El Panel de exjueces sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) asignó un fiscal para investigar a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced y otros funcionarios de su administración, acogiendo así la recomendación del Departamento de Justicia sobre la pesquisa preliminar relacionada a las ayudas de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) luego de los terremotos en el Sur.
El Panel, integrado por los exjueces Nydia Cotto Vives, Ygrí Rivera Sánchez y Rubén Vélez Torres, designó para esta investigación como Fiscal Especial Independiente a la licenciada Leticia Pabon Ortiz y al licenciado Miguel A. Colón Ortia, Fiscal Delegado.
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En el comunicado del PFEI se indica que la recomendación de investigar a la Gobernadora surge luego de evaluar de manera detallada y exhaustiva el Informe de Investigación Preliminar que le sometiera el Departamento de Justicia (DJPR), entiende que dicha pesquisa demostró causa suficiente para que se realice una investigación a fondo contra Vázquez Garced y otros funcionarios sobre los hechos señalados en dicho referido.
La determinación del Panel, consignada en una Resolución indica que evaluó el Informe de Investigación Preliminar suscrita par la Directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Fiscal de Distrito Phoebe Isales Forsythe, y por el Fiscal Auxiliar, Pedro Tomás Berríos Lara. Dicho informe también fue refrendado por la entonces Secretaria de Justicia, licenciada Dennise Longo Quiñones, quien fue despedida por la Gobernadora cuando tenía el informe en su escritorio. Longo Quiñones dejó firmado el informe con los referidos. Según La Fortaleza su despido se debió a faltas éticas que aún no han sido referidas a la Oficina de Ética Gubernamental.
Los exjueces concluyeron que existe causa suficiente para disponer que se realice una investigación a fondo sobre las infracciones de ley que se les atribuyen a los funcionarias que fueron referidas.
La investigación sobre la Gobernadora se centra en el despido de la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar luego de esta iniciar una pesquisa interna y separar de su cargo a la administradora de ADSEF, Surima Quiñones, acción que le pidieron desde la Mansión Ejecutiva que revocara. El informe de Justicia al FEI planteaba que el despido de Andújar fue en represalia por iniciar una investigación sobre alegaciones de corrupción.
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Tal y como anticipó Metro Justicia trató el caso de Andújar como uno de whistleblower. Se recomendó aplicar por primera vez en Puerto Rico el Código Anticorrupción en lo relacionado a protección a los derechos del denunciante. Este código fue firmado por el pasado gobernador, Ricardo Rosselló, precisamente con Wanda Vázquez Garced a su lado como secretaria de Justicia.
Los otros funcionarios que serán investigados son: Antonio L. Pabón Bathe, Surima Quiñones Suàrez, José A. Galarza Vargas, Maria Teresa Zayas Qierbolini, y Evelyn Vázquez Nieves.
Aquí la resolución del FEI:
Resolución del FEI by Metro Puerto Rico on Scribd
En el caso de Quiñones, Metro supo también se apunta a que intervino con una investigación en proceso sobre denuncias de irregularidades cuando pidió a sus subalternos realizar declaraciones juradas que luego ella hizo llegar a los entes que investigaban el asunto sobre la intervención de políticos en la distribución de alimentos de un programa federal de ADSEF.
En cuanto al Senador Nelson Cruz Santiago y al señor Peter Muller Maldonado, el Panel determinó el archivo del caso.
El Panel manifestó que las expresiones contenidas en su comunicado de prensa serán las únicas que emitirá el organismo sobre este caso.
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