La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella contra el exalcalde de Ciales, Juan Rodríguez Pérez, al no reportar ni entregar los teléfonos celulares que se le asignó como alcalde dicho municipio entre 2013 a 2016.
La representación legal de la Oficina solicitó la imposición de una multa de $20,000 al exmandatario municipal por violentar los incisos (b), (p), (r) y (s) del artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental (LEG). De acuerdo con la querella, al cesar sus funciones en 2016, Rodríguez Pérez no entregó dos teléfonos celulares que le fueron asignados como alcalde de Ciales, “sino que retuvo indebidamente la propiedad pública por los siete meses siguiente a su salida de la alcaldía”.
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Como parte de su función como alcalde, a Rodríguez Pérez se le asignó un teléfono celular, según lo permite el reglamento de uso de teléfonos celulares de la administración municipal. Asimismo, días antes de su salida, según la querella Rodríguez Pérez habría adquirido un teléfono celular adicional dentro de la cuenta del municipio a un costo de $359.99. El documento añadió que Rodríguez no entregó los equipos de telefonía durante el proceso de transición o a su salida de la alcaldía el 31 de diciembre de 2016.
El exalcalde de Ciales habría utilizado ambos teléfonos celulares para su uso y beneficio personal y no fue hasta el 20 de julio de 2017 que la actual administración municipal le solicitó la entrega de los equipos. El municipio advino en conocimiento luego de que recibió facturas mensuales del servicio de celular de la compañía Claro. Rodríguez Pérez dejó la alcaldía de Ciales en 2016 luego de que no fue reelecto en las elecciones generales.
“La actuación de querellado de retener las dos unidades de teléfonos para uso y beneficio personal por siete meses y medio tuvo como resultado la remisión de facturas de cobro por uso celular por parte de la compañía Claro al municipio de Ciales, ascendente a $944.89“, lee el documento de la OEG. La agencia gubernamental también ordenó la restitución de $944.89. “La parte querellante [OEG] solicita la imposición de una multa de hasta $20,000 por cada infracción demostrada así como que se le imponga un sanción equivalente a tres veces el valor del beneficio económico recibido”, añade el documento de la OEG con fecha del 9 de julio de 2020.
Según la querella, Rodríguez Pérez violentó el inciso (b) del artículo 4.2, al utilizar “las facultades y deberes de su cargo como alcalde del municipio de Ciales para obtener un beneficio personal al retener el primer teléfono celular al momento de cesar como alcalde y no devolverlo”.
Asimismo, habría violentado el inciso (p), debido a que no reportó ni entregó los teléfonos celulares durante el proceso de transición. Rodríguez Pérez, además, supuestamente incumplió con el inciso (r) del artículo 4.2, al violentar el reglamento del municipio de Ciales que dispone que solo los alcaldes podrán tener un teléfono celular pagado con fondos públicos. Rodríguez Pérez, de acuerdo con la querella de la OEG, también infringió el inciso (s) del artículo 4.2 de la Ley, al arrojar “duda sobre la integridad de la función gubernamental”.
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