El gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal (JCF) podrían considerar enmiendas al acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como parte del proceso de la reestructuración de la deuda de la corporación pública.
Así lo establecieron en un moción presentada el pasado viernes en la noche ante la jueza Laura Taylor Swain, en la que señalan que la emergencia del COVID-19 y su impacto en la economía provoca que el gobierno y el ente fiscal evalúen la viabilidad de dichos términos.
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“Las partes del gobierno continúan evaluando la viabilidad del RSA [acuerdo con los bonistas]. A pesar de que el gobierno no está listo en este momento para continuar los procesos de la Moción 9019, la posposición del proceso de reestructuración de la deuda ante el COVID-19 no ha disminuido el compromiso del gobierno ha culminar con el proceso de Título III”, reza la moción.
“La condición financiera de PREPA [AEE] no es independiente del gobierno de Puerto Rico, y similar a la situación con el gobierno central, se necesita tiempo adicional para entender cómo y si esta situación impactará a la AEE y hasta qué punto se deberá enmendar el RSA [acuerdo con bonistas”, añadió.
Además, el gobierno sostuvo que el inicio del ciclo electoral y el cierre de la sesión legislativa, impactaron una aprobación o respaldo al acuerdo con los bonistas.
“Las partes del gobierno solicitan que se les permita actualizar su posición [en torno al acuerdo de reestructuración] en o antes del 25 de septiembre de 2020”, reza el documento legal.
Asimismo, la moción apunta a que, pese a que estarían dispuestos a enmendar el acuerdo de reestructuración de la deuda, la AEE ha continuado haciendo ajustes para cumplir con el proceso federal de Título III. La AEE tiene una deuda de alrededor de $9,000 millones.
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El gobierno también planteó que en marzo, la combinación de desastres naturales y la pandemia, provocó una reducción del 50% en los recaudos de la AEE. Sin embargo, indicaron que recientemente que dichos ingresos aumentaron a un 90% de lo pronosticado.
Otra de las razones que esbozó el gobierno para postergar la discusión del acuerdo con los bonistas es que la administración gubernamental está “enfocada” en las medidas de salubridad para combatir la pandemia del COVID-19.
Entre las medidas que señala la moción que tomó la AEE para cumplir con el proceso legal es la venta de los activos de transmisión y distribución al consorcio energético LUMA Energy.
