El Departamento de la Familia no ha entregado artículos de protección o limpieza a los hogares temporeros y facilidades residenciales de los menores bajo su custodia a cinco meses de haber iniciado la pandemia en Puerto Rico, teniendo que obtenerlos a través de donaciones privadas o teniendo que comprarlos, a pesar de sus golpeadas finanzas.
Eso es lo que expresaron ocho hogares temporeros y facilidades residenciales a Metro cuyos nombres no se mencionaron para protegerlos de posibles represalias.
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Este panorama se entremezcla con el duro golpe económico que han recibido los hogares temporeros y facilidades residenciales, teniendo, en algunos casos, que reducir gastos en ciertos renglones para comprar artículos de protección y de limpieza. El debilitamiento financiero de estas instituciones se debe, principalmente, a que detuvieron las actividades de recaudos de fondos.
“Hemos tenido que comprar equipo que no estaba presupuestado; tuvimos que contratar a personal que no estaba presupuestado”, esbozó el fundador de una de las instituciones.
El administrador auxiliar de Cuidado Sustituto y Adopción del Departamento de la Familia (ADFAN), Pedro J. Cartagena Martínez, reconoció que la agencia no ha entregado materiales de protección o limpieza a los hogares temporeros y facilidades residenciales luego de haber comenzado la pandemia en marzo de este año.
“Hemos tenido que comprar equipo que no estaba presupuestado; tuvimos que contratar a personal que no estaba presupuestado”, esbozó el fundador de una de las instituciones.
“A lo mejor la facilidad que te indicó a ti que no ha recibido una caja de guantes o handsantizer, [pero] sí han recibido los pagos correspondientes con las subvenciones de todos los menores que se encuentran ubicados y, una parte de esa subvención, es para velar por las necesidades particulares de cada menor”, expresó el administrador.
A pesar de que el administrador dijo que además de la mesada mensual de los menores entregaron un incentivo de $300, los administradores de los hogares coincidieron en que no han recibido ningún dinero adicional tras la pandemia de parte de la agencia.
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Solamente dos hogares y facilidades residenciales expresaron que se acogieron a ayudas federales o estatales en su carácter como entidades privadas.
Incluso, parte de ellos concurrieron en que la agencia no les ha incrementado las mesadas mensuales, a pesar de que han tenido que incurrir en mayores gastos a raíz de la pandemia.
“Hemos tenido un impacto económico grande porque anterior a la pandemia no nos requerían equipos protectores, ahora sí”, dijo uno de los entrevistados. “En el caso del Departamento de la Familia, no ha considerado al momento un aumento en la subvención que reciben estos menores. Los gastos han aumentado, pero la subvención se mantiene igual”.
Lo que les ha permitido obtener artículos de protección o limpieza han sido las donaciones por parte de la ciudadanía y de las empresas privadas.
No obstante, el administrador de ADFAN enfatizó que “antes de comenzar la pandemia, a cada menor [bajo la] custodia del Estado, no importa dónde estaba ubicado, ya fuese en un hogar sustituto o en una facilidad residencial, se les entregaron bultos de emergencia”.
Los bultos fueron entregados a finales de febrero como parte de una compra que el Departamento de la Familia coordina todos los años, indicó. Estos bultos de emergencia incluyen materiales de primera necesidad, tales como alcohol, curitas y vasitos de comida.
El recién implementado Family First Prevention Services Act igual ha afectado las finanzas de los hogares temporeros y facilidades residenciales en Puerto Rico. La ley firmada en 2018 por el presidente, Donald Trump, busca priorizar las clases de paternidad, consejería de salud mental y tratamientos por abuso de drogas previo a colocar a un menor bajo custodia del Estado. Esto igual ha conllevado que se acrediten todos los hogares temporeros y facilidades residenciales.
Pese a que los hogares temporeros y las facilidades residenciales coincidieron en que la ley es positiva, la acreditación requerida puede costarles hasta $15,000 según la complejidad de la institución. El proceso puede tomar cerca de un año. Esto significa que, además de incurrir en mayores gastos para mantener a su matrícula a salvo durante la pandemia, han tenido que costear de manera paralela la acreditación.
