Las leyes que crean una ventana de retiro incentivado para empleados públicos y mejoran los beneficios de jubilación de los policías, ambas firmadas hoy por la gobernadora Wanda Vázquez, no cuentan por el momento con el aval de la Junta de Control Fiscal (JCF), advirtió el portavoz del organismo Edward Zayas.
“La posición de la Junta con respecto a estas medidas se mantiene, tal y como expresan las cartas enviadas a la gobernadora y a los líderes legislativos. Conforme a (la Ley) Promesa, la gobernadora tiene siete días para enviarle a la Junta tales medidas acompañadas de un certificado de cumplimiento con el plan fiscal”, dijo por escrito el oficial de prensa de la JCF.
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Zayas hacía referencia a sendas cartas con fechas del 23 y 24 junio enviadas tanto a la gobernadora como a los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez.
En la carta del 23 de junio, la JCF señala que el Proyecto del Senado (PS) 1616, que abría el camino para la ventana de retiro, violentaba la facultad del ente fiscal para determinar el curso a seguir con el ajuste de las pensiones del sector público. Además, enfatiza a que los ahorros que el gobierno generaría mediante el retiro de los trabajadores, que cobrarían una pensión equivalente al 50% de su salario, solo se produciría si las posiciones que dejarían vacantes se congelan o eliminan, elemento que la ley dispone.
“Provisiones del PS 1616 que permitirían a la agencias recontratar personal para posiciones ‘esenciales’ o permitirle a los participantes acogerse de forma diferida potencialmente permitiría que las agencias ofrecieran mejores beneficios de retiro sin generar ahorros en nómina, resultando en incrementos en los costos”, dice, sin embargo, la misiva firmada en aquel entonces por Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF.
“Desde el 1994 el gobierno ha ofrecido sobre 20 ventanas de retiro temprano, que han afectado la capacidad del gobierno para ejecutar y muchos de los programas fracasaron en generar ahorros significativos”, agrega la carta.
Sobre el PS 1623, que mejora beneficios de retiro para policías reclutados antes del 2000, así como para bomberos, oficiales de custodia y paramédicos del gobierno central y de los municipios, la JCF apuntó igualmente que era “significativamente inconsistente” con el plan fiscal.
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“El PS 1623 tiene el efecto de incrementar significativamente los costos de retiro asociados con el retiro de oficiales de la Policía”, menciona la carta del 24 de junio, en la que destaca que los agentes cobrarían una pensión de entre 50% y 60% de su último salario y además recibirían un beneficio $100 mensuales para el pago de plan médico.
“Bajo la elegibilidad de pensión mejorada contenida en el PS 1623, la compensación en las pensiones de los policías se duplicarían (25% a 55% en promedio) en términos del porcentaje relativo al salario de su último año y aumentarían incluso más en el caso de los participantes que se retiren después de los 58 años”, expresó Jaresko.
La versión final del PS 1616 se aprobó el 30 de junio, luego de un comité de conferencia legislativo provocado por las enmiendas introducidas en la Cámara de Representantes el 25 de ese mes. El PS 1623, en tanto, también fue enmendado por la Cámara baja en esa fecha, y el Senado concurrió con los cambios el 30 de junio, último día la sesión ordinaria.
Hoy, en conferencia de prensa, la gobernadora argumentó que el PS 1616 generaría al erario ahorros por más de $1,400 millones a lo lago de 30 años a partir de los salarios que se dejarían de devengar por los empleados que se acojan al retiro.
“Al momento hay cerca de 9,452 participantes activos de la Ley 447 (de 1951) que representan una nómina de 342 millones más alrededor de $60 millones en beneficios marginales. Si todos ellos se retiran bajo esta ley… con un 50% de su salario actual, ello representaría un ahorro para el gobierno de $171 millones (anuales). Por otra parte, alrededor de 1,900 participantes activos bajo la Ley 1-1990 elegibles bajo esta medida representan una nómina anual de cerca de $77 millones. Por lo mismo, esta iniciativa representa un ahorro sustancial a las arcas gubernamentales, que viene únicamente de una contracción en los gastos asociados a nómina. Luego de su implantación, el gobierno podrían obtener un ahorro de sobre $1,400 millones durante un periodo de 30 años o $1,000 millones en cinco años”, aseguró Vázquez.
Los empleados elegibles para acogerse al retiro en la ventana provista, según la versión final del PS 1616, son aquellos que cotizan desde antes del 1 de abril de 1990 y cuentan con al menos 20 años en el servicio público, así como quienes ingresaron al sector público entre 1 de abril de 1990 y el 31 de diciembre de 1999 y cuenten con 15 años o más de trabajo.
La fecha límite para acogerse al programa es el 31 de diciembre de este año, aunque las agencias, dice la ley, pueden establecer un plan escalonado hasta el 31 de diciembre de 2022 para asegurar la continuidad de los servicios.
En el caso del PS 1623, se dispuso finalmente que los beneficiarios de esa ley recibirían una pensión vitalicia equivalente a entre 45% y 55% de su salario, dependiendo de la edad y el momento en que comenzaron a cotizar.
Hace unos meses, la jueza Laura Taylor Swain, quien supervisa la quiebra de las entidades del gobierno de Puerto Rico, falló a favor de la JCF en una demanda que buscaba anular la Ley 29-2019, que liberaba a los municipios del pago de las pensiones y planes médicos de sus empleados, al concurrir con el organismo en que el estatuto era inconsistente con el plan fiscal.
