El congresista demócrata Raúl Grijalva cuestionó hoy los pasos recientes que ha dado la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para iniciar un proceso de transformación de la red eléctrica tras los embates de los huracanes Irma y María y los terremotos de enero en el sur de la isla.
El Comité de Recursos Naturales celebró hoy una vista pública para discutir el estatus de la reconstrucción de la red eléctrica, las metas para alcanzar un 100% de energía renovable para 2050 y el contrato con la empresa LUMA Energy, quien administrará el sistema de transmisión y distribución de la AEE por los próximos 15 años.
PUBLICIDAD
El legislador de Arizona —quien preside dicho comité congresional— comentó que las decisiones recientes de la corporación pública de optar por la contratación de gas natural podría resultar en que la cuesta sea más empinada para que la isla cumpla con su objetivo de alcanzar un 100% de energía renovable para el 2050, según dispone la Ley 17 de 2019. Actualmente, según cifras del propio legislador, Puerto Rico solo cuenta con un 2.3% de generación por medio de infraestructura de energía renovable. Grijalva, además, indicó que es necesario que Puerto Rico establezca un sistema eléctrico que sea accesible para la ciudadanía.
Por su parte, la comisionada residente Jenniffer González, comenzó su participación en la audiencia señalando que la transformación de la AEE debe ocurrir lo antes posible y adoptar un sistema energético moderno y resistente a desastres naturales. “Necesitamos aplicar políticas para paliar los altos costos de electricidad que obstaculizan el crecimiento económico, para reducir nuestra dependencia de las importaciones de petróleo y mitigar el impacto ambiental”, indicó.
La lista de deponentes en la audiencia incluyó a José Ortíz, director ejecutivo de la AEE; Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP); Edison Avilés, director del Negociado de Energía de Puerto Rico; Ruth Santiago, miembro de la coalición Queremos Sol; Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER); y Josen Rossi, presidente de la Junta del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico (ICSE).
Ortiz, por su parte, a preguntas del representante Darren Soto, indicó que esperan que para el 2030, haber eliminado el uso de combustible y carbón para operar el sistema eléctrico. En cambio, el funcionario apostó a que para esa fecha solo utilicen gas natural y energía renovable. Por su parte, Santiago, objetó las expresiones de Ortiz y aseguró que el país debe moverse de inmediato a la adopción de energía solar y la compra de baterías para almacenar energía. Sin embargo, opinó que es improbable que el gobierno pueda eliminar el uso de combustible y carbón para el 2030. Añadió que, en lugar de continuar apostando al gas natural, la AEE primero debe implementar programas de eficiencia energética para los consumidores.
Defienden contrato con LUMA
Por su parte, Ortiz y Fontanés defendieron el contrato con LUMA Energy, el cual tendrá un costo de $1,500 millones por un término de 15 años para operar y mantener el sistema de transmisión y distribución de la AEE.
PUBLICIDAD
Fontanés, por su parte, negó que LUMA pueda aumentar los costos energéticos en la factura de los consumidores y aseguró que dicha facultad quedará en manos del Negociado de Energía.
“El contrato, de ninguna manera, elimina, limita o restringe la autoridad del Negociado de Energía para establecer tarifas o ejercer sus labores de supervisión para proteger a los consumidores. Asimismo, el contrato no requiere un aumento de tarifas ni tampoco establece una tarifa mínima para que LUMA pueda operar”, sostuvo Fontanés en su alocución.
Santiago, en cambio, tronó contra el acuerdo con LUMA ya que retrasaría la adopción de energía renovable ya que perpetúa el uso de combustibles fósiles y permitiría el aumento de las tarifas. Asimismo, indicó que el acuerdo violenta los derechos de los empleados de la AEE ya que la compañía “no estaría obligada a emplear o compensar a los empleados de la AEE”.
Por su parte, Figueroa Jaramillo también denunció la contratación de LUMA y mencionó que dicho acuerdo no se traduce en una transformación de la red eléctrica. “LUMA Energy hará todo lo que ya realiza la AEE y estará cobrando unos $125 millones adicionales en fondos públicos. Una verdadera transformación requiere inversión y conocimiento de expertos”, dijo el líder sindical.
A preguntas del representante Paul Tonko, Fontanés negó que LUMA pueda retirarse del contrato en caso de enfrentar un evento de fuerza mayor o ’force majeure’ en el que la compañía argumente que no podrá continuar operando el sistema. Fontanés aseguró que dicha cláusula es estándar en los contratos y que responde cuando ocurren retrasos en servicios, pero que no significa que LUMA pueda abandonar el contrato tras el impacto de un huracán.
Santiago, en su ponencia, también hizo alusión a la cláusula contractual y planteó que dicha disposición es muy amplia y permitiría que el operador abandone el país en caso de eventos como una pandemia, una interrupción prolongada en el servicio y hasta desobediencia civil.
