Luego de servir como blanco de ataque para la gobernadora Wanda Vázquez en su conferencia de prensa del pasado martes, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) tendría la oportunidad de reivindicar su credibilidad como entidad protectora de la justicia a partir de los referidos que desde esta semana tiene la responsabilidad de evaluar y, de determinarlo meritorio, investigar a fondo.
“Pienso que el PFEI como institución ha tenido altas y bajas en su trayectoria. Su función es esencial en el ordenamiento jurídico para procesar ciertos funcionarios. Me parece que la experiencia pasada procesando como secretaria de Justicia a Wanda Vázquez va a llevar a que en esta ocasión sean mucho más meticulosos al momento de evaluar lo que a ella se le imputa en esos referidos. Estoy seguro que va a ser una evaluación bien minuciosa para evitar la interpretación que se hizo la vez pasada. Si no lo hace de esa forma, al PFEI se le va la vida, la credibilidad de la institución”, opinó el ex jefe de fiscales en el Departamento de Justicia José Capó.
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En diciembre de 2018, el Tribunal de Primera Instancia no encontró causa para arresto contra Vázquez en una acusación que el PFEI presentó en su contra por presuntamente intervenir indebidamente en un caso de robo en la casa de una de sus hijas.
El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Edgardo Román, censuró el discurso de la mandataria el pasado martes, cuando señaló que “el pueblo de Puerto Rico fue testigo de lo que son capaces de hacer”, en alusión a las acusaciones que enfrentó hace dos años.
“En la medida en que se mina la credibilidad de las entidades del gobierno, y ella es la que debería ser la principal oficial electa por el pueblo de Puerto Rico, se atenta contra la estabilidad del país”, sostuvo Román.
El exsecretario de Justicia Antonio Sagardía, quien enfrentó cargos presentados por el PFEI de los que salió absuelto en 2014, puntualizó que la entidad ha adquirido demasiado “poder” con el paso de los años.
“Tengo que confiar porque el día que dejemos de confiar en las instituciones de este país muy poco nos queda. Es el mecanismo que existe, porque ningún gobernador lo ha querido cambiar o hacerle cambios sustanciales, sino que le han dado más poder. Eso siempre lo he cuestionado, porque cómo es que el panel prácticamente tiene más poder que un secretario de Justicia”, expresó Sagardía.
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El abogado se distanció de las figuras que han argumentado que la gobernadora obstruyó la justicia al despedir a la exsecretaria de Justicia Dennise Longo el mismo día que se aprestaba a firmar los referidos que se someterían al PFEI.
“Yo no sé de dónde sacan esa opinión algunas personas. Yo no he visto ninguna evidencia que conecte a la gobernadora de ningún acto delictivo. Yo siempre hablo de hechos probados. Ella despidió a una jefa de gabinete que podía despedir. Que si el despido estuvo o no justificado eso es un asunto que se puede discutir”, comentó el letrado.
Capó, por su parte, consideró que sí sería posible evaluar el despido de la exsecretaria de la Familia Glorimar Andújar a la luz del Código Anticorrupción de 2018, que incrementó las protecciones sobre funcionarios que denuncian actos de corrupción pública.
Andújar fue destituida luego de que suspendiera a la jefa de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Surima Quiñones, por alegadamente consentir a que funcionarios electos intervinieran en la repartición de suministros de esa instrumentalidad.
“Yo asumo que el PFEI volverá a citar a la licenciada Glorimar Andújar, como hizo la División de Integridad Pública (del Departamento de Justicia), entendiendo que le han tomado una declaración jurada, que debe ser bastante amplia y con mayor evidencia de la que conocemos públicamente a este momento”, señaló Capó.
“Tenemos una serie de datos que hacen a uno inclinarse a pensar que en efecto hubo un intento de obstrucción de la justicia de parte de la gobernadora, otros no necesariamente van a llegar a la misma conclusión. Pero lo cierto es que ese asunto tan delicado en relación con una figura tan importante para el país tiene que ser investigado”, subrayó, en tanto, Román.
Hablando por separado, Capó y Sagardía discreparon sobre la potencial ilegalidad de las comunicaciones que la gobernadora aseguró sostuvo con personas que fueron entrevistadas por el Departamento de Justicia durante la investigación preliminar.
“Debo partir de la premisa de que los testigos son los que se han acercado a ella a darle la información. Esos testigos hay que ver si siguen siendo testigos de cargo, del fiscal, o si fueron a declarar esas personas son parte de los que fueron referidos. Si uno de los que provee la información es de los que fueron referidos, ahí no tiene ningún problema y esa persona tendrá perfecto derecho de decirle a ella el ambiente que vio, lo que escuchó o dijeron. Si la persona que alegadamente le dio la información sigue siendo testigo del ministerio público, ella como fiscal sabe que debe detener esa entrevista porque pudiera ser un testigo en contra de su posición”, indicó Capó.
“No sé si fue un lapsus de ella. Pero las investigaciones que hace el Departamento de Justicia son confidenciales, que testigos que después que declaran vayan a decirle a la gobernadora lo que le preguntaron o fiscales comentaron, es algo que para mí creó cierta suspicacia. Un gobernadora no puede evitar que una persona vaya y le dé esa información. Pero levantó una molestia y ella no debió haber dicho eso. Lanza sobre la investigación algún tipo de conexión entre la gobernadora y los fiscales o los testigos. Eso levanta especulaciones y mancha la transparencia de las investigaciones”, puntualizó Sagardía.
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