta o plebiscito sobre el futuro de Puerto Rico por varias razones.
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“Toda consulta que apruebe la Legislatura, incumpliendo esos parámetros, violenta el debido proceso de Ley garantizado por la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, un derecho fundamental que aplica en Puerto Rico. De igual forma, toda consulta, que no cumpla con los parámetros establecidos por el Congreso es contraria a la ley, y por lo tanto es ilegal. La asamblea legislativa no puede legislar contrario a las leyes de Estados Unidos y mucho menos a la Constitución de los Estados Unidos”, agregó.
El también presidente de la asamblea municipal de San Juan indicó que todo lo anterior es el estado de derecho, independientemente se utilicen fondos federales o fondos públicos de Puerto Rico. Por ende, cualquier consulta de status tiene que ser cónsona con la Constitución y con las leyes de Estados Unidos.
“Solicitamos a la corte federal que declare inconstitucional o ilegal la Ley 51. Conforme a lo establecido bajo la administración de Barack Obama y por la presente administración, la posición de los Estados Unidos sobre Puerto Rico es la misma, tanto de los demócratas como de los republicanos. Toda consulta sobre el futuro político de la isla tiene que proponer opciones, tiene que ser objetiva y no partidista. El gobierno del Partido Nuevo Progresista ha violado esto”, puntualizó Rigau.
