El proyecto del ley que crearía Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico, aún espera por la firma de la gobernadora Wanda Vázquez. La medida, de la autoría del senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, ya fue aprobada de forma unánime por ambos cuerpos de la Legislatura el último día de la sesión ordinaria y está estancada ahora en el escritorio de la primera mandataria.
El Proyecto del Senado 1486, propone establecer la “Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico”, dando paso a que por primera vez se cree una oficina enlace, adscrita a la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esto beneficiaría a la enorme población sorda en la Isla, que sobrepasa las 200,000 personas, según se resalta en el propio documento legislativo.
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Se estima, además, que más de 340,000 personas en Puerto Rico tienen algún tipo de limitación auditiva.
El licenciado Juan José Troche, de la Sociedad de Asistencia Legal para Sordos y quien fue partícipe de la creación del proyecto, urgió a la gobernadora Wanda Vázquez a convertir en ley la medida, ya que de lo contrario sería un “veto de bolsillo” que dejaría desprotegida a la comunidad sorda, especialmente en medio de la pandemia del Covid-19.
“Para la comunidad sorda es una situación bien difícil y, aunque es cierto que se han puesto intérpretes en los mensajes públicos del gobierno, la realidad es que eso no es suficiente”, señaló Troche. “Tengo a muchos que vienen a donde mí a quejarse porque en el Departamento del Trabajo no hay intérpretes y se les hace casi imposible poder hacer las gestiones para el desempleo, por ejemplo”, añadió el abogado.
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En Puerto Rico existe legislación vigente desde el 1996, que dispone que todas las agencias del gobierno deben ofrecer acomodos razonables y servicios de intérpretes para la comunidad sorda. “Pero eso es letra muerta, ciertamente”, denunció Troche, enfatizando en que la falta de atención gubernamental, en ese sentido, se traduce en una violación a los derechos humanos más básicos como el de la comunicación.
“Yo le hago un llamado a la gobernadora a que firme el proyecto. Tiene la oportunidad de hacer historia y mejorar la calidad de vida de miles de puertorriqueños que hoy están en desventaja y se sienten abandonados”, sentenció Troche.
Aquí el proyecto de ley completo:
