El Senado aprobó hoy que se eleve a rango constitucional que cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se proceda en primer término al pago de intereses y amortización de la deuda y al pago de las pensiones de todos los retirados que fueron participantes del Sistema de Retiro para la Judicatura, Maestros, Empleados del Gobierno y cualquiera otro creado por Ley.
Así sucedió al darle paso a la Resolución Concurrente del Senado 101 de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y de los senadores de la Mayoría Parlamentaria que propone enmendar la Constitución mientras que al darle paso al Proyecto del Senado 1660 da paso al referéndum a esos fines.
La primera pieza legislativa obtuvo 23 votos a favor de los senadores de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y de los senadores populares Eduardo Bhatia Gautier, Aníbal José Torres y Rossana López León. De igual forma, el senador independentista Juan Dalmau Ramírez y el senador independiente José Vargas Vidot. Votaron en contra los senadores populares Cirilo Tirado Rivera, José Luis Dalmau Santiago y Miguel Pereira.
La votación del Proyecto del Senado 1660 fue igual que la Resolución Concurrente del Senado 101.
En la Cámara de Representantes, el presidente Carlos Johnny Méndez había dicho que el proyecto no tendría los votos.
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La enmienda propuesta será sometida para la aprobación o rechazo de la ciudadanía en un referéndum especial que se llevará a cabo el próximo martes 3 de noviembre, día en que se celebran las elecciones generales.
“El motivo de esta medida surge por la realidad que vive Puerto Rico con su lucha en los tribunales ante los acreedores que dicen que su pago esta por encima de las pensiones de nuestros retirados. Esos jubilados tendrán una garantía que al día de hoy no existe”, dijo el presidente del Senado sobre la Resolución Concurrente del Senado 101 que fue favorecida por la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Administración de Sistemas de Retiro (ASR).
“Le pido a los senadores que demos un paso (hacia delante). Que ofrezcamos algo más, otra herramienta a los pensionados y jubilados para que tengan una defensa, algo que plantear en beneficio del pago de su pensión luego de haberle servido al pueblo de Puerto Rico”, añadió el presidente del Senado.
Se desprende del informe positivo, en el cual se acogieron enmiendas del Departamento de Justicia, que el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) mantiene los recortes a los jubilados de los tres principales sistemas de retiro, rechazando así los planteamientos del gobierno a través de la AAFAF para que se cancelaran los mismos.
Los recortes a los retirados gubernamentales, que ascienden hasta 8.5% en algunos casos, están contenidos en el plan de ajuste que la JSF alcanzó con el Comité Oficial de Retirados en iunio de 2019. En dicho documento se dispone que el 36 % de los cerca de 167 mil jubilados enfrentaría el recorte máximo de 8.5 % mientras el 5 % sufriría una reducción menor. El 59 % no vería reducción al recibir una pension mensual de $1,200 o menos.
El plan fiscal detalla que el sistema de retiro de empleados del gobierno central cobija a alrededor de 123,000 retirados. De estos, alrededor de dos terceras partes reciben menos de $1,200 al mes, por lo que no estarian sujetos al recorte. De acuerdo con datos de 2019, apenas 13,000 exempleados del gobierno central reciben pensiones sobre los $2,000 mensuales. El caso de los maestros retirados, sin embargo, alrededor del 64% estaria sujeto a reducciones en la pensi6n mensual.
Unos 15,000 de los cerca de 45,000 maestros pensionados reciben beneficios de entre $1,200 y $2,000 al mes, mientras otros 12,000 tienen ingresos de $2,000 a $3,000. De otro lado, el 71% de los 553 iueces jubilados recibe pensiones que superan los $3,000. Apenas 45 de los jueces retirados tienen beneficios por debajo de los $1,200 mensuales y no sufririan recortes.
Más dinero para enfermeros públicos
El Alto Cuerpo aprobó a su vez el Proyecto de la Cámara 2143 que establece mediante ley el salario mínimo a ser devengado por enfermeros en el servicio público. Según la propuesta del representante José Enrique “Quiquito” Meléndez, el salario mínimo será el siguiente:
· Enfermero práctico sin experiencia- $1,800.00
· Enfermero práctico con experiencia- $2,000.00
· Enfermero asociado sin experiencia- $2,300.00
· Enfermero asociado con experiencia- $2,500.00
· Enfermero generalista sin experiencia- $2,750.00
· Enfermero generalista con experiencia – $3,000.00
Otras medidas aprobadas
Resolución Conjunta de la Cámara 737, que asigna $20 millones provenientes de la Resolución Conjunta de Presupuesto para el año fiscal 2020-2021, a entidades e instituciones semipúblicas, públicas y privadas cuyas actividades o servicios propendan al desarrollo de programas y bienestar social de la salud, la educación y la cultura y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.
Resolución Conjunta de la Cámara 766, que incluye como parte del presupuesto gubernamental para el presente año fiscal, una asignación presupuestaria de $536 millones para la reposición de cierta Reserva de Emergencia según aprobado y autorizado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). También, $28 millones para el pago a tenor con el acuerdo transaccional de ciertas reclamaciones afirmadas.
La Cámara Alta dio paso a varias concurrencias y otras piezas legislativas.
El próximo día de Sesión será este jueves, 6 de agosto; a las 11:00 a.m.