Thomas Rivera Schatz radica enmienda a la Ley de Administración de Documentos Públicos

La enmienda radicada tiene fecha del jueves, 24 de julio, justo cuando se cumplía un año de la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares

Por Metro Puerto Rico

El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, radicó el Proyecto del Senado 1661 que busca enmendar la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico del 8 de diciembre de 1955.

El documento tiene fecha del viernes, 24 de julio, en medio de la 5ta Sesión Extraordinaria del 18va Asamblea Legislativa, de acuerdo con Microjuris.

El proyecto toca de cerca la producción, la reproducción, la utilización, la transmisión, el recibo, la emisión y la conservación de documentos públicos en formato electrónico y digital. La intención es enmendar los Artículos 1 y 4, derogar los Artículos 3 y 4ª, así como añadir nuevos Artículos 3 y 4ª a la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955.

La finalidad es “mejorar la gerencia tecnológica del gobierno con alcances estatutarios uniformes relacionados con la validez legal, la producción, reproducción, utilización, transmisión, recibo, emisión y conservación de los documentos públicos en formatos electrónicos y digitales”, así como “para otros fines relacionados”.

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La Ley de Administración de Documentos Públicos tiene el norte de establecer un programa sistemático para conservar documentos con valor histórico, legal, administrativo o informativo que necesiten conversarse por mucho tiempo. Igual dicta la eliminación de documentos sin valor permanente o sin utilidad administrativa.

Es, igualmente, una de las principales leyes utilizadas para el acceso a documentos públicos.

Justo cuando comenzaba el año se aprobaron la Ley de Datos Abiertos y la Ley de Transparencia. El Comité para la Protección de Periodistas encontró que las normativas aumentaban la cantidad de días hábiles que las instrumentalidades del gobierno tenían para entregar información y documentos, así como tampoco definían con precisión el término “documento público”.

Las dos leyes contaban con la oposición de los principales gremios periodísticos en Puerto Rico.

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