Cuando el coronavirus comenzaba su mortífera marcha por el mundo, dos respetados médicos estadounidenses identificaron un remedio posible pero improbable: Pepcid, el medicamento contra la indigestión fácilmente accesible en farmacias.
No había ningún estudio publicado que sugiera que la famotidina, el ingrediente activo del Pepcid, sería eficaz para combatir el coronavirus.
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Y a principios de abril, cuando los científicos del gobierno se enteraron de una propuesta para invertir millones de dólares en un estudio de fondos federales sobre el Pepcid, lo consideraron absurdo, según entrevistas, la querella de un informante y documentos internos oficiales obtenidos por The Associated Press.
Pero ello no disuadió al gobierno de Donald Trump de otorgar 21 millones de dólares en fondos de emergencia a un equipo de investigadores para que probaran ese remedio en pacientes del virus. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) rápidamente aprobó las pruebas clínicas a pesar de que un funcionario de la agencia de alto rango advirtió que inyectar altas dosis de famotidina diariamente en pacientes de antemano enfermos lleva la seguridad “Al límite”, según muestran emails oficiales internos.
El proyecto Pepcid ha puesto en evidencia lo que los detractores describen como un desacato del gobierno de Trump hacia la ciencia y las normas anticorrupción que fueron diseñadas para evitar que los fondos públicos sean destinados a compinches políticos o a financiar proyectos creados sin rigor.
Ese contrato está ahora siendo escrutado luego que un informante del gobierno acusó a un alto funcionario senior de acelerar el acuerdo sin la supervisión científica requerida para un monto de dinero federal tan grande. Y los médicos que inicialmente promovieron el Pepcid se encuentran ahora enfrascados en una pugna por reconocimiento y acusaciones de mala praxis científica.
Entretanto, la prueba está paralizada indefinidamente debido a la escasez de pacientes de COVID-19 hospitalizados en Nueva York. Una vacuna o un tratamiento eficaz podría estar disponible antes de que el estudio concluya.
El proyecto Pepcid ha puesto en evidencia lo que los detractores describen como un desacato del gobierno de Trump hacia la ciencia y las normas anticorrupción que fueron diseñadas para evitar que los fondos públicos sean destinados a compinches políticos o a financiar proyectos creados sin rigor.
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El médico estadounidense Robert Malone dijo que recibió una llamada el 4 de enero de Michael Callahan, otro médico de Estados Unidos que estaba trabajando en China, de acuerdo con un resumen escrito por el propio Maloney una entrevista con la AP. Callahan dijo a Malone —un virólogo molecular que era director médico ejecutivo de la compañía farmacéutica Alchem Laboratories con sede en Florida— sobre un brote de una enfermedad parecida al nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan.
Cuando científicos chinos publicaron el mapa genético del virus, Malone utilizó la secuencia a través de modelos por computadora diseñados para encontrar medicamentos de antemano aprobados que pudieran resultar eficaces para frenar el virus.
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